Crece el escándalo de los comedores: la Justicia Electoral intervendrá debido a los pedidos para votar por una candidata

Hay denuncias que indican que uno de los imputados solicitaba que se tomaran fotografías mientras emitían su voto a favor de Vanina Biasi, del FIT.

Los delitos que están bajo la lupa son los de “administración fraudulenta por abuso de confianza, extorsión y coacción”.
Los delitos que están bajo la lupa son los de “administración fraudulenta por abuso de confianza, extorsión y coacción”.

La investigación sobre posibles irregularidades en comedores populares y presuntas coacciones a beneficiarios de planes sociales para asistir a manifestaciones tendrá también un nuevo capítulo en la Justicia Electoral.

El juez federal Sebastián Casanello está considerando la posibilidad de “extraer testimonios” (presentar una nueva denuncia) basándose en los contenidos de chats proporcionados por cinco testigos. Estos chats sugieren una incitación a votar por candidatos del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) en las últimas elecciones.

El magistrado ordenó peritajes en los teléfonos confiscados durante los allanamientos del pasado lunes. Sin embargo, cuenta con capturas de pantalla de chats donde uno de los imputados, Gustavo Vásquez, instaba a votar por la candidata a jefa de Gobierno Vanina Biasi.

En al menos dos ocasiones, Vásquez instó a los beneficiarios de planes sociales y comedores a votar por Biasi, llegando incluso a exigirles que se tomaran fotos al emitir su voto.

En el ámbito penal de la investigación, se están investigando delitos de “administración fraudulenta por abuso de confianza, extorsión y coacción”.

Fuentes judiciales han aclarado, por otro lado, detalles sobre el supuesto hallazgo de 54 mil dólares durante uno de los allanamientos. En realidad, esto no sucedió; sí se incautaron dólares, aunque la cantidad exacta aún no se ha especificado con precisión, en varios allanamientos.

Los montos más importantes fueron encontrados en sobres, uno de los cuales contenía alrededor de 20 mil dólares con la inscripción “sucesión”, y otro sobre, con una cantidad menor, estaba marcado como “ahorros Polo Obrero”.

Además, el juez ha decidido incluir a cinco denunciantes en el programa de protección de testigos, ya que sus identidades, que se mantuvieron en el anonimato hasta que la Cámara Federal ordenó los allanamientos, ahora son conocidas por todas las partes involucradas, quienes ya han designado abogados y tienen acceso al expediente.

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