Este viernes se volverán a reunir en la Subsecretaría de Trabajo, representantes del Poder Judicial y dirigentes de los gremios que nuclean a funcionarios y empleados judiciales, tras el cuarto intermedio que acordaron en la primera audiencia conciliatoria de la semana pasada. En ese marco, el Ministerio Público Fiscal decidió postergar una polémica reestructuración de sus oficinas para allanar el camino a una posible solución del conflicto.
Es que la Procuración de la Suprema Corte de Justicia, a cargo del doctor Alejandro Gullé, había lanzado tres resoluciones que implicaban la eliminación de unas 20 oficinas fiscales en toda la Provincia, para concentrar la atención durante 24 horas continuas, en menos dependencias departamentales.
La medida despertó las críticas de ambos gremios y este jueves decidieron “diferir hasta nueva disposición” la aplicación de estos cambios, que tenían fecha de inicio el próximo lunes 17 de junio.
A través de la Resolución N° 252/2024, el MPF explica que “resulta pertinente diferir la implementación de la organización y distribución de Oficinas Fiscales dispuesta por Resoluciones de Procuración General N° 230/2024, N° 231/2024 y N° 236/2024, mientras se desarrolla el procedimiento en curso en los términos del artículo 62 de la Ley N° 8.729 y concordantes”.
El artículo mencionado de la Ley, específicamente hace alusión al proceso de conciliación obligatoria, dónde se expresa que “durante el trámite las partes no podrán adoptar ningún tipo de medidas, entendiéndose por tales, aquéllas que importen una modificación respecto a la situación anterior al conflicto”.
Entonces, el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, resolvió: “1.-DIFERIR la implementación de la organización y distribución de Oficinas Fiscales dispuesta mediante Resoluciones N° 230/2024, N° 231/2024 y N° 236/2024, hasta nueva disposición”.
Desde el Ministerio Público Fiscal le comentaron a Los Andes que se trata de “una muestra de buena voluntad para acercar a las partes en la conciliación obligatoria” y no descartaron abrir el diálogo con los gremios sobre la implementación. “Por ahora solo se difiere”, dijeron.
Desde Empleados Judiciales habían pedido que se postergue la aplicación de estos cambios y que luego se puedan trabajar en conjunto. Mientras que Funcionarios Judiciales descartó de plano la idea de la reestructuración.
Cierres de oficinas y atención 24 horas
En la Resolución 230/2024 de la Procuración, que refiere a la Primera Circunscripción en particular, explican que la creación de centros de denuncias web y el sistema Lexa, permite revisar el esquema de trabajo “a la luz de la optimización del capital humano y los recursos materiales” del MPF.
Entonces indicaron que las denuncias online y la puesta en funcionamiento de Centros de Denuncias Web, generó que la mayor parte de las denuncias se reciban por esas vías. Puntualmente detallaron que un 72% de las ingresadas en el último trimestre del 2023, fueron mediante canales virtuales y el 28% restante ingresó mediante “atención primaria en una Oficina Fiscal”.
Por eso es que resolvieron, entre varias modificaciones, establecer que el departamento de Guaymallén se divida en solo dos oficinas (actualmente tiene 4). Mientras que Godoy Cruz (3) y Maipú (2) pasen a tener una sola cada una.
En el caso de Luján (dos oficinas actuales), se creará una denominada “Oficina Fiscal de Luján de Cuyo-Uspallata”, que tendrá una oficina satélite en Alta Montaña.
Por el lado de Las Heras, habrá una puntual para ese departamento y otra denominada “Oficina Fiscal de Las Heras-Lavalle”, que tendrá a cargo una oficina satélite en el municipio más norteño. Es decir que se disuelve la que Lavalle tiene como propia actualmente. Lo mismo ocurre en otros puntos de la Provincia.
Más allá de estos cambios, el Ministerio Público Fiscal también resolvió que esas oficinas fiscales presten servicios las 24 horas del día, los 365 días del año, con el personal distribuido en tres turnos horarios. Esta medida exceptúa a las oficinas satélites, que trabajarán de 8 a 20.
Mientras que el personal técnico y de administración, tiene previsto prestar servicios de lunes a domingo de 7 a 23 horas, conforme el cronograma de horarios que disponga para ellos cada Ayudante Fiscal correspondiente.
La reacción de los gremios
En contacto con este medio, el secretario general de Empleados Judiciales, Ricardo Babillon, dijo: “Entendemos que fueron un error esas resoluciones y esperamos que esto implique que la Procuración haya entendido que no es el camino. No solo por las condiciones laborales de los compañeros, sino fundamentalmente porque estamos dejando zonas socialmente muy vulnerables, sin el servicio de la Justicia”.
“Hablamos de oficinas que cierran en zonas rurales, como Vista Flores, San Carlos o La Paz. Son oficinas que se encuentran en zonas vulnerables y necesitan sí o sí de ese resguardo, esa protección que les da el Poder Judicial”, agregó.
Por el lado de los funcionarios judiciales, el secretario general Marcelo Fekonja, dijo que a la resolución la “deberían haber dejado sin efecto” directamente porque “se tomaron medidas que en la conciliación obligatoria no se pueden realizar bajo ningún efecto”.
Aseguró que la reorganización es “totalmente perjudicial y agrava la situación del conflicto”, por eso el martes pasado, antes de la publicación del MPF tramitaron un recurso de revocatoria para que “retrocedieran” con la decisión.
“Por lo menos han diferido, aunque no eran los términos que nosotros esperábamos. Entiendo que habrán recapacitado y entendido lo que la ley impone”, agregó el sindicalista.
Como siguen las negociaciones
Durante esta semana, ambos gremios judiciales han mantenido reuniones con representantes del Poder Judicial, en busca de concretar un acuerdo este viernes.
Por el lado de los empleados, el camino parece más claro. Babillón confió que fueron consultados sobre “dónde se puede impactar y dónde no” con aumentos salariales, pero aún no tienen precisiones de “qué masa salarial y cuál sería la oferta que nos pueden acercar”.
En tanto que los funcionarios judiciales mantienen una posición más rígida. Fekonja contó que mantuvo contactos informales con representantes de “terceras líneas” del Poder Judicial, pero no obtuvo respuestas a los reclamos que vienen sosteniendo.
“No responden a las necesidades que hemos fijado en el ámbito paritario. Siguen insistiendo con el mismo ofrecimiento genérico que ya se había rechazado y con cuestiones a futuro, que no tienen certezas de que se vayan a cumplir”, apuntó.
La diferencia entre ambos gremios radica también, en avalar cómo está planteada la negociación, con la Corte a la cabeza de las reuniones y la ausencia del Poder Ejecutivo.
Si bien desde empleados judiciales reconocieron que la presencia del Gobierno en la reunión anterior hubiera hubiera servido para mejorar el diálogo, consideran que el máximo tribunal es la patronal del sector y buscan que sean ellos quienes recojan sus necesidades y luego vayan a discutir “de poder a poder” los recursos con el Ejecutivo.
Desde funcionarios judiciales sostienen que es fundamental que el Ejecutivo sea parte porque ellos otorgan sus salarios y por eso, Fekonja advirtió que si vuelven a faltar, darán por fracasada la conciliación inmediatamente. “Me paro y me voy”, sentenció. Y anticipó que tienen mandatos de las cuatro circunscripciones para reactivar inmediatamente un plan de lucha.
Según pudo saber Los Andes, este viernes se repetirá el mismo escenario. Desde Casa de Gobierno afirmaron que “es una continuidad de la reunión de la semana pasada” y consideran que no son parte de ese trámite. Es decir, será el Poder Judicial quién tomará el rol de proponente nuevamente.
En la Justicia provincial están expectantes a las reuniones de mañana. En el caso del Fuero Penal, el más afectado por el paro de mayo, esperan que se llegue a un acuerdo para formalizar los cambios en el sistema de audiencias que anticipó Los Andes el domingo pasado.
El juez supremo José Valerio (coordinador del fuero) tiene lista la respectiva resolución pero retrasó su publicación hasta conocer los resultados de la mesa de conciliación, informaron desde su entorno. Es que si se retoman las medidas de fuerza, no se podrían llevar a cabo los cambios, explicaron.
