Los fondos del resarcimiento dan un respiro al sector en 2026, a diferencia de lo que pasa en otras partes del país.
En 2026 habrá más obra pública en Mendoza, por los fondos del resarcimiento, pero con precios más bajos
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Referentes del sector de la construcción resaltan que, a diferencia de lo que sucede en otras partes del país, la obra pública en Mendoza ha recuperado un cierto ritmo gracias a que el Gobierno provincial decidió desarrollar proyectos de infraestructura con los fondos del resarcimiento.
Pero también plantean que se trata de recursos limitados y que el sostenimiento de la actividad después de 2026 dependerá de un repunte de la recaudación, que permita destinar presupuesto a obras. Asimismo, manifestaron su preocupación por los precios bajos, lo que quita rentabilidad a las empresas y compromete sus posibilidades futuras.
Marcelo Bargazzi, integrante de la comisión directiva de la Cámara Argentina de la Construcción, señaló que, gracias a los fondos de Portezuelo, Mendoza es una “isla” en el contexto nacional; con la excepción de Córdoba, Santa Fe y provincia de Buenos Aires, que son provincias fuertes y han podido sostener la obra pública.
Detalló que hoy, en la provincia, hay un nivel importante de proyectos en ejecución y que se va a incrementar cuando comiencen las obras en los accesos Este y Sur. Añadió que, si bien hay obras viales relevantes, también se han licitados otras, como la del Hospital Notti, el Centro Cívico de Tunuyán y varias de infraestructura de riego.
“Es lo que ha favorecido una cierta reactivación en el sector”, manifestó y advirtió que, en cambio, se están construyendo pocas viviendas en comparación con otras épocas.
El presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim), Dalmiro Barbeito, coincidió en que la provincia tiene un panorama particular, porque los fondos del resarcimiento han permitido el llamado a licitaciones de infraestructura de mediana y gran escala. “Eso ha hecho que vaya a haber un movimiento importante en ese tipo de obras”, resaltó, al tiempo que aclaró que el presupuesto provincial de obra pública se ha visto reducido para las pequeñas obras.
Precisó que, si bien se ha destinado el 12% del presupuesto provincial a inversión en infraestructura -lo que reconoció que es buen porcentaje-, el 8% se ejecuta con fondos del resarcimiento, que suelen destinarse a obras de mediana o gran escala. En tanto sólo el 4% es para proyectos menores.
Por su parte, Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras, quien tiene una mirada más nacional, reconoció que el Gobierno provincial ha volcado los fondos del resarcimiento a la obra pública, lo que es bienvenido en un contexto en el que el Ejecutivo nacional dejó de invertir en obras.
Pero, en un contexto de caída de la nacional, en las últimas dos licitaciones fueron a las visitas más de 20 empresas, lo que evidencia la necesidad de trabajo. Además, van desde compañías grandes hasta desconocidas, que, cuando se averigua, se dedicaban a hacer conexiones domiciliarias para prestadoras de servicios públicos; muestra de que faltan proyectos en todos los rubros.
Asimismo, al desaparecer la obra pública nacional, que contenía a empresas de gran magnitud -de las que tradicionalmente construían puertos, diques, aeropuertos, rutas-, estas compañías se presentan en las licitaciones provinciales. Y, para mantener el capital (maquinaria), presentan precios por debajo del costo; algo que las más chicas no pueden hacer.
En línea con esto, Barbeito señaló que, si bien las empresas mendocinas van a tener un 2026 mejor que las de otras provincias, los precios de las obras han caído mucho, producto de la alta competencia. “No es un año para que el sector crezca”, sentenció.
Bargazzi coincidió en plantear que los precios están deprimidos y que esa rentabilidad baja se notará en un par de años, cuando las empresas tengan que salir a reponer maquinaria y equipos, porque los márgenes de utilidad se han reducido y el valor de las unidades -después de haber caído de manera considerable- aumentan un poco todos los meses.
De todos modos, manifestó su preocupación por que los fondos del resarcimiento son finitos y la recaudación provincial viene cayendo. “Si no se reactiva de alguna manera la actividad económica de la provincia, en dos años nos vamos a estar mirando la cara nuevamente”, expresó.
Además de la obra pública, los proyectos privados de una cierta importancia también implican oportunidades para las empresas constructoras. Bargazzi, que no se dedica al desarrollo inmobiliario, se manifestó sorprendido por ciertas inversiones de grandes edificios que se están realizando en la provincia, por el contraste que esto implica con una actividad estancada.
Barbeito, en tanto, señaló que el problema con los proyectos privados es que el crédito sigue siendo caro en Argentina. “Hasta que el crédito no tenga tasas más parecidas a los valores internacionales, la obra privada no arranca. Seguimos dependiendo de ese de ese segmento ABC1, que puede comprar metros cuadrados sin crédito bancario”, lanzó.
Y señaló una paradoja: los argentinos compran electrodomésticos y autos con crédito a largo plazo, pero una casa la tienen que pagar en efectivo porque el financiamiento es poco accesible.
El titular de la Cecim analizó que, en Argentina, no se observa una evolución del mercado inmobiliario similar a la de países vecinos, como Chile. Pese a eso, sumó que hay una gran expectativa, porque se vislumbra una regularización económica, que hará que las variables sean mucho más estables. “Pero el acomodamiento no es tan rápido como al sector empresario le hace falta. Hay que adecuarse”, esbozó.
Sobre la obra privada, Gerardo Fernández indicó que, si bien los precios se han acomodado un poco, siguen estando caros en dólares y el mercado no los convalida. Además, en un contexto de caída de todos los rubros -desde alimentos y vestimenta hasta hotelería y gastronomía- la gente se retrae y es mucho más selectiva la hora de hacer una inversión inmobiliaria.
Consultado sobre los créditos hipotecarios, el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras manifestó que el número no es significativo.
Fernández señaló que otro de los problemas es que, en los países vecinos, el precio del metro cuadrado vale significativamente menos -es de hasta un tercio que en Argentina-, lo que hace que los inversores argentinos estén comprando propiedades en Paraguay, Uruguay y Chile.
Pero también advirtió que, en ese precio, hay dos componentes significativos: las cargas patronales -no salariales- y las sindicales, que son altas. “Seguimos teniendo salarios que para el empleado son insuficientes, pero no podemos pagar más por las contribuciones”, mencionó.
Además, hizo referencia a los “gastos colaterales del metro cuadrado”. Explicó que uno esperaría que el valor del metro de construcción estuviera determinado por el precio de los materiales y el de la mano de obra, pero hay que sumar también los permisos municipales y las obras complementarias que hay que hacer para obtener la autorización de las empresas de servicios públicos (se trata de inversiones que deberían hacer las prestatarias y que benefician a otros usuarios).
“La gente ve que bajó el precio del aluminio, pero no sabe que hay que cargar una red de agua, de gas, de cloacas o de electricidad, que debería haber hecho el privado que tiene la concesión, y que incide en el costo del metro cuadrado”, planteó. Y añadió que estas distorsiones se dan en todo el país y en algunas provincias son muy marcadas.