Luego de la media sanción en el Senado, desde diversas entidades señalan que las micro y pequeñas empresas son las que concentran el empleo informal.
Desde diversas entidades plantean que es necesario que la reforma laboral avance en la reducción de las cargas patronales para las pymes
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Si bien el avance en la reforma laboral ha sido celebrado desde diversas cámaras y entidades empresarias, también se ha insistido en la necesidad de bajar la presión tributaria, en particular para las pymes; de manera que tenga el impacto buscado en el crecimiento del empleo formal.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, junto a otras autoridades de la entidad, mantuvieron la semana pasada una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la que, entre otros puntos, presentaron una propuesta para bajar los costos laborales no salariales. Destacaron la posibilidad de tomar a cuenta del IVA las contribuciones patronales.
En un contexto de caída del empleo y falta de recuperación de los niveles de actividad, y pese a que evaluaron como positiva la media sanción del proyecto de modernización laboral, desde la UIA también consideran fundamental fomentar la formalización, en especial en sectores intensivos en mano de obra y en particular en pymes.
La Asociación de Empresarios de la Zona Industrial de Mendoza (Aderpe) analizó los posibles impactos de la reforma en el entramado productivo, con especial foco en las pequeñas y medianas empresas.
“El diagnóstico es claro: Argentina mantiene entre un 40 y un 45% de empleo no registrado, una elevada litigiosidad y un sistema indemnizatorio que genera incertidumbre financiera, especialmente para las pymes”, señaló el abogado laboralista Alberto Lusverti, quien realizó el estudio técnico de la propuesta. Y añadió: “Nadie discute el problema. Lo que está en debate es si esta reforma es la solución”.
En esta línea, planteó que algunos cambios -como el fondo de cese laboral, el banco de horas y el pago de indemnizaciones en cuotas- podría generar incertidumbre jurídica, porque implican cambios en los derechos laborales; lo que podría llevar a que, en la práctica, no disminuya la litigiosidad.
El presidente de Aderpe, Manuel Ponce, sostuvo que el sistema necesita una revisión después de muchísimos años, pero que el empleo informal está relacionado a los impuestos al trabajo.
“Es importante reverlo. Argentina necesita reformas que impulsen el crecimiento, mayores ingresos para los ciudadanos y un sistema impositivo más eficiente. Sin una reducción real del costo total, la informalidad seguirá siendo un desafío. Si la presión tributaria no baja y el costo total no se reduce, no habrá incentivos reales para formalizar”, advirtió.
Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras, comentó que las modificaciones que se implementaron sobre los juicios laborales y el fondo de desempleo -el sector de la construcción, por sus particularidades, funciona con este sistema y, de hecho, fue tomado como modelo- son bienvenidas, pero no se cambiaron otras dos, que también son muy importantes: la cuota sindical y los aportes patronales.
“El costo laboral sigue siendo alto. Seguimos costando el doble de lo que cuesta en cualquier otro país de Latinoamérica”, señaló. “Es necesaria la reforma, pero debía tener tres patas y se ha trabajado en la que se vincula con los derechos de los trabajadores, pero no en las cargas patronales, que afectan la recaudación de las provincias, ni en los aportes a los sindicatos”, lanzó.
“La reforma laboral que ha presentado el Gobierno no resuelve el principal problema que tienen hoy las pymes, y sobre todo las micro y mini empresas, que es donde se concentra el 70% de la informalidad del trabajo argentino, que es el alto costo de las contribuciones, los aportes patronales; jubilación, obra social, ART”, manifestó Lisandro Vergara Amodeo, del Cefim (Centro de Economía Política de Mendoza).
Planteó que, en este segmento, de empresas con muy pocos trabajadores, no suelen alcanzar la productividad ni la competitividad suficiente para poder pagar salarios en blanco, con el 30% aproximado de cargas que esto implica y que es lo que termina encareciendo el trabajo registrado.
“De un salario de un millón de pesos, en neto, que recibe el trabajador en mano, la pyme tuvo que erogar alrededor de un millón 550 mil pesos; un 55% más de lo que terminó recibiendo el trabajador. Y obviamente que el trabajador también hizo sus contribuciones a la seguridad social”, detalló.
En este sentido, opinó que una buena reforma laboral debería haber bajado las contribuciones patronales en algunos segmentos, bajo algún sistema de información cruzada, que facilite determinar qué sectores requieren de una reducción en estas cargas. En cambio, se incorporó el FAL (Fondo de Asistencia Laboral), en el que las pymes tienen una alícuota más elevada.
Vergara Amodeo resaltó que la informalidad es un gran problema de Argentina y que, sin duda, se necesita una reforma para resolverlo, pero que, como está planteada, difícilmente logre que se genere más trabajo en blanco.
Por otra parte, resaltó que “lo que determina que haya creación de empleo registrado es el modelo económico en general. Si hay crecimiento económico en todos los sectores, el trabajo registrado crece. Si hay recesión, no crece. No importa la ley laboral”. Y resaltó que hoy sólo están creciendo algunos sectores, como minería, energía y una parte del agro; mientras que industria, comercio, construcción están complicados.
El presidente de la Federación Económica de Mendoza, Santiago Laugero, analizó que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la extensión del período de prueba reducen en parte el costo laboral, pero que, en realidad, lo que se debe reducir son los aportes patronales, que no se bajaron lo suficiente como para motivar que los empleadores registren a sus empleados informales.
El titular de la FEM se mostró a favor de que se haya bajado a 0,5% el aporte a cámaras y asociaciones, al tiempo que destacó que necesitan recursos para cumplir con tareas como participar de la negociación colectiva o colaborar en la formación tanto de empresarios como de empleados. Pero consideró que se podría haber ajustado en la misma manera la contribución al sector gremial, que quedó en el 2%.
En cambio, destacó que la reforma tiene un capítulo vinculado al RIMI (Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones), que toma aspectos que se habían propuesto en la Ley Pyme y que vienen promoviendo desde la FEM, CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), UIA, UIM (Unión Industrial de Mendoza) y UCIM (Unión Comercial e Industrial de Mendoza), entre otras entidades.
Entre otros, mencionó las amortizaciones aceleradas, el IVA diferencial para los servicios vinculados a los emprendimientos productivos y, sobre todo la eficiencia energética.