El proyecto que se aprobó en el Senado nacional y que fue modificado sobre el último momento ha generado distintas reacciones en el sector empresario.
Qué opinan los empresarios mendocinos sobre el proyecto de reforma laboral que aprobó el Senado
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X / @SenadoArgentina Los empresarios mendocinos celebran la aprobación por parte del Senado del proyecto de reforma laboral que había prometido el Gobierno nacional, pero también observan ciertos puntos que podrían generar conflictos. A su vez, hay distintas miradas sobre si favorecerá el incremento del empleo formal.
El presidente de la Federación Económica de Mendoza, Santiago Laugero, indicó que el proceso ha sido muy dinámico y desde la FEM, en conjunto con CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), han estado activos para señalar algunas inquietudes. Una de ellas, señaló, fue que, en un momento, la discusión empezó a girar más por el tema de Ganancias que por la reforma laboral en sí (luego, eso quedó fuera de la negociación).
Planteó que entienden que el proyecto -que ahora deberá pasar por Diputados- es un paso dentro de un proceso que dejará varios puntos para ir legislando más adelante. Esto, porque hay cosas que han quedado fuera, como el teletrabajo y las plataformas.
En cambio, señaló Laugero, consideran que hay situaciones que ya se estaban produciendo de hecho en el mundo del trabajo y ahora se sinceran, como es el caso del banco de horas y las vacaciones fraccionadas.
Previo al tratamiento y aprobación en el Senado, Mario Comellas, coordinador del equipo de la Unión Industrial de Mendoza, analizó en Aconcagua Radio distintos aspectos del proyecto de reforma laboral y advirtió que, para favorecer el empleo formal se necesita una reducción de las contribuciones patronales y de la carga impositiva sobre el sector productivo.
“La reforma no aborda ese punto”, señaló. Sí crea el FAL (Fondo de Asistencia Laboral), un aporte obligatorio para los empleadores destinado a financiar los despidos, que implica una nueva contribución. En cambio, solo reduce un punto el aporte al sistema de obras sociales.
Comellas recordó un proyecto previo de promoción de empleo e inversión para pymes, que proponía otorgar créditos fiscales a las empresas que generaran nuevos puestos de trabajo. “Ese tipo de herramientas sí apuntaba directamente a bajar el costo laboral”, afirmó. Pese a eso, resaltó que la reforma dará mayor previsibilidad, lo que favorecerá nuevas contrataciones.
Desde la FEM entienden que sí se avanza en favorecer la registración. “Del 2002 a la fecha hemos tenido un crecimiento del 3% en la cantidad de trabajadores registrados en el sector privado y poco más del 20% en el público. Pero ha crecido un 70% el número de monotributistas en los últimos 20 años”, detalló Laugero.
Resaltó que no es que haya aumentado en ese porcentaje el trabajo independiente, sino que es una figura del vínculo laboral informal. “La reforma puede empezar a favorecer más empleo formal”, evaluó.
Pero también señaló que el hecho de que se reduzcan las multas por empleo no registrado puede llevar a algunos empresarios a optar por el pago de la infracción en lugar de contratar a la persona. En este sentido, opinó que falta una iniciativa de blanqueo laboral por un tiempo determinado, para después aplicar multas significativas.
Uno de los puntos que aborda la reforma es la posibilidad de que las negociaciones dejen de ser colectivas y pasen a ser por empresa. “La idea es que el contrato sea más adaptable, con una negociación más personalizada entre trabajador y empleador”, explicó Comellas.
“Desde la gremial empresaria, al menos desde FEM y CAME, que es la entidad que nos nuclea a nivel nacional, no compartimos esto”, lanzó Laugero. Precisó que CAME participa en los acuerdos salariales de comercio, a los que se llega después de procesos de estudio de muchas variables, por parte de equipos especializados, tanto del sector empresario como del sindical.
En cambio, si la negociación pasa a ser por empresa, puede perjudicar a ambas partes: una empresa fuerte podría imponer sus condiciones, pero en ciertas zonas, donde los sindicatos son fuertes y hay menos oferta laboral, puede afectar a las compañías. Esto, además del riesgo de judicialización por no cumplir con el principio constitucional de “igual remuneración por igual tarea”.
La preocupación por la pérdida de derechos por parte de los trabajadores motivó un paro de algunos sindicatos y manifestaciones en el exterior del Congreso. Pero Ricardo Squartini, titular de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), desestimó esta posibilidad. “Por lo que hemos podido recabar, teóricamente todas las condiciones en las que están los empleados se mantienen. No hay modificaciones en ese sentido”, aseguró en una entrevista en Aconcagua Radio.
El empresario se refirió al impacto que tiene la informalidad en el sector del transporte. “Hace dos años que venimos con que existe la opción de la reforma o la modernización (laboral) y no pasa nada. Tanto capitales extranjeros como nacionales deben estar esperando qué es lo que va a pasar con esto”, advirtió horas antes del tratamiento y aprobación en el Senado. “Debe haber una competencia más leal”, subrayó.
Laugero indicó que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) sirve y que también contribuye a bajar el costo laboral la extensión del período de prueba. Pero que, en realidad, lo que se debe reducir son los aportes patronales, que son los más importantes y en los que, si bien hubo una cierta reducción, dudó de que sea suficiente para motivar que muchos empleadores registren a sus empleados informales.
El titular de la FEM se mostró a favor de que se haya bajado a 0,5% el aporte a cámaras y asociaciones, que necesitan recursos para poder funcionar y cumplir con tareas como participar de la negociación colectiva o colaborar en la formación tanto de empresarios como de empleados. Pero consideró que se podría haber ajustado en la misma manera la contribución al sector gremial, que quedó en el 2%.
Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) habían manifestado su desacuerdo con sostener esos aportes como obligatorios por dos años más, cuando el proyecto original contemplaba que fueran voluntarios. Aún más, antes de su tratamiento en el Senado, se terminó quitando la fecha límite de enero de 2028 para que dejaran de ser compulsivos.