La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional reabrió el debate en Mendoza sobre la necesidad de actualizar un marco normativo que, según referentes empresarios y productivos quedó desfasado frente a los cambios económicos, sociales y tecnológicos de las últimas décadas.
Desde distintos sectores de la producción coinciden en que modernizar la legislación es clave para fomentar el empleo formal y reducir la alta informalidad que persiste en el mercado de trabajo.
Martín Clement, presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM), expresó un respaldo claro a la iniciativa. Para el dirigente, uno de los principales problemas del esquema actual es la elevada litigiosidad laboral. “Es indispensable terminar con la industria del juicio laboral, que no beneficia a los trabajadores sino a abogados y jueces”, afirmó. En esa línea, sostuvo que una reforma bien diseñada puede favorecer el empleo registrado y combatir la informalidad, un fenómeno que afecta tanto a la economía como al conjunto de la población.
Empleo en blanco
Clement remarcó además que la creación de puestos de trabajo en regla genera previsibilidad y fortalece el entramado productivo. Desde el CEM consideran que una modernización de las normas laborales puede transformarse en una herramienta concreta para impulsar el empleo, reducir costos laborales y brindar mayor certidumbre a las empresas, sin que ello implique, en los hechos, un retroceso en los derechos de los trabajadores.
Una visión similar planteó el presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), Matías Díaz Telli, quien señaló que la Ley de Contrato de Trabajo fue concebida en un contexto social y económico muy distinto al actual. “No se pueden regular relaciones humanas pensando en la sociedad de las décadas del ’50, ’60 o ’70”, afirmó. Según explicó, la realidad del trabajo cambió, al igual que las dinámicas familiares y productivas, y desconocer esas transformaciones resulta un error.
Díaz Telli subrayó que tanto la Argentina como Mendoza llevan casi 15 años sin lograr una generación sostenida de empleo en blanco, lo que evidencia las limitaciones del esquema vigente. En ese sentido, consideró positiva cualquier reforma que reduzca la litigiosidad, actualice el marco normativo y permita alinear mejor los incentivos tanto para empleadores como para empleados. Además, destacó que una disminución del costo impositivo asociado al trabajo formal debería ser celebrada, más allá de cómo se la denomine.
Regular las relaciones
Por su parte, desde la Federación Económica de Mendoza (FEM), su vicepresidente Diego Stortini había señalado que la reforma apunta a modernizar la ley y adaptarla a la era de la inteligencia artificial, más que a mejorar la competitividad de las empresas ya establecidas. El empresario remarcó que esta norma puso el foco en la desigualdad existente en el mercado laboral: solo un 30% de los trabajadores está en blanco y accede a beneficios, mientras que una amplia mayoría queda al margen.
Para el dirigente, insistir únicamente en “perseguir” a las empresas no dio resultados en las últimas dos décadas y, en muchos casos, terminó provocando cierres y pérdida de empleo.
“En términos generales la reforma está bien encarada, en especial las flexibilizaciones vinculadas al régimen de vacaciones, banco de horas y a una mayor adaptabilidad de la jornada laboral a la realidad operativa de las empresas. Este tipo de herramientas no son opcionales y son condiciones necesarias para que el empleo formal sea viable en un contexto de alta presión de costos, estacionalidad y competencia“.
“La discusión ya no debería ser si flexibilizar o no, sino cómo hacerlo de manera eficiente y sin volver atrás por interpretaciones judiciales que contradigan el espíritu de la reforma“.
“No hace falta explicar mucho la necesidad de la reforma por qué impera en la calle una realidad plagada de monotributistas, informales, etc. que sin esta ley no van a estar nunca protegidos“, concluyó Stortini.