El proyecto de reforma laboral se compone de casi 200 artículos que abordan una amplia gama de cuestiones: aclaraciones sobre la Ley de Contrato de Trabajo y normas complementarias, nuevas reglas para el funcionamiento de la negociación colectiva y los sindicatos, la creación del Fondo de Asistencia Laboral —que obliga a las empresas a destinar el 3% de la masa salarial, neteado de las contribuciones patronales con destino a la ANSES, para financiar parte de las indemnizaciones por despido—, un régimen de fomento a la contratación con reducción transitoria de contribuciones patronales para nuevos trabajadores, la posibilidad de un proceso de regularización laboral y, además, ajustes sobre el sistema tributario que no guardan relación directa con la cuestión laboral.
Sin embargo, una de las principales debilidades del proyecto es la falta de instrumentos específicos orientados a las empresas más pequeñas. En particular, sería deseable habilitar mecanismos que les permitan desvincularse de los convenios colectivos de actividad y establecer un mínimo no imponible sobre la masa salarial para el cálculo de las contribuciones patronales.
Uno de los objetivos centrales de la reforma es promover la formalización laboral. De hecho, las expectativas en torno a este proceso han sido tan elevadas que se decidió postergar la reforma previsional, bajo el supuesto de que la formalización de trabajadores derivada de esta reforma permitiría mejorar la situación financiera del sistema jubilatorio. No obstante, resta evaluar hasta qué punto el nuevo marco normativo podrá efectivamente motorizar un proceso masivo de formalización.
Para analizar esta cuestión es imprescindible observar la estructura del mercado laboral. Según datos del INDEC, el 40% de los asalariados del sector privado se encuentra en la informalidad. De ese total, el 80% trabaja en empresas con menos de 10 empleados, el 16% en firmas de entre 10 y 100 trabajadores y apenas el 4% en empresas con más de 100 empleados.
En términos prácticos, la informalidad es marginal en las empresas grandes. El fenómeno se concentra casi exclusivamente en las microempresas y, en menor medida, en las empresas medianas. Esta realidad pone de manifiesto una limitación relevante del proyecto: no contempla de manera explícita los factores que explican por qué la informalidad es tan elevada en las firmas más pequeñas. Entre ellos se destacan la rigidez de los convenios colectivos de actividad y el peso de las cargas sociales.
En materia de negociación colectiva, una alternativa razonable sería excluir a las empresas con menos de 10 trabajadores de la aplicación obligatoria de los convenios sectoriales. A su vez, para las empresas medianas, debería habilitarse la posibilidad de desvincularse del convenio de actividad y celebrar acuerdos propios con sus trabajadores. En cuanto a las cargas sociales, la herramienta más directa y fiscalmente eficiente consiste en establecer un mínimo no imponible sobre la masa salarial para las contribuciones patronales.
En esta línea, el Consejo de Política Social propuso un mínimo no imponible mensual de $5.000.000 sobre la masa salarial y estimó que su costo fiscal sería del orden del 0,23% del PBI. Este impacto resulta sensiblemente menor al costo asociado a la creación del Fondo de Asistencia Laboral, estimado en torno al 0,5% del PBI. Con un esfuerzo fiscal más acotado, podría lograrse un alivio significativo de los costos laborales para micro y pequeñas empresas, precisamente donde se concentra la informalidad.
En síntesis, más allá de la complejidad del articulado, el proyecto incorpora numerosas reformas que avanzan en la dirección correcta. No obstante, podría fortalecerse si se incorporan instrumentos que reflejen con mayor precisión la realidad de las empresas donde se genera el 80% del empleo informal. El Poder Legislativo tiene margen para subsanar esta limitación, habilitando a las pymes a quedar excluidas de los convenios colectivos de actividad y estableciendo un mínimo no imponible sobre la masa salarial para las contribuciones patronales. En conjunto, estas dos herramientas tienen el potencial de inducir un proceso significativo de formalización laboral.
*El autor es profesor de la Universidad del CEMA.
