La Confederación General del Trabajo (CGT) avanza hacia una definición que podría impactar de lleno en el escenario político y social: la convocatoria a un paro nacional contra la reforma laboral promovida por el Gobierno de Javier Milei.
El Consejo Directivo de la CGT se reunirá de urgencia para definir la fecha de una huelga nacional ante el avance parlamentario de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.
Tensión sindical: la CGT se reúne para fijar fecha de paro contra el Gobierno. (archivo)
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NA La Confederación General del Trabajo (CGT) avanza hacia una definición que podría impactar de lleno en el escenario político y social: la convocatoria a un paro nacional contra la reforma laboral promovida por el Gobierno de Javier Milei.
El Consejo Directivo de la central obrera mantendrá una reunión virtual con carácter urgente para evaluar el estado del debate en la Cámara de Diputados y resolver los próximos pasos del plan de acción gremial. Según confirmó el cosecretario general Cristian Jerónimo, ya existen “consensos suficientes” para concretar una medida de fuerza de alcance nacional.
Desde la conducción sindical sostienen que el proyecto en discusión implica una modificación regresiva del esquema de derechos laborales. De acuerdo con la postura expresada públicamente por Jerónimo, el texto contiene una orientación que afecta tanto garantías individuales como derechos colectivos del mundo del trabajo.
Uno de los ejes más sensibles del cuestionamiento gira en torno a los cambios en las licencias por enfermedad, punto que —según advierten desde la CGT— podría traducirse en una reducción de ingresos para trabajadores con patologías graves.
Además, la central rechaza el argumento oficial que vincula la reforma con una eventual generación de empleo. En ese sentido, consideran que la iniciativa no tendría impacto directo en la creación de nuevos puestos laborales y que responde a una estrategia económica más amplia.
La CGT aclaró que no descarta debatir una modernización normativa, pero subraya que cualquier actualización del régimen laboral debe surgir de un proceso de negociación equilibrado entre sindicatos y empleadores, algo que —según denuncian— no ocurrió durante el tratamiento legislativo.
La eventual convocatoria al paro dependerá de la resolución interna del órgano colegiado de la central. En caso de aprobarse, el anuncio oficial se realizará una vez concluido el procedimiento estatutario.
El movimiento obrero organizado se encuentra así ante una decisión que podría escalar la confrontación con el Ejecutivo en pleno debate parlamentario.