Un especialista de la CAME resaltó que el 65% de las ventas en Argentina son informales y que el peso recae sobre quienes trabajan de modo formal.
Caen los tour de compras a Chile, pero crecen a Bolivia y advierten por el contrabando y el comercio ilegal
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Los comerciantes argentinos atraviesan una situación complicada y los datos de consumo y de ventas -de distintas entidades y organismos- confirman sus planteos. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios en uno de los motivos, pero la informalidad es otro. Los tour de compras esconden, muchas veces, el contrabando de mercadería.
Esta mañana, en el Centro de Congresos y Exposiciones, se desarrolló el encuentro “Detrás del bajo precio: el impacto del comercio ilegal”, convocado por la Federación Económica de Mendoza (FEM); la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys); y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
El foco del análisis, del que participaron diversos representantes del sector público -fuerzas de seguridad, gobierno provincial y funcionarios municipales- y el privado, fueron los denominados tour de compras. Pero también se habló sobre los riesgos del comercio ilegal y el impacto fiscal y económico de estas prácticas.
El presidente de la FEM, Santiago Laugero, comentó en la apertura que la ilegalidad y su impacto en el entramado productivo y comercial de la provincia es una preocupación para la entidad, porque afecta a las pymes y la actividad económica. Recordó, también, que la entidad, cuando la presidía Adolfo Trípodi, logró resistir la instalación de La Saladita en el Gran Mendoza.
La reunión permitió reafirmar la necesidad de abordar la problemática del comercio ilegal y el contrabando en forma coordinada entre distintos organismos del sector público y el privado.
Aunque los tours de compras han sido una opción para personas que quieren comprar en Chile y no tienen -o prefieren no usar- un vehículo particular, también son utilizados para el contrabando, de distintas maneras.
El jefe de Escuadrón 27 de Gendarmería Nacional (de Uspallata), comandante principal Nelson Orlando Zarza, detalló que llegaron a encontrar un colectivo que sólo llevaba 18 pasajeros y todo el piso inferior estaba ocupado con bolsos, lo que mostró a las claras que no era un viaje de compras de particulares, sino que esas personas viajaban por encargo.
Los tours de compras, detalló, provienen desde Mendoza, pero también de San Juan y San Luis, e incluso de Córdoba y Buenos Aires. Sin embargo, su número ha ido disminuyendo en el tiempo: entre enero y abril de 2025 cruzaron a Chile 817 contingentes de este tipo, mientras que, en el primer cuatrimestre de este año, la cifra cayó a 125; un 85% menos.
Entre los motivos de este descenso está que el costo del viaje no compensa el precio de los productos en Chile, que, por el tipo de cambio, ya no es tan atractivo; como también que hoy se pueden comprar varios de ellos en plataformas chinas como Shein y Temu.
Asimismo, se han reforzado los controles, pese a una serie de dificultades que Zarza enumeró, como que por el corredor internacional no sólo circulan estos tours se compras, sino también 1.500 camiones diarios y vehículos de personas que llegan muy cerca del túnel para pasear; la falta de señalización adecuada del complejo de Horcones; y el hecho de que la ruta no obliga a entrar al complejo, lo que posibilita “descargas” de mercadería en otros sitios.
Pero mientras disminuyen los viajes de compras a Chile, han comenzado a incrementarse los que tienen como destino Bolivia. El jefe del Escuadrón 64 (Mendoza), comandante principal Miguel Ángel Vega, estimó que, en el último año, ha habido un crecimiento del 25% y aventuró que seguirán aumentando porque no hay limitaciones climáticas -como sí hay en el Paso Cristo Redentor- y el tipo de cambio es beneficioso en ese país.
Con el agravante de que, en este caso, algunos viajeros no sólo traen ropa, sino que también ingieren cápsulas con droga. Hasta ahora, las detenciones de estas personas se han realizado en otras provincias -porque el viaje es extenso y no llegarían a destino en colectivo-, pero algunas tenían domicilio en Mendoza.
Otra situación que ilustra la complejidad del contrabando es que ambos jefes de Gendarmería plantearon que tienen los depósitos llenos, porque la autorización para liberar esa mercadería suele tomar entre 10 y 15 años.
Fabián Hryniewicz, director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME, señaló que, a diciembre de 2024, según datos estadísticos del Foro Económico Mundial, el Producto Bruto Interno de la Argentina era US$ 650 mil millones y el estimado en el giro del comercio ilegal llegaba a US$ 350 mil millones. Esto implica que el 64% de la economía argentina es informal.
Esto, por supuesto, tiene un impacto en la competencia desleal que sufren quienes trabajan en blanco y que, destacó Hryniewicz, son objeto de un sinnúmero de controles, mientras que los ilegales parecen pasar inadvertidos por ARCA, Rentas y hasta los municipios. Pese a que este comercio ilegal tiene un impacto directo en una menor recaudación.
Pero, por otra parte, representa un riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores. En este sentido, mencionó, a modo de ejemplo, que en el norte del país -él es de Formosa- están ingresando alimentos frescos, como embutidos y lácteos, de modo ilegal y esto implica que, en algún punto, se rompe la cadena de frío.
Pero también mencionó que la ropa y el calzado que no tienen trazabilidad pueden estar fabricados o ser rociados -para evitar la acción de insectos y roedores- con compuestos dañinos para la salud.
“Más allá de la preservación de los derechos económicos, del comerciante legalmente establecido y que vende productos apropiados en la forma como corresponde, ni siquiera se está cuidando la salud pública, y eso es una lucha que a nosotros nos tiene muy preocupado”, lanzó.
Detalló que han pedido que se controle la trazabilidad de los productos, pero no sólo para verificar qué fabricante le vendió a un comerciante, sino para conocer en qué condiciones está siendo fabricado, qué seguridad les da esa empresa a sus trabajadores y cómo es tratada la mercadería.
Hryniewicz añadió que Mendoza no tiene una tradición histórica de contrabando o tráfico de drogas, pero la ruta 7 está categorizada por CAME como “ruta roja”, porque por la cordillera ingresan estos productos ilegales y se llevan a distintas partes del país. Planteó que en el oeste del país hay caminos que se están experimentando con el traslado hojas de coca y entienden que es una prueba piloto para introducir estupefacientes.