Un estudio de una consultora mostró la desigualdad en la presión tributaria, para proponer un régimen particular para favorecer inversiones en pymes.
Inversión en Argentina: el contraste entre el RIGI para grandes empresas y las condiciones de las pymes
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Un informe de Focus Market analiza el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), creado por el Gobierno nacional para atraer capitales internacionales de gran escala, y su impacto frente a la realidad que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. El estudio compara ambos escenarios y plantea qué políticas podrían equilibrar las condiciones para fomentar la inversión privada interna.
“El RIGI se consolidó como una de las estrategias del gobierno de Javier Milei para reactivar la economía mediante la llegada de capitales extranjeros. Presentado como un motor de arranque para la inversión, el régimen ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales, con estabilidad normativa garantizada por 30 años", detalló Damián Di Pace, director de la consultora.
La meta, precisó, es atraer proyectos de gran envergadura, intensivos en capital y de largo plazo, donde la previsibilidad es clave. "El gran desafío ahora es cómo lograr el crecimiento de la inversión privada local”, explicó.
Los Azules, uno los 10 mayores yacimientos de cobre sin explotar del mundo por la revista Mining Intelligence (2022), adhirió al RIGI.
Implementado en julio de 2024, el RIGI ya habilitó inversiones por más de US$ 15.700 millones, principalmente en energía y minería. Sus principales ventajas incluyen:
Estas condiciones buscan atraer capital y generar un efecto multiplicador sobre la economía real.
Sin embargo, mientras las grandes corporaciones globales cuentan con este marco de beneficios, las pymes -que representan el 99% de las empresas del país y más del 60% del empleo formal- operan en un contexto adverso. Enfrentan una presión fiscal efectiva cercana al 45%, fuertes cargas burocráticas y dificultades de acceso al crédito.
Crear una empresa demanda en promedio 4.496 horas y otras 2.156 horas anuales se destinan a trámites para sostener la formalidad, uno de los niveles más altos de la región.
Aunque en 2025 unas 62.116 pymes accedieron a financiamiento mediante SGR y herramientas públicas, esta cifra sigue siendo limitada frente a un universo superior a las 600.000 firmas registradas. A esto se suman altos costos operativos -como una tarifa de energía industrial de 96 US$/MWh- y rigideces laborales que afectan su competitividad.
Un cuadro comparativo elaborado por Focus Market revela la brecha entre el funcionamiento de un proyecto bajo el RIGI y una pyme fuera del régimen, especialmente en materia de financiamiento, acceso a divisas, carga tributaria y perspectivas de crecimiento. Esto abre el debate sobre la necesidad de un esquema que otorgue incentivos equivalentes a las empresas locales.
En ese sentido, el informe retoma antecedentes como el proyecto de ley RIMI, presentado en noviembre de 2024. La iniciativa planteaba beneficios para inversiones desde US$ 150.000 para microempresas hasta US$ 30 millones para medianas y grandes, incluyendo amortización acelerada, devolución anticipada de IVA, reducción de costos energéticos para proyectos agroindustriales y estímulos para la participación en cadenas de valor.
Sin embargo, la propuesta aún no fue tratada en Diputados, profundizando la distancia entre los grandes inversores extranjeros y el sector pyme.
Según Focus Market, un esquema similar a un “RIGI PyME” debería apoyarse en cinco pilares:
Simplificación tributaria, para reducir las más de 900 horas anuales destinadas a gestiones impositivas.
Estabilidad fiscal por 10 años, evitando cambios abruptos que afecten la planificación.
Acceso real al crédito, con líneas amplias en moneda local y extranjera.
Beneficios por reinversión, mediante exenciones o diferimientos de Ganancias sobre utilidades reinvertidas en capital productivo.
Incentivos a exportar e integrarse a cadenas de valor, con desgravaciones temporales y estímulos a proveedores locales.
Además, se propone acompañar la transición digital con créditos fiscales y asistencia técnica.
Estas medidas no se plantean como privilegios, sino como herramientas para equiparar condiciones frente a los beneficios otorgados a grandes inversores y movilizar el capital interno hacia la producción. El ahorro privado argentino -estimado en más de US$ 250.000 millones dentro y fuera del sistema financiero- constituye un potencial clave: incluso un 5% o 10% orientado a inversión productiva podría generar entre US$ 12.000 y 25.000 millones.
“La experiencia del RIGI demuestra que los incentivos bien diseñados funcionan. El desafío pendiente es trasladar esta lógica a las pymes locales, transformando la desigualdad en oportunidad y el ahorro privado inactivo en un motor de crecimiento real y sostenible. Mientras el RIGI pyme siga postergado, la brecha entre grandes inversores y empresas locales persiste, limitando el desarrollo de un sector que sostiene más de la mitad del empleo formal y es el corazón de la economía argentina”, concluyó Di Pace.