El desarrollo de la actividad de manera sostenible ya no es una opción. El cuidado del ambiente y la vinculación con la comunidad se han tornado esenciales.
La sostenibilidad en minería ya no es una opción. Cada dólar invertido en responsabilidad evita pérdidas millonarias por conflictos
Foto:
La sostenibilidad es insoslayable en minería, porque, para otorgarle licencia social a un proyecto, la sociedad exige tanto que se cuide el ambiente como que ofrezca oportunidades de desarrollo local. Por otra parte, los mercados internacionales, que son el destino de los minerales críticos, demandan que la producción cumpla con estos estándares.
La geóloga y docente Tay Such señaló que la primera ley ambiental para una industria en Argentina fue la 24.585, “sobre la Protección Ambiental para la Actividad Minera”, de 1995, y era específica para la minería.
Sumó que se cuestiona mucho más a la minería que a cualquier otra actividad económica, en torno a temas como el uso del agua, el aporte local en términos de empleo, compras, tributación. “Sin ir más lejos, salvo el petróleo, no existe otra actividad a la que se exija el pago de regalías sobre el valor económico generado”, acotó.
Such sumó que los proyectos mineros son de largo plazo -desde el descubrimiento del mineral a la puesta en marcha de una mina pueden pasar 15, 20 años o más, según ciertas condiciones como precios de mercado o estabilidad tributaria-, por lo que no sólo deben desarrollarse con cuidado ambiental, sino con vínculos con la comunidad que se sostengan durante todo ese tiempo.
“Se requiere avanzar con una visión estratégica e integral de todos los ejes que integran el desarrollo sostenible. No sólo necesita consolidar una gestión integrada del territorio y del agua, sino reforzar la formación técnica y ambiental en las regiones mineras para garantizar que el crecimiento del sector se traduzca en desarrollo local sostenible a muy largo plazo”, resaltó.
En el marco de la convención Argentina Mining Cuyo 2025, que se realizó días atrás en Mendoza, Sandra Barceló, socia de Era Group, planteó que la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial (RSE) ya no son opcionales, sino “una condición para poder operar”.
Planteó que, si bien muchas empresas se enfocan en el costo de estas acciones, no deben ser entendidas como un gasto, sino como una inversión, para poder acceder a financiamiento internacional (porque garantizan estándares y seguridad), contratos de largo plazo y una buena reputación frente a los capitales inversores y la comunidad en la que están insertos. De hecho, señaló que “lo caro es ser irresponsable”.
Añadió que cada dólar invertido en responsabilidad evita millones de pérdidas por conflictos. Subrayó que la responsabilidad social no es filantropía, sino algo en lo que “se trabaja día a día, con diálogos, transparencia, con beneficios compartidos”.
En el mismo ámbito, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, mencionó que la minería debe cumplir con los cuatro estándares de la sostenibilidad. En primer lugar, el económico, porque el privado invierte para obtener una rentabilidad, lo que es legítimo, y, además, es lo que permite que el emprendimiento se sostenga.
Pero indicó que tiene que conjugarse con otros tres ejes. Tiene que ser ambientalmente sostenible y, si bien cualquier actividad genera un impacto en el ambiente, se deben generar controles, junto con la ciudadanía. También debe tener sostenibilidad social, porque sin esa inserción de las actividades económicas en la vida y el desarrollo de las comunidades, “ni esta ni ninguna actividad económica es posible”.
Latorre añadió que el cuarto eje es la gobernanza. Y que el Gobierno provincial ha sentado las bases desde la institucionalidad, la seguridad jurídica y la confiabilidad de los controles, “para que la minería genere certezas y previsibilidad, tanto en mendocinos como en los extranjeros y nacionales que llamamos a desarrollar estas inversiones”.
La minería, cerró, “es una de las actividades más regladas, sino la más reglada del mundo. El desafío está en usar a nuestro favor la tecnología, en aprovechar el altísimo capital humano que tiene la provincia de Mendoza para ponerlo al servicio del desarrollo y del crecimiento de esta provincia”.
Tay Such analizó que uno de los avances más importantes en sostenibilidad minera es la comunicación, pero también en el aspecto económico, con el RIGI, que atrae las inversiones necesarias para su desarrollo.
Añadió que un aspecto positivo es que, de la mano de instituciones como WIM (Women in Mining), y con el aporte empresas, gobiernos y academia, se está impulsando el crecimiento de una minería menos masculinizada y con mayor equidad de género.
Otro punto que destacó es la transparencia, la adhesión al EITI (iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas, por sus siglas en inglés) de Argentina en 2019 y a la que fueron sumándose las provincias exportadoras. Incluye desde información del marco legal y fiscal, resultados de exploración, producción, exportación, impuestos e ingresos, regalías y beneficiarios finales, hasta datos sobre distribución de ingresos de las industrias extractivas y contribución del sector a la economía nacional.
“Además, en el sector privado es destacable mencionar la implementación del HMS (Hacia una Minería Sustentable), que es un programa canadiense, adoptado por Argentina a través de CAEM (Cámara Argentina de empresas mineras), que fija estándares de calidad -guías y protocolos- a las empresas, para una gestión minera responsable, transparente y confiable, que brinda a las comunidades información valiosa sobre el desempeño de las operaciones en áreas sumamente sensibles como lo son las relaciones comunitarias y la gestión ambiental”, detalló.
Carla Ortega, coordinadora de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente, recordó que, el año pasado, se aprobó el nuevo código de procedimiento minero, que buscó agilizar los procesos administrativos y eficientizar los recursos. Precisó que tiene dos ejes muy importantes, uno de ellos referido al control. Detalló que se dio más facultades a la policía ambiental minera.
El otro eje es la responsabilidad social minera, que establece la obligatoriedad de presentar una declaración jurada de buenas prácticas y especifica cómo se tiene que vincular el proyecto minero con la comunidad en cualquiera de las etapas, desde la prospección o exploración inicial (cuando se trate de uno de primera o segunda categoría, aunque está previsto extenderla en un futuro a la tercera y los pequeños productores).
Ortega resaltó que no se trata de un mero trámite administrativo, sino que fue pensada como una herramienta de gestión diaria de vinculación con las comunidades. Prevé una caracterización del área de influencia, de las personas con las que se va a vincular el proyecto y los proveedores, y un plan.
También destacó que la declaración jurada debe ser actualizada y, cuando se avanza a otra etapa, presentar pruebas de que la empresa hizo lo que dijo que iba a hacer, como, por ejemplo, las capacitaciones que brindó.
“El desarrollo social es otra pata de la sostenibilidad. Se habla del cuidado del ambiente, del beneficio económico, pero también es importante el impacto que se puede generar en la sociedad con la ejecución de un proyecto. Son las tres patas de una mesa y se puede sumar una cuarta, de la gobernanza. Si una de esas patas está floja, la mesa se cae”, señaló.
Añadió que es muy importante empezar la vinculación con la comunidad desde las etapas iniciales, cuando el geólogo empieza a caminar el terreno. Desde ese momento, hay que definir cómo se va a presentar, cuáles van a ser los canales de comunicación, con quién se puede contactar el ciudadano si tiene alguna inquietud. “Eso le da transparencia al proceso”, destacó Ortega.
Asimismo, detalló que, dentro de ese plan de vinculación comunitaria, se han incorporado los muestreos ambientales participativos, que pueden ser del aire, del agua, de la flora, de la fauna, y que siguen un protocolo en donde la ciudadanía es parte de los controles.
Los principales desafíos para alcanzar estándares óptimos de sostenibilidad minera en Argentina, planteó la geóloga Tay Such, son fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos, así como la coordinación entre Nación y provincias. “Es fundamental avanzar en el acceso público, la transparencia y trazabilidad de la información minera (ambiental, social y económica)”, precisó.
Coincidió en mencionar la importancia de la participación ciudadana y el diálogo temprano con comunidades locales, como eslabones fundamentales para sostener la confianza de la sociedad y mantener la licencia social.
“Los estándares internacionales hoy exigen materializar estos puntos claves para el desarrollo sostenible, así como acelerar la adopción de tecnologías limpias y eficiencia energética en los proyectos para reducir las huellas de carbono”, indicó.