Se reunieron en plenario para recibir al equipo técnico del Ministerio de Energía y Ambiente. Del encuentro participó también la vicegobernadora Hebe Casado.
La Cámara de Diputados comenzó a analizar la DIA de PSJ Cobre Mendocino en plenario de comisiones, con el equipo técnico del Ministerio de Energía y Ambiente
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En plenario de comisiones, la Cámara de Diputados comenzó a analizar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino, enviado a Legislatura por el Poder Ejecutivo para su ratificación. También fueron remitidas la DIA de Malargüe Distrito Minero Occidental II, el proyecto de regalías mineras y otro de creación de un fondo compensador ambiental para la actividad minera.
El estudio quedó a cargo de cinco comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales; Hacienda y Presupuesto; Economía, Energía, Minería e Industrias; Ambiente y Recursos Hídricos; y Derechos y Garantías, que se reunieron en plenario para recibir al equipo técnico del Ministerio de Energía y Ambiente. Del encuentro participó también la vicegobernadora Hebe Casado.
Ubicado a 37 kilómetros de Uspallata y a 97 kilómetros de la ciudad de Mendoza, PSJ Cobre Mendocino representa la primera iniciativa de cobre a mediana escala en la provincia y uno de los proyectos más relevantes del país desde Bajo de la Alumbrera. Su objetivo es producir insumos críticos para tecnologías limpias y contribuir a la transición energética global.
El director de Minería, Jerónimo Shantal, explicó que el expediente llega a la Legislatura luego de un proceso extenso que incluyó una audiencia pública con participación histórica, 16 dictámenes sectoriales, informes técnicos de la Autoridad Ambiental Minera y de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC), así como evaluaciones de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (Ceiam) y del Consejo Provincial del Ambiente.
Durante el plenario, se destacó que la DIA incorpora una nueva metodología, separando las etapas del ciclo de vida del proyecto -construcción, operación, cierre y post-cierre-, lo que permitirá un mayor control y trazabilidad de cada fase.
Entre los aspectos más valorados del estudio se mencionaron la creación de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA–PSJ); el Fondo Socioambiental y de Compensación Ambiental; el Programa de Monitoreos Participativos; el Monitoreo Comunitario del Agua y el control ambiental en tiempo real.
También se subrayó la incorporación de un Informe de Sostenibilidad (ESG) -reporte anual obligatorio en los pilares Ambiental, Social y de Gobernanza-, junto con el Plan de Desarrollo Económico Local y las políticas de equidad de género e inclusión social.
Otros puntos destacados incluyen la gestión ambiental avanzada, el sistema de alerta temprana, la conservación ambiental y el cumplimiento normativo.
A través de una intervención por Zoom, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó que si bien la discusión legislativa “es una decisión política sobre un informe técnico”, la presencia del equipo del Ministerio busca garantizar que los legisladores conozcan “cómo se llegó a la decisión administrativa, el proceso que está reglado y fundado”.
“Este proceso llevó 9 meses y ha tenido la interacción con cada uno de los intersectoriales que han participado, profesionales incluso de otros lugares como Chile y San Juan. No ignoramos la normativa comparada”, señaló la funcionaria.
Latorre recordó que “cada provincia tiene su propio Código de Procedimiento Minero” y que, por lo tanto, “no es lo mismo una DIA acá, que en otra jurisdicción. Hay normativas distintas”, subrayó.
Ante una propuesta de la diputada Gabriela Lizana sobre la posibilidad de trabajar un proyecto de cierre de minas, Latorre explicó que “hoy la única provincia que la tiene es Santa Cruz. Se puede trabajar al respecto, pero no quiere decir que la DIA y el Código de Procedimientos Mineros no prevea requisitos para esas etapas de cierre y post cierre”.
Además, señaló que “una DIA para la construcción y producción de una mina por los 15 o 20 años de vida útil que puede tener, va a prever distintas etapas y, por tanto, los requisitos e instrucciones para actuar en cada una de esas etapas van a ser distintos. Es parecido a lo que nos pasa en cuanto al Distrito Minero, en relación a la etapa de exploración; hay cuestiones que no pueden saberse antes de que se produzca la exploración”.
Por su parte, Shantal añadió que “no tenemos nada que envidiarle a Chile, desde el punto de vista técnico, legislativo, ambiental. Estamos en un nivel muy superior”, y recordó que “cuando le exigimos a PSJ que incluyera la impermeabilización de depósitos de residuos, desde Chile nos dijeron que ellos no lo exigían. Igual lo exigimos acá”.
Los funcionarios coincidieron en que “a partir de la aprobación de la DIA, vamos a empezar a tener no la foto actual, sino la película completa para tener datos”.
Según los fundamentos de la elevación a la Legislatura, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental garantizó una amplia y efectiva participación ciudadana. Se realizaron consultas públicas, talleres participativos y visitas técnicas al proyecto, para promover el acceso a la información y el intercambio directo con la comunidad.
Además, se convocó y celebró la audiencia pública, con la correspondiente difusión, y se permitió la presentación de observaciones por escrito incluso después de su realización. También se garantizó la compulsa pública de las actuaciones, poniendo a disposición de la ciudadanía toda la documentación del proceso, tanto en formato físico en la sede de la Dirección de Minería como en formato digital en los sitios web oficiales.
En forma paralela, se tramitan los procedimientos de consulta previa a comunidades originarias vinculadas al área de influencia del proyecto, conforme a los marcos normativos vigentes.
PSJ Cobre Mendocino
La DIA establece un esquema estructurado en cinco ejes: agua (con protección estricta y monitoreo continuo); biodiversidad (prevención, restauración y compensación); patrimonio cultural y Qhapaq Ñan (protección reforzada); aire, emisiones y clima; y participación ciudadana y control social.
También se prevé un Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (Simat) con telemetría, cámaras, pesaje automatizado y trazabilidad de cargas, conectado al Centro de Control de la Policía Ambiental Minera. Este sistema contempla protocolos para situaciones sísmicas, crecidas, derrames, incendios y otras contingencias.
La empresa deberá implementar Programas de Integridad y Compromiso, aplicables a toda su cadena de contratación, junto con una Declaración Jurada de Buenas Prácticas, Informes de Sostenibilidad y un Protocolo de Vinculación Comunitaria.
Toda la documentación del expediente —incluida en el tratamiento legislativo— se encuentra disponible para consulta pública desde el inicio del proceso en la página del Ministerio de Energía y Ambiente: informacionoficial.mendoza.gob.ar/energiayambiente/proyecto-psj-cobre-mendocino/