Mañana comienzan las presentaciones de las casi 1.400 personas que se inscribieron como oradores virtuales.
Finalizó la etapa de los oradores presenciales en la audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino
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Gentileza PSJ Pasado el mediodía, terminaron las participaciones de los oradores presenciales en la audiencia pública de PSJ Cobre Mendocino, después de seis jornadas en las que se escucharon diversas opiniones en torno al proyecto de explotación de cobre en Uspallata.
Sin embargo, este espacio aún no concluye, ya que mañana comenzarán las disertaciones virtuales, a partir de la plataforma Zoom.
Para ser oradores presenciales, en el sitio donde se emplaza el proyecto San Jorge, se inscribieron cerca de 900 personas, aunque la participación efectiva fue menor. Para referencia, en las audiencias públicas por Malargüe Distrito Minero Occidental se presentó el 60% de los que se habían anotado.
En cada una de los seis días, hubo entre tres horas y media y cinco de exposiciones. Para la disertación virtual hay casi 1.400 inscriptos, por lo que desde el Ministerio de Ambiente y Energía estiman que podría extenderse por otros seís días más.
La audiencia pública es una instancia del proceso de evaluación de impacto ambiental que, si bien no es vinculante, permite conocer cuál es la opinión de los pobladores de la zona en la que se emplaza el proyecto, como también de la ciudadanía en general y de profesionales vinculados de modo directo e indirecto a la actividad.
Luego de que concluya, se estima que demandará unos quince días analizar todo el material -que es transcripto en un acta- y la autoridad de aplicación -la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental- deberá decidir si aprueba el proyecto, lo rechaza o lo aprueba con instrucciones. De ser aprobado, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) deberá ser ratificada por la Legislatura, como prevé la ley 7.722.
En la primera jornada se concentraron las disertaciones en apoyo a PSJ Cobre Mendocino. Además de los motivos expuestos por profesionales y empresarios vinculados a la minería, también se expresaron a favor los pobladores de Uspallata.
Los motivos más repetidos fueron la necesidad de que se mejore la infraestructura de servicios -agua, cloacas y electricidad- y la esperanza de que llegue el gas natural a la localidad de alta montaña, como también de que se refuerce el sistema de salud y el educativo.
Débora Silva se quebró al contar que unos días atrás casi pierde a su hijo de cuatro años, luego de sufrir una infección respiratoria que, en menos de 24 horas, lo dejó con 10% de su capacidad pulmonar. Por no tener servicios adecuados en Uspallata, tuvo que trasladarse en un auto particular a la Ciudad. Por eso, depositó en la minería la posibilidad de que haya un mayor desarrollo en el lugar.
También hubo un planteo reiterado de la falta de opciones laborales. Adriana Encina, mamá de dos adolescentes, se manifestó a favor de una “minería moderna, sustentable y controlada”, que evite que “mis hijas y muchos jóvenes tengan que irse, dejando a sus familias, amigos y el lugar donde crecieron en busca de oportunidades”.
Carlos Gutiérrez, otro de los oradores, tuvo que hacer una pausa por la emoción, cuando comentó que vive hace 20 años en Uspallata, tiene tres hijos y ama el lugar. “Vivimos estancados. No en crecimiento de población, estancados en un tema de servicios. Por eso apoyo a la minería, a este proyecto, porque quiero el crecimiento para mi pueblo”, expresó.
Mirta Guzmán, también pobladora de Uspallata, consideró que se debe trascender la discusión de “minería sí o minería no”, para avanzar en una sobre “cómo se controla, fiscaliza y garantiza que los recursos que se extraen generen desarrollo, trabajo y oportunidades reales para nuestra gente”. Se dirigió tanto a los gobernantes, como a la comunidad y a la empresa, para demandar que haya beneficios tangibles para quienes viven en el lugar. Fue, podría decirse, un apoyo con condiciones.
En los días siguientes empezaron a aparecer oradores que no quieren que se desarrolle el proyecto o que directamente se oponen a la minería metalífera. María Natalia Pizarro, quien vive en el valle hace 40 años, se expresó a favor de la preservación del agua pura en el quinto día. Y Gabriel Donozo manifestó, hoy, que no quiere que Uspallata se convierta en una “zona de sacrificio”, como ha visto en pueblos de Chile cuando se retira un emprendimiento minero.
El mismo sábado, mientras se realizaba la audiencia pública en la estancia Yalguaraz, en el campamento de PSJ, se desarrolló un encuentro o “audiencia paralela” en la villa de Uspallata, que convocó a personas -tanto pobladores de montaña como del resto de la provincia- que se manifestaron en contra.
De la audiencia pública también participaron empresarios y representantes de cámaras. Claudia Elaskar, directora de Aderpe (Asociación de Empresarios del Carril Rodríguez Peña), fue una de ellas. Expresó el respaldo de la institución -que reúne a más de 600 empresas- al proyecto minero, destacando su potencial para diversificar la matriz productiva, dinamizar la inversión privada y generar empleo calificado en sectores clave como la construcción, los servicios, la logística, la metalmecánica, la electromecánica y el turismo.
“Mendoza necesita dar un paso adelante y aprovechar sus recursos estratégicos de manera responsable. El desarrollo sustentable no está reñido con el ambiente cuando hay control, tecnología y compromiso. Este proyecto es una oportunidad concreta para dejarles a las futuras generaciones una provincia más justa, inclusiva y con crecimiento genuino”, sostuvo.
Por su parte, Laureano Manso, director de Aderpe, resaltó el trabajo articulado que se está realizando en Uspallata entre los distintos actores, tanto públicos como privados. “Esta actividad solo es posible gracias a la seriedad y el compromiso con el que se está llevando adelante”, dijo y destacó que el Gobierno provincial “está impulsando esta política con responsabilidad técnica y una clara vocación de transparencia”.
También acudieron a Uspallata representantes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), para participar en la audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino. Entre otros, fueron su presidente, Fabián Solís, y el presidente de la Comisión de Minería, Julio Totero.
“Desde Asinmet hemos manifestado siempre estar a favor de la minería en Mendoza y, por eso, desde hace varios años realizamos capacitaciones y foros relacionados con la importancia de fomentar dicha actividad. Es porque consideramos que es una manera de hacer crecer la matriz productiva local, lo que claramente implica mejoras económicas y profesionales para empresas, trabajadores y todo el ecosistema privado”, expresaron.
El proyecto prevé la extracción de 40 mil toneladas anuales de cobre fino. La planta tiene un plazo de construcción previsto de 18 a 24 meses, con una inversión de US$ 559 millones.
Antes de llegar a esa etapa, se realizará un estudio de factibilidad del modelo económico financiero, que tomará un año a partir de la obtención de los permisos. Sin embargo, desde la empresa -conformada por Zonda Metals GmBH (de Suiza) y Alberdi Energy (Argentina)- han manifestado la intención de invertir para acelerar esos plazos.
La vida útil de la mina, estimada de modo inicial, es de 16 años, con un costo operativo anual de US$ 120 millones. Pero está previsto avanzar en nuevas exploraciones una vez que ya esté operativo el proyecto, lo que podría extender estas perspectivas a 27 años.