El Ejecutivo explicó el rol de la Policía Ambiental Minera y de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria, que ya emitió su dictamen a favor sobre el proyecto.
El director de Minería, Jerónimo Shantal, exponiendo en la audiencia pública de PSJ.
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Marcelo Álvarez La Autoridad Ambiental Minera, integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, ambas dependientes del Ministerio de Energía y Ambiente, junto a Fabián Gregorio, CEO de PSJ Cobre Mendocino, y la consultora GT Ingeniería, presentaron los detalles técnicos y los controles ambientales del proyecto.
En el marco de la audiencia pública, el director de Minería, Jerónimo Shantal, fue el primero en exponer y explicar el proceso que se ha seguido hasta alcanzar la instancia de audiencia pública.
“Se ha presentado el Informe de Impacto Ambiental, que ha sido categorizado como de extracción de minerales metalíferos”, señaló Shantal, quien indicó que los pasos seguidos se ajustaron a lo dispuesto por el Decreto 820/2006, reglamentario de la Ley General del Ambiente.
Agregó que, en primer lugar, se realizó el análisis técnico por parte de la Autoridad Ambiental Minera y posteriormente se emitió la resolución que da inicio formal al procedimiento.
Este proceso incluyó el dictamen técnico de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNC), la participación e informes de organismos sectoriales y la opinión técnica de más de 16 entidades especializadas.
“Durante 60 días y aún hoy todos los informes y expedientes están disponibles para la ciudadanía en la web del Ministerio de Energía y de la Dirección de Minería”, añadió.
Shantal también recordó que la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), integrada por doce organismos científicos, educativos, ONG y municipios, ratificó el Informe de Impacto Ambiental tras meses de estudio.
Detalló que la CEIAM está conformada por el INTA, la Municipalidad de Las Heras, el Centro Científico y Tecnológico CONICET-Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Mendoza, la Dirección de Áreas Protegidas, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, la Dirección de Planificación Territorial, el Departamento General de Irrigación, la Dirección de Hidráulica, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, el Consejo Provincial del Ambiente y la Dirección de Minería.
Por su parte, el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández, brindó detalles sobre la Policía Ambiental Minera, un cuerpo compuesto por profesionales de distintas áreas cuya función es inspeccionar tanto las labores subterráneas como superficiales, incluyendo maquinarias, plantas de procesamiento y transporte de minerales.
“Hemos realizado unos 30 ceses de actividad en canteras que no cumplen con los requerimientos ambientales”, afirmó Fernández, y añadió: “Estamos realizando un control intensivo en toda la provincia”.
También explicó el funcionamiento de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), integrada por la Autoridad Minera y organismos sectoriales. Esta unidad forma parte activa de los controles durante el proceso de evaluación de los Informes de Impacto Ambiental (IIA) de los proyectos de prospección y exploración.
“La UGA está conformada por organismos como el CONICET, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Hidráulica, el Departamento General de Irrigación, Transición Energética, Biodiversidad y Áreas Protegidas. Además, cualquier persona física o jurídica de la provincia puede postularse para participar en las auditorías ambientales”, precisó Fernández.
Luego fue el turno de la empresa proponente, PSJ Cobre Mendocino.
“Este proyecto es una oportunidad histórica para Mendoza: no solo nos permitirá liderar la producción de cobre en Argentina, sino también diversificar la economía, generar empleo de calidad y demostrar que es posible hacer minería moderna, responsable y con la comunidad como protagonista”, destacó su CEO, Fabián Gregorio.
Gregorio subrayó que la inversión estimada asciende a 559 millones de dólares, lo que representa una oportunidad estratégica para el desarrollo económico y tecnológico tanto de Mendoza como de la región.
Por último, la consultora GT Ingeniería presentó un análisis detallado del Informe de Impacto Ambiental (IIA), que incluye antecedentes y contexto del proyecto, ubicación geográfica, análisis del entorno ambiental, verificación de ausencia de áreas protegidas en la zona de intervención, evaluación de recursos hídricos e infraestructura, impactos sociales y ambientales, además del plan de manejo y contingencia previsto.