Durante la apertura, Casado y Latorre defendieron el proceso como una herramienta democrática para recuperar la confianza.
La vicegobernadora, Hebe Casado, en la audiencia pública de PSJ.
Foto:
Marcelo Álvarez Este sábado comenzó en Uspallata la audiencia pública por el proyecto PSJ Cobre Mendocino, una iniciativa para la explotación de cobre. En su presentación, la vicegobernadora Hebe Casado aseguró que esta instancia sirve para "reparar el contrato social con la minería".
Se trata de una instancia obligatoria que forma parte del análisis del Informe de Impacto Ambiental (IIA), presentado por las empresas desarrolladoras: Zonda Metals GmBH, de origen suizo, y Alberdi Energy, de Argentina.
Con más de 1.500 personas inscriptas para participar como oradores de forma presencial y virtual, se espera que la audiencia se extienda por al menos seis días. Una vez finalizada, será el Gobierno el que defina si emite la Declaración de Impacto Ambiental, la cual deberá ser ratificada por la Legislatura provincial.
Casado, quien no solo defendió la convocatoria como una herramienta democrática, sino que también buscó recuperar el vínculo entre Mendoza y la minería.
“Esta audiencia pública no es un trámite más. Es una oportunidad de escuchar, de debatir con respeto, de hacer las cosas bien. Queremos una Mendoza para todos, para el presente y para el futuro. Y queremos hacerlo con seriedad, con información, con diálogo”, expresó.
Para la compañera de fórmula de Alfredo Cornejo hizo énfasis en la importancia de esta audiencia pública ya que será el puntapié para "recuperar" el contrato social con la minería.
“Mendoza ha sido minera desde sus orígenes. San Martín extrajo minerales de estas tierras para luchar por la independencia. En algún momento ese contrato social con la minería se rompió, pero hoy venimos a repararlo. Esta es una actividad lícita, que puede generar trabajo, desarrollo y dignidad. Y estamos acá para garantizar que se haga bien”,enfatizó.
Casado se mostró enfática en destacar el rol del Estado como garante de un proceso transparente, ajustado a la ley, que no pierda de vista la participación ciudadana. “Escuchar, dialogar y aclarar dudas es parte del compromiso que asumimos como Gobierno. Esta audiencia es para eso”, subrayó.
Por su parte, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, puso el foco en el marco legal que ampara el desarrollo de este tipo de proyectos, pero también en la necesidad de que cualquier explotación se realice bajo criterios estrictos de sustentabilidad.
“Hemos iniciado una política de promoción de la minería, pero no cualquiera, sino responsable y sostenible”, indicó al comenzar su exposición.
Con un enfoque técnico, Latorre apeló a su formación en derecho para remarcar que el desarrollo de la industria minera debe conciliar dos derechos constitucionales fundamentales: “La Constitución Nacional consagra el derecho a trabajar y ejercer una industria lícita, pero también establece el derecho a un ambiente sano. Ambos deben integrarse y complementarse. Eso es lo que define un verdadero desarrollo sostenible”.
Además, la ministra aseguró que el Gobierno ha estructurado una política minera “seria y transparente”, que respeta el marco legal nacional, los tratados internacionales y la Constitución provincial. “No hay nada que queramos hacer que esté fuera de las reglas. Esta audiencia pública es parte de ese proceso ordenado”, afirmó.
Para Latorre, el desafío es construir una nueva etapa en la relación entre Mendoza y la minería, y sintetizó su visión en una frase: “Estamos escribiendo una nueva página para Mendoza: una minería responsable, sostenible y respetuosa de la Constitución”.
El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, también se pronunció a favor del proyecto, desde una perspectiva local. En su discurso, remarcó que la minería puede ser un motor de crecimiento para Uspallata y toda la zona norte del departamento.
“Venimos a cumplir con un deber cívico para la participación ciudadana. Nuestro rol es tener una escucha activa para esa minería sustentable que queremos”, sostuvo.
Lo Presti reveló que muchos comerciantes y pequeños empresarios locales ya están realizando gestiones para convertirse en proveedores del proyecto. “Ya está pasando: la economía local se está alineando con las necesidades de este emprendimiento”, explicó.
Desde su mirada, Las Heras tiene una identidad minera, y el desafío es consolidar ese perfil con reglas claras y controles adecuados. “El desarrollo de la minería es inexorable, y debe servir para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, concluyó.
El emprendimiento PSJ Cobre Mendocino prevé una inversión inicial de US$ 559 millones y la extracción de 40 mil toneladas anuales de cobre fino. La planta tendría un plazo de construcción de 18 a 24 meses, y se espera que esa etapa genere alrededor de 3.900 puestos de trabajo (entre directos e indirectos).
En la etapa operativa, se proyectan unos 800 empleos directos y 1.600 indirectos. La vida útil inicial de la mina se estima en 16 años, aunque las empresas planean continuar con tareas de exploración que podrían extender ese horizonte.
Antes de comenzar la construcción, deberá completarse un estudio de factibilidad económico-financiera, que tomará aproximadamente un año desde la obtención de los permisos.
Durante el domingo continuarán las exposiciones presenciales, con 156 oradores anotados. Luego será el turno de quienes se inscribieron para hablar de manera virtual, casi 1.500 personas más, en un proceso que se podrá seguir por el canal de YouTube del Ministerio de Energía y Ambiente.
Tras finalizar la audiencia, el Gobierno provincial deberá definir si aprueba el proyecto con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Si lo hace, será la Legislatura de Mendoza la que tendrá la última palabra sobre el futuro del cobre en la provincia.