La Cámara de Diputados comenzó este jueves, en comisiones, el tratamiento de los proyectos sobre minería enviados por el gobierno de Alfredo Cornejo.
Diputados inició el tratamiento de los proyectos para regular regalías de la minería y establecer un fondo destinado a la restauración ambiental.
La presentación de los proyectos sobre minería se realizó en un anexo de la Legislatura provincial. Foto: Prensa Diputados.
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La Cámara de Diputados comenzó este jueves, en comisiones, el tratamiento de los proyectos sobre minería enviados por el gobierno de Alfredo Cornejo.
Entre las iniciativas analizadas se encuentra la que regula el cobro y la distribución de las regalías mineras, que se destinarán a los municipios y al Fondo de Compensación Ambiental.
Mientras tanto, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los proyectos “PSJ Cobre Mendocino” y Malargüe Distrito Minero Occidental II fue postergada para el próximo lunes, tras el pedido de un cuarto intermedio.
En el anexo de la Cámara Baja se reunieron las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC); Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios; Economía, Energía, Minería e Industrias; Ambiente y Recursos Hídricos; y Derechos y Garantías y Peticiones y Poderes, junto con funcionarios del Ministerio de Energía y Ambiente.
En esta oportunidad, la titular de la cartera ambiental, Jimena Latorre, no estuvo presente, ya que participa de una misión oficial en los Emiratos Árabes Unidos. La funcionaria disertó esta semana en la Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC), una de las ferias más importantes del mundo en materia de petróleo, gas y transición energética.
El proyecto de ley sobre regalías mineras propone establecer las condiciones de percepción y distribución de los recursos económicos generados por la actividad minera en Mendoza. Según explicaron desde la cartera ambiental, la iniciativa busca adecuar la normativa provincial a la Ley Nacional 24.196 de Inversiones Mineras, que fija un máximo del 3% sobre el valor “boca mina” para la percepción de regalías.
El director de Minería, Jerónimo Shantal, explicó que el esquema propuesto incorpora la posibilidad de aplicar regalías progresivas y variables, de acuerdo con el margen operativo de cada emprendimiento.
“El techo lo da la ley nacional. Nosotros hemos puesto algo que se está tratando a nivel nacional y son las regalías progresivas y variables, que dependen del margen operativo de cada mina”, señaló el funcionario.
En ese sentido, precisó que el sistema permitirá que, acreditado por la empresa y verificado por la Autoridad Ambiental Minera, se puedan aplicar reducciones momentáneas bajo planes de inversión específicos, “muy similar a lo que funciona hoy en día en hidrocarburos”.
Respecto a PSJ, Shantal aclaró que el esquema “arranca siempre con el máximo”, y que cualquier reducción deberá ser justificada por la empresa.
“La empresa, en el caso de querer una reducción, deberá demostrar que el margen operativo ha sido muy inferior. Eso suele suceder en las etapas finales de los proyectos, cuando disminuye el contenido del mineral o los precios internacionales no acompañan”, explicó.
El funcionario también se refirió al debate planteado por algunos legisladores sobre la reglamentación de las regalías, que consideran debería ser facultad exclusiva de la Legislatura.
“Las leyes deben mantenerse en el tiempo. Si se detallan demasiado los aspectos técnicos, después hay que modificarlas cada pocos años. Por eso dejamos esa variabilidad sujeta a reglamentación, para que se evalúe técnicamente cuándo corresponde subir o bajar, siempre con fundamentos”, sostuvo Shantal.
A través de una intervención virtual, la ministra Jimena Latorre destacó que el objetivo del proyecto es “no ser una traba” para las empresas mineras, sino generar previsibilidad para las inversiones.
“Todas las provincias de la Mesa del Cobre tienen su ley de regalías, menos Mendoza. Las propias empresas saben que deben pagar; lo que faltaba era regular la forma de pago, la distribución y otros aspectos prácticos”, explicó Shantal.
Según la propuesta presentada, el 88% de la recaudación por regalías irá a Rentas Generales de la provincia, de los cuales un 15% se destinará al Fondo de Desarrollo Socioambiental.
El 12% restante será distribuido entre los municipios donde se realice la extracción y que adhieran al nuevo régimen, con la condición de destinar esos recursos exclusivamente a obras públicas e infraestructura social, ambiental o productiva.
Otra de las iniciativas debatidas fue la creación del Fondo de Compensación Ambiental, que busca dotar a la provincia de una herramienta para actuar frente a daños ambientales colectivos, restaurar ecosistemas afectados y promover políticas preventivas dentro de un marco de desarrollo sustentable.
La subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda, aclaró que este fondo no se limita a la actividad minera, sino que abarca todo tipo de proyectos que requieran evaluaciones de impacto ambiental.
“Se genera cierta confusión pensando que solo se aplica al desarrollo minero. En realidad, alcanza a cualquier tipo de proyecto que se realice en la provincia”, explicó.
Ojeda detalló que los montos establecidos en los estudios de impacto, una vez aprobados con audiencia pública, se destinarán al Fondo de Compensación, que será administrado por el Ministerio de Energía y Ambiente.
“La reglamentación va a definir el sistema de gestión financiera, los mecanismos de control y los procedimientos de uso. Hoy ya existen requisitos técnicos obligatorios, como reforestación o mitigación de impactos, pero con este fondo podremos medir mejor los efectos acumulativos en el territorio”, señaló.
La funcionaria agregó que el fondo permitirá dar una respuesta más rápida a las necesidades ambientales del territorio.
“El crecimiento y las demandas del territorio ya no son las mismas. Este fondo será una herramienta específica para responder a esas demandas, con articulación entre la Provincia, Irrigación y los municipios”, concluyó.