Plantean que se puede perder la trazabilidad del producto e información muy relevante, como la procedencia de las uvas y el tenor azucarino.
Hay preocupación en la vitivinicultura por la inminencia de una nueva cosecha sin la obligatoriedad de registros de ingreso de uva y final de cosecha
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El 6 de noviembre, fue publicada en el Boletín Oficial de Nación la resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que derogó 973 normas del digesto normativo del organismo. El sector vitivinícola aplaudió la eliminación del exceso de controles, pero planteó que debían seguir siendo obligatorios el Certificados de Ingreso de Uva (CIU) y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC 05).
Tanto los representantes de cámaras como los ministros de Producción de diversas provincias le pidieron al Gobierno nacional que diera marcha atrás con la decisión de que estos registros sean optativos, pero sin respuesta. Resaltaron que están de acuerdo con la derogación de 971 normas y sólo piden que se revisen dos.
Le explicaron al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuando estuvo en la provincia -el 14 de noviembre-, que mantener la obligatoriedad del CIU era fundamental para asegurar la trazabilidad. Sin embargo, la respuesta del funcionario nacional fue que piensan que se debe regular para el productor honesto, que representa el “99,9% de la gente que está en esta industria”, y que entienden que este registro debe ser opcional.
Y si bien, durante la conferencia de prensa, sostuvo que se llevaban las inquietudes para analizarlas, los días transcurrieron y no hubo novedades. Esto, pese a que el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, le envió una carta al de Economía de Nación, Luis Caputo. Y que al día siguiente hicieron lo mismo otros funcionarios provinciales, con el apoyo de entidades vitivinícolas.
Como transcurrieron los días y la medida iba a quedar firme, cuatro entidades -la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa)- presentaron en la Justicia una acción de amparo, para suspender la aplicación de la resolución, ya que entra en vigencia el 1 de enero.
Sin embargo, se acerca la fecha de inicio de cosecha de las variedades tempranas y hay inquietud en la industria, porque temen que, de no ser obligatorio el certificado de ingreso de uva y el de finalización de cosecha, habrá consecuencias en la actividad.
José Alberto Zuccardi, presidente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), una de las entidades que presentó el amparo, resaltó que el vino no es un commoditie, como la soja, y que necesita la trazabilidad de las uvas para poder darle identidad al producto (ya que el CIU es como el “DNI” de la materia prima).
Añadió que, si se deja como un hecho voluntario, y sólo un 20% decide no emitir estos certificados, se pierden las estadísticas del sector. En el caso de la declaración final de cosecha, indicó que es lo que permite controlar que los volúmenes vendidos y elaborados coincidan.
En este sentido, advirtió que se puede producir un cierto grado de informalidad en un rubro altamente formal -lo que no es muy común en las actividades de base agroindustrial-, y debilitarse la competencia leal, lo que es malo tanto para el sector privado como para el Estado (que podría perder recaudación).
Por otra parte, indicó que el aporte para la seguridad social está basado en un valor que se paga por quintal de uva, por lo que el CIU es la base sobre la que se abona la corresponsabilidad gremial. Si se usara, como propone el Gobierno nacional, la DTV del Senasa (Documento de Tránsito Sanitario Vegetal), comienza a complicarse la gestión.
Zuccardi planteó que la trazabilidad es muy importante para las indicaciones geográficas. Pero también consideró fundamental conocer el tenor azucarino, y cuánto y qué se produce en cada región, entre otros datos (algo que no registra la DTV).
Y subrayó que sostener estos documentos como obligatorios no implica ningún costo para el Estado, mientras que tanto el sector vitivinícola como los gobiernos provinciales están de acuerdo en que sigan siendo obligatorios.
Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), otra de las organizaciones que presentó el amparo, indicó que esperaron una respuesta del Gobierno nacional, pero que el martes era el último día para intentar frenar la aplicación de la resolución.
Y señaló que, si “se pierde la obligatoriedad del CIU, se pierden muchas cosas”. Planteó que es la base de la trazabilidad, que demuestra la propiedad de la uva y determina la cantidad de kilos al final de la cosecha. Por lo que, sin ese dato, no se va a conocer con precisión cuánto se cosechó cada temporada ni tampoco la cantidad de litros elaborados, para saber si hay sobre stock. Tampoco, si la elaboración de mosto fue suficiente o no.
El CIU, precisó, implica que el INV certifica de qué viñedo proviene esa uva, dónde está localizado, si efectivamente tiene la variedad declarada y, a partir de la cantidad de hectáreas (y kilos) con cada variedad, corroborar el varietal y el origen. “Todo, a partir del CIU”, resaltó.
El documento, sumó, registra quién es el titular de la uva, a quién se la entrega, cuántos kilos lleva, de qué zona, cuál es el contenido de azúcar y si fue cosechada en forma manual o mecanizada(para el cálculo de la corresponsabilidad gremial).
Ruggeri expresó que también se pierde el acuerdo Mendoza – San Juan, porque no se conocerá cuánta uva tiene que ir a diversificación, ni cuántos litros va a haber en el mercado.
Subrayó que todo esto lo han reiterado a los referentes del Gobierno nacional y se lo dijeron a Sturzenegger en un encuentro en el que estaba representada la cadena vitivinícola de todo el país y hubo consenso en la necesidad de mantener el CIU y la CEC 05 como obligatorios.
Sobre el argumento de la libertad, el presidente de Acovi subrayó que, para vivir en libremente, tiene que haber normas. Y esperó que la semana que viene tengan novedades sobre la presentación judicial.
El amparo es un proceso muy rápido en el que, entre el momento en que se determina que el Ministerio Público Fiscal tiene competencia sobre la causa -por ser federal, como el INV-, el pedido de una respuesta y la presentación de pruebas (si las hay), no suelen transcurrir -en principio- más de diez días hábiles hasta que el juez emite sentencia.
Matías Manzanares, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Viñateros de Mendoza, comentó que lamentan tener que haber recurrido a la Justicia. “Nos parece un totalmente un absurdo y un capricho del ministro de Desregulación, Sturzenegger”, lanzó.
Detalló que se venía hablando con Nación sobre la importancia de que el CIU siguiera siendo obligatorio antes de que se publicara la resolución del INV 37/2025 (de desregulación). Y que, cuando Sturzenegger vino a Mendoza, todas las entidades y los ministros de Producción de Mendoza y San Juan insistieron en que no podía ser optativo.
En cuanto a la situación particular de los viñateros, indicó que les afecta en la trazabilidad. “Se va a perder el control de cuántos kilos hay de uva, cuánto se cosechó. Porque si se deja voluntario y después no se quiere certificar, no se va a hacer”, planteó.
Añadió que, además, el CIU era el documento que le daba seguridad jurídica al productor de que había entregado la uva. “Era un instrumento bilateral, que tenía constancia tanto la bodega como el productor de haber entregado la uva. Y en el caso de elaboración a terceros, te mantenía esos vinos separados de la propiedad del bodeguero”, comentó.
Esto implicaba que, si el establecimiento elaborador se declaraba en quiebra o llamaba a concurso de acreedores, el viñatero podía separar su vino del de la bodega. Y si el bodeguero quería venderlo, requería de la conformidad del productor. “Era indispensable para garantizar y darle seguridad al productor que había entregado la uva de poder cobrar después”, cerró.