Rodolfo Vargas Arizu le pidió a Luis Caputo que mantengan la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uvas
Es un pedido que diversos sectores de la vitivinicultura, incluido el Gobierno provincial, le hicieron a Federico Sturzenegger cuando estuvo en Mendoza.
El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, le envió una carta a Luis Caputo para explicarle las consecuencias que la eliminación de la obligatoriedad del CIU puede tener en la vitivinicultura.
El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, le envió una carta al ministro de Economía de Nación, Luis Caputo, para solicitarle que no eliminen la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uvas (CIU). Es uno de los cambios que incluyó la desregulación del INV y que fue señalado como un inconveniente desde diversos sectores de la vitivinicultura.
En el texto, Vargas Arizu detalla que, durante décadas, esta herramienta (el CIU) ha sido clave para garantizar el funcionamiento ordenado y transparente de la cadena vitivinícola. Se trata, explica, de un documento que se emite cuando ingreso la uva al lagar y que es firmado conjuntamente por el productor y el establecimiento elaborador.
Su existencia, precisa, asegura:
La identificación precisa del origen del viñedo.
La variedad y demás condiciones esenciales de la uva.
El tenor azucarino y parámetros determinantes para su valoración.
La efectiva trazabilidad de la materia prima.
El debido respaldo jurídico de la propiedad del productor.
La precisa determinación de los kilos de uva cosechados e ingresados a bodega.
El INV obligará a las bodegas a informar el precio acordado por la uva comprada
Desde el Gobierno provincial piden que siga siendo obligatorio el Certificado de Ingreso de Uvas
Para qué sirve el CIU
"Deseo destacar que el sistema vigente, basado en la obligatoriedad del CIU, ha demostrado un funcionamiento adecuado y sostenido en el marco de los Convenios de Corresponsabilidad Gremial (CCG) vitivinícolas. Además, es una herramienta relevante para la formalización laboral y la correcta administración de las obligaciones previsionales", planteó el ministro a Luis Caputo.
Añade que este documento es el único instrumento obligatorio que permite determinar objetivamente la cantidad de quintales entregados por cada productor y que este es un dato imprescindible para la aplicación de los CCG. Advierte que, si el CIU fuera optativo, se desfinanciarían los Convenios de Corresponsabilidad Gremial y estaría en riesgo la cobertura ante accidentes y de salud de miles de trabajadores del sector.
Y también señala que se comprometería el financiamiento de la Ospav (Obra Social del Personal de la Actividad Vitivinícola) y de los avances logrados en materia de formalización laboral.
Junín compró una bodega para los productores de uva
El ministro Rodolfo Vargas Arizu le envió una carta a Luis Caputo para explicarle qué función cumple el CIU en la vitivinicultura
Piden revisar sólo un punto
Desde el Gobierno provincial, como desde numerosas entidades vitivinícolas, han planteado que están de acuerdo con casi todos los puntos de la desregulación. En diálogo con Los Andes, Vargas Arizu resaltó que derogaron 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y sólo les están pidiendo que revisen una.
La resolución 37/2025 fue publicada el 6 de noviembre y levantó voces de alerta en el sector. El viernes 13 de noviembre, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, visitó la provincia para reunirse con funcionarios de Mendoza y otras provincias vitivinícolas, y analizar los cambios en el INV.
Después de una extensa -y por momentos tensa reunión- Sturzenegger manifestó que “Nosotros pensamos que uno tiene que partir de la base de que hay que regular para el productor honesto. No hay que regular pensando que los productores no son honestos, porque el 99,9% de la gente que está en esta industria (quiere que sea) exitosa”. Y reafirmó: “nosotros pensamos que debe ser opcional”.
Sturzenegger, Casado y Vargas Arizu 2
Vargas Arizu comentó que, desde entonces han seguido en contacto y hablaron el lunes. Pero, ante la falta de resolución, optó por acudir a Caputo. "Tenemos 200 años de vitivinicultura. Conocemos el tema", expresó y consideró que, por una cuestión ideológica, de liberar obligaciones, pueden traer problemas al sector. Incluso, advirtió que algunas cámaras podrían judicializar este punto, lo que representaría un problema.
Explicó que las bodegas que elaboran vino fino tienen que certificar, pero las que producen vino común, pueden no hacerlo. "Y si no lo hacen no tenemos información, no tenemos grado alcohólico, trazabilidad, un montón de cosas que debemos conocer para saber cuánto mosto hay que hacer, qué volumen de vino tenemos en Argentina, hacia dónde tenemos que canalizar los mercados. Es un negocio complejo", manifestó el ministro provincial.
"Es como una norma de tránsito. No puede ser opcional. No puedo decirte, mirá, el semáforo en rojo, si lo querés pasar es opcional. Las normas, cuando las cumple todo el mundo, te dan libertad", planteó.