Cambios en la vitivinicultura: El Gobierno nacional insiste en que el CIU debe ser optativo

Sturzenegger -quien viajó acompañado por el jefe de gabinete de la Secretaría de Agricultura, Martín Fernández- resaltó que han implementado una desregulación importante de la industria y mostró la pila de expedientes, sobre un escritorio, de las normativas que se eliminaron y que planteaban diversas regulaciones sobre la producción.

Señaló que la mayor preocupación tiene que ver con el CIU, pero, si bien insistió en que se llevan esas inquietudes, afirmó que la reunión terminó “sin definiciones” y que, si bien analizan permanentemente las medidas que establecen, “nosotros pensamos que debe ser opcional”.

“Todo lo que hace Javier Milei es siempre dando más libertad a la gente para decidir. Digamos, cómo puede producir, cuándo puede cosechar, qué uva plantar. Entonces, todo lo que nosotros damos es siempre más libertad para la industria y más libertad para los productores”, recalcó.

Sturzenegger, Casado y Vargas Arizu 2

Encuentro agridulce entre el Gobierno y la industria

Rodolfo Vargas Arizu señaló que la reunión fue muy buena, en el marco del respeto, y que estaba representada la vitivinicultura completa: los productores vitícolas, los elaboradores de mosto y las bodegas, asociados a diversas cámaras. También mencionó que había personas de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta.

Destacó que todos coincidieron en aplaudir la desregulación y que hay un punto que sigue en discusión, en el que también hay coincidencia, que es que el CIU debe ser obligatorio. De todos modos, subrayó que es un pequeño detalle, que no debe opacar el mérito de la decisión de reducir las regulaciones del INV.

Uno de los participantes, Mauro Sosa, director ejecutivo del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, manifestó que desde la entidad están de acuerdo con la simplificación, desregulación y desburocratización del ordenamiento normativo de la cadena de valor de la industria vitivinícola.

Sin embargo, también consideran importante mantener la obligatoriedad de la declaración del ingreso de uvas a establecimientos elaboradores y, además, determinar las reglas mínimas de cumplimiento para el traslado de vinos y mostos entre bodegas.

Resaltan que el CIU “resulta irremplazable para asegurar trazabilidad, transparencia comercial y credibilidad de los mercados”, y que los principales países productores de uvas lo tienen también como requisito.

Sobre la reunión, indicó que fue unánime el planteo de la necesidad de mantener la obligatoriedad de la presentación del comprobante de ingreso de uva, la declaración de cosecha final y la declaración jurada de vinos y mostos elaborados.

Pero expresó que después de varias horas, los funcionarios nacionales “seguían muy empecinados” en que el CIU sea optativo, lo que generó momentos de tensión. Sumó que la idea del Ejecutivo nacional es sostener estos cambios para ver qué sucede, lo que consideró un despropósito.

Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), resaltó que estuvo representada casi el 100% de la industria nacional y que los pedidos que se hicieron a Sturzenegger fueron por unanimidad, y se vincularon con la obligatoriedad del CIU, un control del fin de elaboración y el seguimiento del traslado. Esto para poder asegurar la trazabilidad y la genuinidad de los productos.

Pese a eso, resaltó que desde la industria le agradecieron al Gobierno nacional la eliminación de regulaciones, muchas de ellas ya obsoletas. Y consideró que los funcionarios se llevan los planteos y que hay posibilidad de seguir hablando sobre las diferencias hasta el 1 de enero, que es cuando entra en vigencia este nuevo digesto.

El INV obligará a las bodegas a informar el precio acordado por la uva comprada

Baja de costos y de burocracia para las bodegas

Una semana atrás, la publicación de la resolución 37/2025 generó desconcierto en el sector vitivinícola, ya que deroga casi 1.000 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura y, además, modifica la función del organismo.

Con el objetivo de reducir la cantidad de inspecciones que reciben las bodegas, se determinó que el INV ya no realizará controles en la producción (en el viñedo), la cosecha, la elaboración o el transporte, para enfocarse en el producto final -el vino- y verificar que sea apto para el consumo y no esté adulterado.

La principal preocupación, compartida por el Gobierno provincial, fue la de cómo se asegura la genuinidad del vino si ciertos controles dejan de ser obligatorios; en particular el CIU.

Desde el INV emitieron hoy un comunicado en el que resaltan que “todos los controles sobre la aptitud para consumo y adulteración del vino siguen siendo obligatorios, de la misma manera que lo eran hasta ahora. Lo que cambia es el enfoque de los controles”.

Detallan que, antes, el organismo controlaba cada etapa de la cadena productiva, verificando no sólo aspectos de aptitud para el consumo, sino también varios otros vinculados con la calidad y la trazabilidad. En cambio, ahora, “va a enfocarse en lo que realmente importa, que es que el producto embotellado que se va a destinar al mercado no sea nocivo”.

Sobre la justificación de estas modificaciones, señalan que Argentina tiene 200 mil hectáreas de viñedos, mientras que Chile tiene 117 mil (un 41% menos de superficie). Sin embargo, ambos países producen el mismo volumen de vino: unos 900 millones de litros al año.

“Dado que los rendimientos de la vid son similares en ambos países, este fenómeno es explicado porque en Argentina hay viñedos con capacidad ociosa o directamente abandonados, cuya producción no se está utilizando porque a sus dueños no le es rentable”, señalaron.

Y añadieron que, con esta medida, que baja los costos y la burocracia -existen registros de empresas que recibían una inspección cada dos días -, esperan “poder revertir esta situación y que muchos de esos viñedos hoy improductivos vuelvan a activarse”.

INV Instituto Nacional de Vitivinicultura

Marcelo Rolland / Los Andes

Qué es obligatorio y qué optativo

• Registro de viñedos: Se elimina la obligación de declarar datos operativos irrelevantes, como cantidad y modelo de tractores, método de cosecha, técnicas de riego. Los datos relevantes se tomarán del RENSPA (SENASA).
• Ingreso de uva a bodega. El CIU se reemplaza por la Certificación de cosecha, optativa para quienes deseen trazabilidad comercial. El productor podrá elegir la frecuencia de presentación: por camión, semanal, mensual o anual.
• Fiscalizaciones en planta: Se dejan de realizar inspecciones presenciales del INV dentro de bodegas, orientadas a control de stocks, etapas del proceso y estados del producto antes de su terminación.
• Declaraciones mensuales de elaboración: Se quita la obligación de informar litros elaborados mensualmente (antes utilizados para control de stock).
• Traslados de vino a granel: Se eliminan los permisos de traslado.
• Libre circulación: Se mantiene como único trámite obligatorio para comercializar productos vitivinícolas, a fin de verificar la aptitud para consumo.
• Etiquetado y marcas: Los productores ya no deberán esperar la aprobación previa de modelo de etiqueta por parte del INV. No se exige el registro de marca en INPI como condición previa ante el INV.