Los funcionarios públicos tienen la obligación de atender las inquietudes de los distintos sectores de la sociedad para los que gobiernan, independientemente de planteos sectoriales que puedan ir en contra del espíritu de una determinada política que se promueva desde el poder.
Esa predisposición hacia los sectores representativos de la comunidad es necesaria aun de parte de quienes, por propia inclinación o por poderes otorgados, consideran que se encuentran en un nivel de poder que los habilita para hacer y decir sin medir consecuencias.
Estas consideraciones surgen a raíz de las poco apropiadas apreciaciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, con respecto al planteo de sectores vitivinícolas a favor de la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de UVA (CIU).
El funcionario nacional se quejó públicamente de la acción de amparo que interpuso ante la Justicia la Asociación de Viñateros de Mendoza a esa única medida desregulatoria del gobierno nacional. Cabe agregar que con la postura de la entidad demandante coincidió un buen número de organizaciones del vino y también el gobierno provincial.
De una forma totalmente ofensiva y desprolija, el funcionario nacional consideró que la presentación judicial hecha por los viñateros se asemeja a la estrategia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para oponerse a que los clubes puedan optar por transformarse en sociedades anónimas.
Al mencionar con su ejemplo comparativo al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, Sturzenegger colocó en un mismo nivel la inquietud de un respetable sector de productores con quien en la actualidad es investigado por la conducción irregular de la entidad que preside, además de sobornos, evasión fiscal, etc. Un planteo racional de productores puesto al mismo nivel de un escándalo por graves irregularidades.
En dicho contexto fue oportuna y contundente la reacción del ministro de Producción de nuestra provincia, Rodolfo Vargas Arizu, quien dijo no comprender las razones del ataque al sector bodeguero y la comparación con la AFA por parte de Sturzenegger.
Recordó Vargas Arizu que el gobierno local apoyó sin miramientos la eliminación de casi mil normas que impedían el libre mercado y el desarrollo del sector vitivinícola, en línea con las políticas que en general pretenden destrabar la economía y ahuyentar burocracia. La única excepción fue la del CIU obligatorio como garantía de la comercialización de uvas en todo el circuito vitivinícola. Es un certificado que permite una identificación precisa del origen de las uvas, sus características y su calidad. Les da garantías a todas las partes intervinientes y ayuda en cuanto a la calidad del producto.
Por lo tanto, es de esperar que inoportunas apreciaciones como las vertidas por el ministro de Desregulación de la Nación no se repitan y queden solo como una desafortunada experiencia de dicho funcionario. Además, si es posible, con las disculpas públicas del caso.