En segundo lugar, al tener la mayoría de los docentes una dedicación parcial (cuando no minoritaria) su compromiso con las instituciones académicas es muy relativo. La crisis por desfinanciamiento que sufre la universidad impacta sustancialmente en un porcentaje menor de docentes y no docentes. La caída del salario docente no afecta igual a un profesor dedicación simple que a un exclusivo. Esto se ha puesto en evidencia en el irregular acatamiento de las medidas de fuerza decididas por los sindicatos. Muy poca gente está realmente preocupada por lo que está pasando.
En tercer lugar, independientemente de las condiciones formales para ocupar cargos directivos establecidas por reglamento, la proporción de docentes que está en condiciones de facto de hacerlo es una pequeña minoría. O deben ser profesores con dedicación exclusiva, o bien deben obtener algún tipo de licencia a otros cargos de docencia o investigación, o tener una situación profesional lo suficientemente rentable como para dejarla por 4 u 8 años (estudio jurídico, de ingeniería o arquitectura, centro médico, comercio, etc.). En los hechos, esto restringe el acceso a cargos de gobierno y de gestión a una pequeña minoría. Una élite.
Una comunidad reflexiva
Es sorprendente que la actual condición precarizada, clientelizada y lumpenizada de una gran proporción de docentes universitarios sea todavía compatible con la creencia de una universidad pública de calidad. Para lo que sirve, por el contrario, es para explicar el poco o nulo interés que despierta la universidad como problema entre quienes son sus propios integrantes. Se trata de una masa de profesionales que no parece tener mayor cuestionamiento ni posición crítica respecto de la institución a la que sirven. Lo contrario a lo que cabría esperar en un contexto en el que debería primar la reflexión, el estudio, el diálogo, la confrontación de ideas. Se atribuye a Walter Lippmann la famosa frase que dice que cuando todos piensan igual, nadie está pensando.
La decisión del gobierno de congelar los salarios e incumplir la Ley de Financiamiento Universitario ha puesto a las universidades públicas en una situación particularmente delicada. La discusión que se ha generado sobre el asunto, por su parte, ha operado como un principio de revelación. En estos últimos meses se han conocido aspectos de la actualidad universitaria realmente inquietantes, no sólo para la opinión pública en general sino para la propia comunidad universitaria. El gobierno pretende apoyar el plan de ajuste en unas métricas que muestran un desempeño muy deficiente. Las universidades por su parte se niegan a discutir nada que no sea el cumplimiento de la ley y la actualización de salarios.
Se asume que en una fase de conflicto no es razonable abrir una discusión. Sin embargo, las instituciones crecen o se desarrollan también a golpe de crisis. No se llegó a la situación actual sólo por un capricho o decisión arbitraria del gobierno. Eso es confundir el detonante de la crisis con el proceso que llevó a ella. Y es un proceso de varias décadas, que sólo unos pocos han tratado de reconstruir y vienen siguiendo. Nadie, ni los sucesivos gobiernos ni las élites universitarias, ha reconocido su responsabilidad en ese proceso.
La compensación imposible
¿Por dónde empezar? El sistema universitario argentino que se formó durante los primeros tres cuartos del soglo XX era razonable, eficiente y proporcionado. Con sus problemas, como todo. Puede decirse que la universidad pública tal como la conocemos empezó a gestarse con el retorno de la democracia y la instauración definitiva del programa reformista, a partir de 1983.
Durante el proceso que se denominó «de normalización» se advirtió una creciente brecha entre la formación del nivel medio y los requerimientos para ingresar a la universidad. La solución (probablemente bienintencionada) que se encontró fue suprimir el examen de ingreso e implementar un sistema de compensación académica conocido como Ciclo Básico, que se implementó en muchas universidades. De ese modo, la universidad se hacía cargo del descenso de la calidad formativa de los ingresantes, renunciando a preservar sus propios estándares de exigencia. Esto tuvo como efecto directo una notoria distorsión en los planes de estudio (se alargaron indebidamente) y en la asignación presupuestaria, puesto que el Ciclo Básico insume enormes cantidades de recursos humanos y materiales. Desde entonces el nivel secundario no ha hecho más que descender, arrastrando consigo a la universidad. Con el tiempo, muchas facultades reimplantaron el examen de ingreso, suprimieron el Ciclo Básico o lo sustituyeron por discretos «cursos de nivelación». En otras se preservó, pero empezó a operar no como factor de compensación sino de selección. El principal porcentaje de deserciones se da en ese periodo. Nadie entre las autoridades universitarias está realmente dispuesto a revertir estas medidas funestas. Quizá porque la asignación presupuestaria depende en parte de la cantidad de alumnos ingresados.
La difícil tarea del gobierno corporativo
Uno de los principales objetivos del reformismo fue la democratización del gobierno universitario. De ese modo, del principio del cogobierno docente-estudiantil se pasó al modelo tripartito, en el que se agregaba a los graduados; y finalmente a los no docentes, que se incorporaron a los consejos directivos y superiores. En esta ampliación sucesiva de la representatividad de los organismos de gobierno (probablemente bienintencionada) al parecer nunca se plantearon los problemas que podía producir al principio de gobernabilidad. En la actualidad, prácticamente toda decisión política de los rectores debe pasar por un interminable proceso de negociación y puja de sectores corporativos, que hace que ningún proyecto profundo o de largo alcance pueda llevarse a cabo. Es realmente difícil que el criterio docente, que es el que debería primar en toda institución académica, pueda imponerse sin transar con intereses subalternos de la universidad. Quizá es porque el statu quo termina favoreciendo a todos. O a casi todos, independientemente de las demandas de adaptación y respuesta de un mundo de cambios acelerados. El modelo reformista de gobierno universitario paradójicamente impide toda reforma ulterior. Tuvo otra consecuencia, que dejaremos enunciada pero que no podemos desarrollar aquí: la faccionalización y la injerencia directa de los partidos políticos en la vida universitaria.
El desquicio territorial
Hasta mediados de la década de 1970 la fundación de nuevas universidades siguió un plan estratégico con criterio regional, diseñado por Alberto Taquini a mediados de los 60. Las fundaciones durante el menemismo obedecieron en su mayoría al objetivo de debilitar la gravitación política de la UBA, tradicionalmente controlada por el radicalismo de CABA. Por eso se realizaron principalmente en el Conurbano y Provincia de Buenos Aires, no con un criterio estratégico/académico sino básicamente táctico/electoral. La misma lógica predominó en las numerosas fundaciones que realizó el kirchnerismo, sólo que con un objetivo diverso (lo de la UBA era un partido terminado): regalar a los gobernadores e intendentes amigos instituciones del Estado nacional para consolidar su poder territorial, repartir cargos públicos docentes y no docentes, clientelizar alumnos y eventualmente obtener recursos de caja. Se abandonó por completo el criterio estratégico, se realizaron fundaciones superfluas, que se solapaban territorialmente y en materia de titulaciones, instalaciones edilicias, estructuras administrativas. Provincias de poca población recibieron más de una universidad nacional. Muchas de estas fundaciones son apenas institutos terciarios con estructura y rango universitario. Volveremos sobre esto, porque sólo es el inicio de los problemas estructurales del sistema. A nadie -que yo recuerde- le pareció que estas fundaciones de los últimos treinta y pico años generaran distorsiones de graves consecuencias.
Autonomía y gratuidad
En 1994 los argentinos nos dimos una nueva constitución. Nuestros padres constituyentes no tuvieron mejor ocurrencia (probablemente bienintencionada) que dar rango constitucional a la autonomía universitaria y a la gratuidad de la enseñanza superior. Latía en ese artículo el cándido pero empecinado corazón de la reforma del 18. El principio de autonomía, con el que se pensaba blindar a las universidades de imposiciones y disciplinamientos gubernamentales, tuvo dos consecuencias no deseadas. En primer lugar, ya no fue posible a los gobiernos nacionales establecer planes estratégicos de educación superior. Es muy difícil encontrar en el mundo un sistema universitario público con esos niveles de independencia y autodeterminación. En segundo lugar, abrió la posibilidad de que las universidades camparan a sus anchas, según su propia conveniencia, operando como organismos soberanos, pero con financiamiento público. Crearon facultades, departamentos, sedes y titulaciones sin ningún criterio sistemático ni de articulación. Un ejemplo: las universidades de Quilmes, La Matanza y Tres de Febrero tienen sedes en CABA. ¿Tiene sentido aumentar la oferta académica en el territorio de la UBA? La UBA, por su parte, posee sedes del Ciclo Básico repartidas por la Provincia de Buenos Aires. ¿A qué criterio obedece?
Si quieren satisfacer las demandas de los alumnos, replican titulaciones tradicionales, independientemente de que la oferta ya está cubierta. Si en cambio siguen el criterio burocrático, inventan titulaciones sin demanda del mercado. La CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) un organismo creado para evaluar las carreras de grado y posgrado se convirtió en una mera pasarela de trámite para aprobar todo tipo de titulaciones bizarras.
Por otro lado, al combinar el principio de autonomía con el de la gratuidad, la universidad se quedaba casi por completo sin autarquía financiera, al depender enteramente del presupuesto público (vender bienes servicios a las empresas o gobiernos parece estar ideológicamente fuera de cuestión). El resultado es el que se puede ver en la crisis actual: una autonomía prácticamente impotente ante el ahogo presupuestario dispuesto por el gobierno.
El antimodelo completo
Hacia 2015 se terminó de desquiciar el sistema universitario argentino. La guinda del pastel fue la aprobación de la Ley de Educación Superior impulsada por Adriana Puiggrós, una de las principales responsables de la destrucción de la educación pública, que disponía el ingreso irrestricto y la supresión de condiciones mínimas de regularidad de los alumnos. Se trataba de un presente envenenado que el kirchnerismo de salida le dejaba al gobierno de Cambiemos.
Independientemente de ocasionales mejoras y refuerzos presupuestarios, se experimentó un sostenido deterioro de los salarios universitarios al menos desde fines de los 90. Aún si el gobierno sorpresivamente estuviera dispuesto a la recomposición salarial que se le exige, esta quedaría muy lejos de las escalas remunerativas que perciben los docentes universitarios de los países de la región, que ganan entre una y tres veces más.
Los números de la universidad pública están mostrando una declinación profunda que no hace sino agravarse, sobre todo por la indiferencia o la falta de interés por plantearse los problemas a fondo. Tanto por parte del Gobierno, que se conforma con un ajuste presupuestario hecho a trancas y barrancas, como de la comunidad universitaria, que tiene terror a abrir una discusión seria sobre su futuro, su misión y su función. Pierde la universidad. Perdemos todos.
Lo que viene
En este breve e incompleto análisis he pretendido eludir los tópicos habituales sobre los que se desarrolla la conversación pública acerca de la universidad: modalidades de ingreso, proporción entre ingreso y egreso, cupos, duración de las carreras, titulaciones estratégicas, arancelamiento, financiamiento, transparencia en la gestión institucional. Todos problemas prácticos muy reales y que deben atenderse, pero que es imprescindible remontar hasta los orígenes.
La universidad pública necesita urgentemente definir un programa de reformas profundas, concebidas con perspectiva estratégica.
A mi juicio, tres desafíos principales ponen hoy en tensión a la universidad. El primero es la caída en las preferencias de los jóvenes por los estudios universitarios. Existen alternativas muy atractivas que les permiten obtener ingresos regulares de forma más rápida y eficaz que un grado universitario. La movilidad social ascendente, que antes se asociaba estrechamente a los estudios universitarios, se ha convertido en un fenómeno marginal.
El segundo es el emergente de la Inteligencia Artificial, que no ha hecho sino multiplicar a un nivel de consecuencias por el momento incalculables el reto tecnológico a la educación tradicional, de la que forma parte la universidad.
El tercero es la notoria y constante caída demográfica que se experimenta en nuestro país desde hace más de una década. Pensar que se resuelve con carreras más cortas y apostando a la educación continua a través de los posgrados equivale, ciertamente, a no acercarse siquiera a vislumbrar la magnitud del problema.
Epílogo doméstico
En medio de este convulso presente, la Universidad Nacional de Cuyo se apresta para elegir nuevas autoridades. Hace unos días conversaba con un colega sobre la pertinencia y la voluntad de ejercer el gobierno de nuestra casa de estudios en estas circunstancias. Se sabe, por otra parte, que la fortuna favorece a los audaces. La pregunta es si es posible distinguir, entre las fórmulas y las propuestas, una alternativa que muestre el suficiente nervio, el suficiente músculo para hacer frente al desafío.
Todas son personas honestas y respetables, que parecen conocer bien la universidad. Por algunas tengo un afecto personal. Sin embargo, es difícil ver entre sus motivaciones algo sustancial, propiamente universitario, más allá de asuntos personales pendientes o carreras políticas en ciernes. Nada de esto es nuevo, para bien o para mal. También es cierto que el futuro no está escrito, quién te dice. La disyuntiva se plantea entre mirar de frente y sin excusas la compleja realidad de la universidad pública o limitarse a hacer acompañamiento terapéutico a su larga declinación.
* El autor es profesor universitario.
