La justicia ya notificó al INV para que se expida. Hay confianza en que la Justicia resuelva pronto y a favor de lo que toda la industria prefiere.
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Gentileza Pol/Cony. La eliminación de la obligatoriedad del certificado de ingreso de uvas (CIU) y del formulario CEC-05 -la Declaración Jurada Anual de Elaboración que se emite al terminar de hacer el vino- aguarda resolución en la Justicia. Varias entidades vitivinícolas habían presentado un recurso de amparo para que ambos pasos que hoy tienen carácter de obligatorios continúen así. En el marco de la desregulación, el Gobierno nacional dejó que dichos trámites sean optativos.
En la industria predomina una suerte de sabor amargo en este sentido ya que hay coincidencia en dos puntos. El primero en que las bajas regulatorias aportadas son beneficiosas. El segundo es que permitir optar por estos trámites obligatorios atenta contra la trazabilidad del vino y el buen nombre mundial ganado por Argentina en cuento a la calidad de su bebida nacional.
En palabras del presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Mario González, la industria pretende que el Estado intervenga lo menos posible, pero en este caso lo hace al desregular algo que el sector privado en su conjunto no quiere que así sea. “Hay que cuidar lo que le se ha hecho bien”, destacó González.
La Coviar no participa del recurso de amparo porque no es una acción de su incumbencia, pero sí lo han hecho la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa).
Fabián Ruggeri, presidente de Acovi, contó que están a favor de las desregulaciones, pero no de la derogación del CIU y el CEC 05. “La cámara aceptó el amparo y ayer a la tarde notificó al INV para que haga un descargo o presente su propia postura”, relató Ruggeri. Agregó que el organismo tiene tres días hábiles para responder y la cámara tres más para expedirse. Esta última, sin embargo, puede tomarse más tiempo si así lo desea.
La medida cautelar solicitada pidió no innovar en lo que a la obligatoriedad del CIU respecta. Mario González, también presidente de Carpa, expresó que hay confianza en que la justicia resuelva pronto y a favor del planteo realizado. “Lamentamos haber tenido que llegar a esta situación ya que creemos que la mejor vía es el diálogo”, comentó González.
En una línea similar, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, expresó que habían advertido al Ministerio de Desregulación que dirige Federico Sturzenegger que la situación podía judicializarse. “Es una pena que el gran trabajado de desregular 973 normas en las que todos estamos de acuerdo se empañe por una en la que también se prefiere seguir igual por un tema técnico”, destacó Vargas Arizu.
Desde Bodegas de Argentina (BA) –que no ha participado de la presentación del Amparo- su presidente Walter Bressia opinó que con o sin obligatoriedad las bodegas continuarán con el CIU y que eso no va a cambiar por una cuestión de calidad. En este sentido, el referente de BA expresó que decidieron aceptar la voluntad de la Nación en función de todas las desregulaciones realizadas y que tanto ellos como el resto consideran que serán buenas para el sector.
“Nosotros estábamos de acuerdo con la obligatoriedad, pero no nos suma ni nos resta. Lo que no queremos es que el resto de las medidas se frene por esta situación”, subrayó Bressia. En este sentido, los distintos actores de la vitivinicultura expresaron no comprender la medida tomada por la Nación. “Nos reunimos todas las entidades con los funcionarios nacionales y hubo acuerdo pleno en bajar las desregulaciones y en mantener el CIU y las CEC 05”, recordó el presidente de la Coviar.