Insisten en que el Certificado de Ingreso de Uvas debe ser obligatorio y el Gobierno nacional en que tiene que ser optativo.
Cámaras y entidades vitivinícolas presentaron una acción de amparo para que el Certificado de Ingreso de Uvas siga siendo obligatorio
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La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa) presentaron una acción de amparo por la desregulación en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que hizo que ciertos registros y controles sean optativos.
“Frente a los reiterados pedidos realizados a las autoridades del Ministerio de Desregulación para reincorporar el CIU y su obligatoriedad, y ante la falta de respuestas, presentamos una acción de amparo para garantizar el título de propiedad del productor vitivinícola y la trazabilidad del producto”, informaron en una publicación en X.
Y añaden: “Coincidimos con políticas desregulación y simplificación de los organismos del Estado. Pero entendemos la importancia de mantener herramientas exitosas como el CIU, que no generan burocracia ni mayor costo, garantizando seguridad jurídica y transparencia de toda la cadena”.
Matías Manzanares, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Viñateros de Mendoza, comentó que lamentan tener que haber llegado a esta instancia. “Nos parece un totalmente un absurdo y un capricho del ministro de Desregulación, Sturzenegger”, lanzó.
Detalló que se venía hablando con Nación sobre la importancia de que el CIU siguiera siendo obligatorio antes de que se publicara la resolución del INV 37/2025 (de desregulación). Y que, cuando Sturzenegger vino a Mendoza, todas las entidades y los ministros de Producción de Mendoza y San Juan insistieron en que no podía ser optativo.
Manzanares explicó que, como el amparo tiene un plazo para presentarse a partir de la publicación de la normativa, no podían esperar más.
En cuanto a la situación particular de los viñateros, indicó que les afecta en la trazabilidad. “Se va a perder el control de cuántos kilos hay de uva, cuánto se cosechó. Porque si se deja voluntario y después no se quiere certificar, no se va a hacer”, planteó.
Añadió que, además, el CIU es el instrumento que le daba seguridad jurídica al productor de que había entregado la uva. “Era un instrumento bilateral, que tenía constancia tanto la bodega como el productor de haber entregado la uva. Y en el caso de elaboración a terceros, te mantenía esos vinos separados de la propiedad del bodeguero”, comentó.
Esto implicaba que, en el caso de concurso o quiebra del establecimiento elaborador, el viñatero podía separar su vino del de la bodega. Y si el bodeguero quería venderlo, requería de la conformidad del productor. “Era indispensable para garantizar y darle seguridad al productor que había entregado la uva de poder cobrar después”, cerró.
La acción en la Justicia surge luego de que representantes de diversas entidades vitivinícolas y de distintas provincias productoras le plantearan al ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, en su visita a Mendoza, que estaban de acuerdo con la eliminación del exceso de controles y trámites, pero que mantener la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uvas era fundamental para asegurar la trazabilidad.
Pese a que hubo un amplio consenso en el sector sobre este tema, Sturzenegger manifestó: “Nosotros pensamos que uno tiene que partir de la base de que hay que regular para el productor honesto. No hay que regular pensando que los productores no son honestos, porque el 99,9% de la gente que está en esta industria (quiere que sea) exitosa”. Y reafirmó que entienden que debe ser opcional.
La semana pasada, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, le envió una carta al ministro de Economía de Nación, Luis Caputo, para solicitarle que no eliminen la obligatoriedad del CIU.
Señaló que, durante décadas, esta herramienta ha sido clave para garantizar el funcionamiento ordenado y transparente de la cadena vitivinícola. Se trata, explica, de un documento que se emite cuando ingreso la uva al lagar y que es firmado conjuntamente por el productor y el establecimiento elaborador.
Su existencia asegura:
Dos días más tarde, los ministros de Producción de las provincias vitivinícolas, junto a los principales representantes de la cadena, enviaron también una nota a Caputo, manifestando su profunda preocupación ante los posibles efectos derivados de la desregulación del digesto normativo que contempla la Resolución INV 37/2025. Entre los firmantes estaba la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), una de las entidades que presentó la acción de amparo.
En el texto planteaban que, si bien apoyan toda reforma orientada a la eficacia, desburocratización, simplificación y agilización en el control y la fiscalización de la vitivinicultura, esta simplificación “debe garantizar a los consumidores la calidad, la genuinidad y la aptitud para el consumo de los productos, y debe respetar los derechos de propiedad de todos los participantes de la cadena de valor”.