El sector, en un frente unificado que sigue la línea de acción iniciada por Mendoza, ha elevado una nota formal al Ministro de Economía de la Nación.
Presión vitivinícola a Caputo: exigen mantener los sistemas de control en el sector
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Los ministros de Producción de las provincias vitivinícolas, junto a los principales representantes de la cadena, enviaron una nota al ministro de Economía, Luis Caputo, manifestando su profunda preocupación ante los posibles efectos derivados de la desregulación del Digesto normativo que contempla la Resolución INV 37/2025.
Esta alianza se presentó en concordancia con una nota enviada precedentemente por el Ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, demostrando una coordinación territorial para defender el sistema de control. Entre los firmantes de la misiva se encuentra la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM).
Si bien el sector asegura que apoya toda reforma orientada a la eficacia, desburocratización, simplificación y agilización en el control y la fiscalización de la vitivinicultura, esta simplificación “debe garantizar a los consumidores la calidad, la genuinidad y la aptitud para el consumo de los productos, y debe respetar los derechos de propiedad de todos los participantes de la cadena de valor”.
La preocupación central del sector es que la desregulación amenaza con impactar directamente en la trazabilidad integral de la industria vitivinícola, un sistema que fue perfeccionado durante muchos años para ser la base de la transparencia, el control y la seguridad en todos los eslabones.
En este contexto, la carta enfatiza la “necesidad indispensable de asegurar la plena continuidad de dos instrumentos estructurales del control”. Estos son la Declaración Jurada de Ingreso de Uva (CIU) y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC 05), junto con su Anexo de Terceros.
Los representantes del sector manifestaron que el CIU “ha sido durante décadas la piedra angular del ordenamiento de la producción primaria”. Los productores sostienen en la nota que “es la única constancia fehaciente que certifica el ingreso real de la uva al lagar, detallando peso, variedad y condiciones de entrega”.
Por su parte, la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC 05), “proporciona continuidad y validez administrativa a la información del CIU, registrando con precisión los volúmenes elaborados y las titularidades correspondientes”.
Resaltaron la importancia de este certificado para identificar correctamente la producción de terceros, asegurar su disponibilidad y respaldar documentalmente sus derechos.
El sector advierte que la eliminación del CIU y la ausencia del CEC 05 “fragmentan la trazabilidad y generan una profunda incertidumbre, afectando la seguridad jurídica de miles de productores y el funcionamiento ordenado de la cadena”.
Según indicaron, la capacidad de reconstruir el recorrido completo de la uva y sus derivados “es indispensable para garantizar la calidad, autenticidad y genuinidad de los productos, resguardar la propiedad y la participación real de cada actor, sostener la integridad estadística del INV, mantener estándares internacionales de control, y brindar plena confianza a los consumidores y mercados, tanto internos como externos”.
Por todo lo dicho anteriormente, la nota concluye que es fundamental asegurar la plena continuidad del CIU y del CEC 05 “como herramientas esenciales para garantizar una trazabilidad completa, verificable y jurídicamente sólida en toda la cadena vitivinícola”.
Días atrás, el ministro de Producción de Mendoza le envió una carta al ministro de Economía de Nación, Luis Caputo, para solicitarle que no eliminen la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uvas (CIU). Es uno de los cambios que incluyó la desregulación del INV y que fue señalado como un inconveniente desde diversos sectores de la vitivinicultura.
En el texto, Vargas Arizu detalla que, durante décadas, esta herramienta (el CIU) ha sido clave para garantizar el funcionamiento ordenado y transparente de la cadena vitivinícola. Se trata, explica, de un documento que se emite cuando ingreso la uva al lagar y que es firmado conjuntamente por el productor y el establecimiento elaborador.
"Deseo destacar que el sistema vigente, basado en la obligatoriedad del CIU, ha demostrado un funcionamiento adecuado y sostenido en el marco de los Convenios de Corresponsabilidad Gremial (CCG) vitivinícolas. Además, es una herramienta relevante para la formalización laboral y la correcta administración de las obligaciones previsionales", planteó el ministro a Luis Caputo.
Añade que este documento es el único instrumento obligatorio que permite determinar objetivamente la cantidad de quintales entregados por cada productor y que este es un dato imprescindible para la aplicación de los CCG. Advierte que, si el CIU fuera optativo, se desfinanciarían los Convenios de Corresponsabilidad Gremial y estaría en riesgo la cobertura ante accidentes y de salud de miles de trabajadores del sector.
Y también señala que se comprometería el financiamiento de la Ospav (Obra Social del Personal de la Actividad Vitivinícola) y de los avances logrados en materia de formalización laboral.