En la previa de la visita del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a Mendoza, el Centro de Economía Política Argentina analizó las modificaciones.
Cuáles son los cambios en el Instituto Nacional de Vitivinicultura y su posible impacto en la industria vitivinícola
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Marcelo Rolland / Los Andes El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe sobre la resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), para analizar las implicancias y desafíos que plantean los cambios en la industria vitivinícola. Esto, horas antes de que el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, llegue a Mendoza para debatir sobre este tema.
La medida fue publicada el viernes pasado y generó revuelo en el sector, porque si bien existía un consenso sobre la necesidad de reducir la cantidad de controles, se han generado dudas sobre el impacto que puede tener que ciertas gestiones -en particular el CIU (la declaración jurada del ingreso de la uva)- dejen de ser obligatorias, para pasar a ser optativas.
El CEPA detalla que la resolución introduce una reforma estructural en el sistema de control del vino argentino. También, que derogó 973 normas históricas, cerca del 80% del cuerpo legal vigente, y transformó el enfoque estatal: el INV deja de fiscalizar todas las etapas de la producción y pasa a controlar únicamente el vino terminado, con un Certificado Analítico de Libre Circulación.
El Gobierno la presenta como una política de modernización y simplificación administrativa, pero el informe del CEPA advierte que se trata, en realidad, de un cambio de régimen regulatorio, más profundo incluso que las reformas de los '90. No supone una desregulación completa, sino una transferencia del control estatal al mercado, donde el Estado abandona su rol preventivo para adoptar uno correctivo y posterior.
Se redujeron los controles que realizará el INV
Antes de la resolución, el INV realizaba un control preventivo y continuo: inspeccionaba viñedos, cosecha, elaboración, transporte y fraccionamiento. Con el nuevo esquema, se eliminan esas etapas intermedias y el control se limita al producto embotellado. Las inspecciones presenciales, que sumaban unas 5.000 al año, desaparecen; los permisos de tránsito y las declaraciones juradas semanales se sustituyen por trámites digitales; y el grado alcohólico mínimo ya no se determina anualmente según la cosecha.
Las certificaciones de origen (CIU), añada y varietal, que antes eran obligatorias y garantizadas por el Estado, pasan a ser optativas y podrán gestionarse a través de entidades privadas. Sólo las certificaciones de exportación se mantienen bajo control estatal, ya que son requeridas por los países de destino.
El informe identifica de CEPA cinco áreas críticas de impacto: trazabilidad y competencia, control de calidad, información estadística, asimetrías de poder y acceso a la información.
Trazabilidad y competencia desleal
La eliminación del CIU implica la pérdida del “momento cero” de la trazabilidad, es decir, el registro que permitía conocer el origen, volumen y calidad de la uva. Sin ese control, se abren riesgos de mezcla de uvas de diferentes zonas o calidades, lo que debilita las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.
Además, al volver privadas las certificaciones, los pequeños productores deberán pagar por servicios que antes eran públicos, lo que puede excluirlos de segmentos de mayor valor. También se dificulta probar la calidad o el volumen entregado en eventuales litigios entre productores y bodegas.
Control de calidad y seguridad del consumidor
Con el foco solo en el producto final, el sistema no garantiza detectar irregularidades durante la elaboración, como la adición de sustancias no permitidas o el uso de uvas de mala calidad sanitaria. El muestreo selectivo basado en riesgos deja sin control miles de vinos que circularán en el mercado.
El documento recuerda antecedentes graves -como el caso “Soy Cuyano”, con 29 muertes por metanol- y advierte que el control tardío podría dañar no solo a una empresa, sino a la reputación internacional del vino argentino.
Pérdida de la estadística pública
El CIU también era la base de datos que sustentaba toda la política vitivinícola desde los años '60. Su eliminación deja al Estado sin información sobre volúmenes, variedades, destinos o existencias, lo que impide planificar políticas de reconversión varietal, regular excedentes o prever precios.
El informe subraya que “sin datos públicos no hay política pública posible”, y alerta sobre el riesgo de que la información del sector quede en manos de grandes actores privados.
Asimetrías de poder y concentración
El nuevo sistema favorece a las grandes bodegas, que cuentan con laboratorios y recursos para autogestionar certificaciones, mientras los pequeños productores pierden respaldo técnico y jurídico. Si las certificaciones privadas quedan bajo control de grandes empresas, podrían convertirse en una herramienta de exclusión.
Acceso a la información y brecha digital
Las declaraciones juradas digitales y el nuevo digesto normativo requieren capacidades tecnológicas que muchos pequeños productores no tienen, especialmente en zonas rurales con baja conectividad. El CEPA advierte que sin asistencia técnica, parte del sector podría quedar fuera de la formalidad.
Frente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, la Nación pasara a disponibilidad a 49 empleados del INV.
Desde su creación en 1959, el INV actuó como un organismo de control y promoción del desarrollo vitivinícola. Su rol evolucionó con el tiempo, pero siempre mantuvo la función de garantizar genuinidad y trazabilidad. La resolución 37/2025 -señala el informe- “no sólo transfiere la regulación al mercado, sino que desactiva la función pública de generar información”, completando un proceso iniciado en los años noventa.
La reforma implica un cambio estructural en la relación entre Estado y mercado. Si bien promete mayor agilidad y competitividad, también aumenta la desigualdad dentro del sector y debilita los mecanismos de control público.
El informe concluye que la simplificación administrativa era necesaria, pero que el núcleo de esta reforma “no es la simplificación, sino la renuncia al conocimiento público”. Sin ese conocimiento -sin series, métricas ni trazabilidad verificable-, advierte el CEPA, no hay posibilidad de política pública ni de equilibrio en la cadena de valor.
En definitiva, la resolución 37/2025 abre una nueva etapa para la vitivinicultura argentina, donde el desafío será equilibrar la eficiencia prometida con la necesidad de preservar la equidad, la transparencia y la confianza que sostienen la reputación del vino argentino.