El ministro de Desregulación y Transformación del Estado cruzó a los viñateros mendocinos por judicializar la desregulación del sector. Eduardo Córdova respondió y defendió el CIU.
Federico Sturzenegger comparó el reclamo de los viñateros de Mendoza con la postura de la AFA que conduce Chiqui Tapia.
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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apuntó contra la Asociación de Viñateros de Mendoza por recurrir a la Justicia para frenar una medida de desregulación del sector vitivinícola y los comparó con la conducción de la AFA encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. La crítica surgió a partir del reclamo para que vuelva a ser obligatorio el Certificado de Ingreso de Uva (CIU).
En un extenso posteo público, Sturzenegger sostuvo que, al igual que ocurrió en el fútbol argentino, el planteo judicial busca impedir la posibilidad de elegir y sostener esquemas que, según su mirada, favorecen intereses concentrados en detrimento de la competencia y la libertad productiva.
Federico Sturzenegger explicó que la presentación judicial de la Asociación de Viñateros de Mendoza replica la estrategia que utilizó la AFA cuando se opuso a que los clubes pudieran decidir si querían transformarse en sociedades anónimas tras el DNU 70/23. “Recurrieron a la Justicia para prohibir la opcionalidad. Es decir, no querían que los socios pudieran elegir”, afirmó en referencia al accionar de la entidad que conduce Chiqui Tapia.
El ministro señaló que algo similar ocurre ahora en el sector vitivinícola, luego de que el Gobierno resolviera que el Certificado de Ingreso de Uva dejara de ser obligatorio. “El 45% de los productores que previamente estaban obligados a hacer el CIU luego no lo usaban. Por eso, justamente lo hicimos opcional”, argumentó.
En ese marco, cuestionó el pedido presentado ante el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, a cargo del juez Pablo Oscar Quirós. “¿Por qué un productor querría obligar a otro a una carga burocrática? Es curioso, ¿no?”, planteó Sturzenegger, al remarcar que la medida no prohíbe el uso del CIU, sino que deja la decisión en manos de cada productor.
Al profundizar en las razones del conflicto, Sturzenegger sostuvo que existen posibles intereses detrás del intento de reinstalar la obligatoriedad del CIU. “El CIU operaba como un mecanismo de control del mercado, ya que reunía información valiosa que permitía saber qué uva se movía y cuál entraba al circuito de comercialización”, explicó.
Según el funcionario, ese tipo de información “facilita el control y la cartelización del mercado”, lo que convertiría al certificado en “un instrumento esencial para la implementación de prácticas anticompetitivas”. En la misma línea, deslizó una segunda hipótesis vinculada al financiamiento de entidades sectoriales. “Sin el CIU, se les dificulta el cobro de esa tasa”, afirmó en alusión a sectores vinculados a la Coviar, cuyo mandato, según señaló, se encuentra vencido.
Además, remarcó que existen actores de la industria que respaldan la desregulación y la opcionalidad del certificado, y confió en que esas voces sean consideradas en el ámbito judicial.
En el cierre de su mensaje, Federico Sturzenegger apeló a la historia para reforzar su postura contra la regulación estatal en la vitivinicultura. Recordó que en 1934 se prohibió la producción vitivinícola fuera de Cuyo, una decisión que provocó un fuerte daño a productores de distintas provincias. “Es una industria que ha sufrido las vejaciones del Estado como ninguna otra”, afirmó.
Desde esa perspectiva, defendió la política de desregulación impulsada por el Gobierno de Javier Milei y cuestionó a quienes, según dijo, “se escudan en la regulación para volver a hacer daño, esta vez, a sus propios colegas”. “Esperemos que la Justicia se ponga del lado de la producción y la libertad, y no del lado de la regulación, las prácticas anticompetitivas y los intereses de una o dos corporaciones”, concluyó.
Las declaraciones de Federico Sturzenegger generaron un fuerte rechazo en el sector vitivinícola mendocino. En una entrevista exclusiva con diario Los Andes, el presidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza, Eduardo Córdova, salió al cruce del ministro y cuestionó duramente la comparación con la AFA y Chiqui Tapia.
“Nos parece típico de un funcionario de escritorio que no se ensucia los zapatos caminando el campo. No sabe la realidad de los productores ni los problemas que atravesamos, cuando además generamos en toda la cadena 100.000 puestos de trabajo”, afirmó Córdova. En esa línea, consideró que la comparación fue “absolutamente inapropiada, muy agresiva y muy desconsiderada”.
El dirigente también remarcó que los viñateros son productores que trabajan a diario en el campo. “Somos gente que estamos al pie de la viña para que esto siga funcionando y generando trabajo”, sostuvo, y cuestionó el tono utilizado por el funcionario nacional para referirse al sector.
Córdova también apuntó directamente contra la eliminación del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), una herramienta que definió como clave para garantizar transparencia y protección al productor. “El CIU es nuestra acreditación de los kilos que entregamos, la variedad de uva, la añada, la procedencia y el tenor azucarino. Si no nos dan ese comprobante, es nuestro título de propiedad de la uva que entregamos”, explicó.
Según advirtió, en un contexto de caída del consumo y dificultades comerciales, la falta de ese respaldo deja al productor en una situación de extrema vulnerabilidad frente a las bodegas. “El bodeguero puede decir ‘dejámela ahí y después vemos’, y el productor queda totalmente desprotegido”, señaló.
Además, cuestionó la reducción de los controles oficiales. “Antes los inspectores iban un domingo, un feriado, de noche o a la siesta, y verificaban que los datos volcados fueran correctos. Hoy podés entregar una uva con 222 gramos de azúcar y que te anoten 215, y después no hay forma de denunciarlo”, alertó.
Para Córdova, estos cambios afectan directamente la calidad y la transparencia del sistema. “Esto apunta contra la genuinidad del producto y perjudica a los productores que sostenemos la actividad todos los días”, concluyó.
En su respuesta, Córdova remarcó que el reclamo de la Asociación de Viñateros de Mendoza no tiene un trasfondo político, sino productivo y laboral. “Somos productores, gente que está al pie de la viña para que esto siga funcionando y generando fuentes de trabajo”, afirmó, al destacar que la actividad vitivinícola sostiene 100.000 puestos de trabajo en toda la cadena.
El dirigente insistió en que la eliminación del CIU y la menor presencia de controles perjudican al productor primario y también afectan la calidad del producto final. “Esto apunta directamente contra la genuinidad del producto”, señaló, y advirtió que sin registros claros y verificaciones presenciales se abren márgenes para irregularidades que terminan impactando en todo el sector.
Desde esa mirada, Córdova defendió el rol de los controles como una herramienta de equilibrio y transparencia, y rechazó que se los presente como una traba burocrática. “Lo que pedimos es previsibilidad y reglas claras para poder trabajar”, dejó implícito, al subrayar que el reclamo busca proteger al productor frente a un escenario económico adverso y asimetrías de poder dentro de la cadena vitivinícola.