Un borrador del Gobierno propone un nuevo avance de desregulaciones, que incluyen al agro, la ganadería y la vitivinicultura, entre otros sectores.
Sturzenegger propone eliminar la Coviar en el marco de un buen número de desregulaciones.
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Cuando el Gobierno nacional dispuso la eliminación de las contribuciones obligatorias que financian a la Corporación Vitivinícola Argentina, el eje de la discusión giró en torno a si una resolución podía modificar lo que establece una ley (la que creó la entidad y fijó su fuente de financiamiento por parte de las bodegas). Ahora, la Coviar estaría incluida en un proyecto que deroga la normativa.
En las últimas horas se conoció la existencia de un borrador de un proyecto de ley, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El texto, de 144 páginas, propone modificar normas históricas que regulan distintas actividades productivas, entre ellas la promoción del vino argentino y de la carne vacuna.
Aunque la iniciativa todavía no fue enviada al Congreso, el texto ya comenzó a circular entre entidades rurales y empresarias. El proyecto forma parte de una nueva etapa de la política de desregulación del Gobierno de Javier Milei y también alcanza a sectores como el mercado inmobiliario, las farmacias, la industria editorial, el gas licuado y el transporte marítimo.
El proyecto contempla la derogación de la ley 25.849, que creó la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), en 2004, para ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y coordinar acciones entre el sector público y privado.
De prosperar el proyecto, desaparecería el marco legal que dio origen a la corporación, responsable durante más de dos décadas de articular programas de promoción, innovación, desarrollo tecnológico y apertura de mercados para la industria vitivinícola. Y los fondos remanentes pasarían al INV.
Después de que, en mayo, la Secretaría de Agricultura dispusiera el cierre del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) -extendido por la entidad hasta 2030- y la suspensión del aporte obligatorio que financia esas acciones, la Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por Coviar y dejó sin efecto, de manera provisoria, esa decisión hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Por otra parte, la propuesta también reduce los controles e inspecciones a la cadena vitivinícola, flexibiliza las prácticas enológicas y hace que las multas basadas en el valor del producto. El dato llega en el marco del rechazo, por parte de las bodegas y los viñateros, del aumento de los aranceles por los servicios que presta el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), establecido por una resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.
La iniciativa oficial también propone modificar el esquema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva). Actualmente, el organismo se sostiene mediante un aporte obligatorio de los distintos eslabones de la cadena bovina.
El proyecto busca eliminar esa contribución compulsiva y reemplazarla por un sistema de adhesión voluntaria, bajo el argumento de reducir cargas para el sector privado y que sean los propios actores quienes decidan financiar las acciones de promoción.
También propone la derogación de un artículo de la ley 13.636, que fija que cualquier producto veterinario importado (vacunas y antibióticos, por ejemplo) tiene un plazo de cuatro años para empezar a fabricarse en Argentina. Ahora, los laboratorios internacionales no tendrán la necesidad de producir en el país.
El capítulo agropecuario forma parte de un paquete mucho más amplio impulsado por Sturzenegger, que modifica o deroga decenas de leyes. Entre otras medidas, elimina regulaciones sobre el mercado del gas licuado de petróleo (GLP), con lo que el mercado de las garrafas pasa a regirse exclusivamente por la oferta y la demanda; y modifica la Ley de Farmacias, para permitir que los medicamentos de venta libre se puedan ofrecer en otros negocios, como kioscos, y que las farmacias puedan utilizar plataformas de envío a domicilio.
Asimismo, flexibiliza el régimen para ejercer como corredor inmobiliario, quitando el requisito de tener título universitario; elimina el precio único del libro, que protege a las librerías pequeñas frente a las grandes cadenas, incluidas los supermercados; modifica normas sobre el doblaje audiovisual, permitiendo que se realice en cualquier parte del mundo y no necesariamente en Argentina; y abre el régimen de cabotaje, para permitir que los barcos extranjeros transporten carga y pasajeros entre puertos argentinos.
El Gobierno sostiene que el objetivo es eliminar restricciones, reducir costos regulatorios y dar mayor libertad a la actividad privada, pero la iniciativa ya ha despertado inquietud, e incluso rechazo, por parte de algunas cámaras sectoriales.
