El Gobierno nacional formalizó el cierre del Plan Estratégico que lleva adelante Coviar y desató un vendaval en la vitivinicultura. Voces a favor y en contra.
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Daniel Caballero / Los Andes gEl Gobierno nacional formalizó este martes el cierre del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) y dispuso el fin de las contribuciones obligatorias que financiaban a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). A través de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca se oficializó la medida que cosechó voces a favor y en contra durante toda la mañana.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger había expresado su satisfacción por terminar con lo que definió un “impuesto que el Estado le había regalado a los privados”. Entre otros puntos, la resolución le da tres meses a la Coviar a que presente un balance de lo realizado así como da por finalizado a partir del 4 de mayo de 2026, el PEVI. Así, no se disuelve la Corporación, pero habrá que ver si logra continuar con su financiamiento.
El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, señaló que la eliminación por parte del Gobierno nacional del aporte obligatorio para financiar a la Coviar es razonable dado que la entidad no logró alcanzar los objetivos fijados en el PEVI. Agregó que, en el complejo momento que atraviesa la vitivinicultura, hay que reducir costos a las bodegas y productores primarios.
En este marco, desde Coviar manifestaron su “rechazo por improcedente, inconsulta e inoportuna a la Resolución 55/2026”. Las cámaras empresarias que integran la Corporación alertaron sobre el impacto negativo que esto traerá a la vitivinicultura argentina, en el actual contexto de crisis económica.
También anticiparon que llamarán con urgencia a una reunión de Directorio para definir los pasos a seguir con el objetivo de defender la institucionalidad del sector y la vigencia de una planificación estratégica que se viene sosteniendo desde hace más de dos décadas. “Lamentamos profundamente la decisión adoptada por la Secretaría de Agricultura porque se aparta de los principios de legalidad, previsibilidad e institucionalidad que deben regir la relación entre el Estado y los sectores productivos”, expresaron.
Agregaron: “Solicitamos de manera urgente que se revea la resolución adoptada y se deje sin efecto a fin de encauzar cualquier proceso de revisión o adecuación dentro de los marcos legales e institucionales correspondientes”. Desde Coviar se pidió que se garantice el diálogo, la seguridad jurídica y la estabilidad necesaria para el desarrollo de la vitivinicultura argentina.
Además, fuentes que se manifestaron a favor de la Coviar expresaron que no es una cámara empresaria sino que su objetivo va mucho más allá. Explicaron que con este tipo de acciones se “atenta contra el federalismo” y la actividad corre el riesgo de ser manejada desde Buenos Aires. Por otra parte, aseguraron que la resolución va contra todo lo que sea “comunitario” lo que, al final de cuentas, atentará contra el productor primario ya que hay cada vez menos controles e información en danza.
Desde el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, su director ejecutivo Mauro Sosa remarcó que durante la mañana del martes todas las expresiones de sus asociados eran de satisfacción por la resolución publicada. Esta entidad se fue de la Coviar en 2014 por discrepancias con la conducción y “resultados que no llegaban”. El dirigente expresó que están a favor de la medida tomada por el Gobierno más allá de los motivos esgrimidos desde el Ejecutivo nacional.
“Previo a eso tenemos antecedentes de reclamos privados y públicos frente a una Corporación que se negaba a escuchar”, destacó Sosa. Agregó que el Centro nuclea a todas las patas de la cadena vitivinícola y que el aporte obligatorio a la Coviar se había transformado un verdadero costo extra.
Desde su punto de vista, todos estuvieron de acuerdo con un PEVI en el año 2000, objetivo que con el correr del tiempo se comenzó a desdibujar. Uno de los problemas principales tenía que ver, para Sosa, con que la Coviar no es una entidad gremial empresaria, pero se arrogó esa representación. “En ese momento se comenzó a debilitar”, expresó el presidente del Centro de Viñateros y Bodegueros para quien esa representatividad la tenían las cámaras de por sí.
En 2020, una carta firmada por el Centro de Viñateros y Bodegueros decía que la Coviar ha “deformando su misión al tiempo que se ha asegurado un financiamiento vía contribución obligatoria”. La nota agregaba: “No logran disimular el fracaso de sus específicos objetivos como reimpulsar el mercado argentino de vinos, aumentar las exportaciones e integrar al pequeño productor al negocio vitivinícola”.
También durante la mañana del martes se expresó Bodegas de Argentina que también desde 20290 ha solicitado el cese del aporte obligatorio a la Coviar. En pos de la liberta empresaria, desde esta entidad también pidieron rever el acuerdo Mendoza-San Juan. “A partir de ahora, cada uno decidirá el valor que le aporta Coviar para pagarlo o no”, celebró Patricia Ortiz, presidenta de BA.