La resolución oficial pone fin al PEVI y elimina los aportes obligatorios a Coviar. La medida quedó oficializada en el Boletín Oficial.
El gobierno nacional puso fin al aporte obligatorio a Coviar
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Daniel Caballero/ Los Andes El Gobierno nacional formalizó este martes el cierre del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) y dispuso el fin de las contribuciones obligatorias que financiaban a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). La medida quedó oficializada a través de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
La decisión marca un punto de inflexión para el esquema institucional del sector: el Ejecutivo entendió que el PEVI tenía un horizonte temporal explícito hasta 2020 y que cualquier extensión requería aprobación estatal, algo que —según el texto oficial— no ocurrió en tiempo y forma. En ese marco, la actualización impulsada por COVIAR hacia el llamado “PEVI 2030” fue considerada únicamente como una solicitud de prórroga, que ahora se da por concluida.
En concreto, la resolución aprueba parcialmente esa extensión solo hasta la entrada en vigencia de la norma y declara cumplido el plazo del plan, ordenando su cierre definitivo en un plazo de tres meses. Durante ese período, la corporación deberá presentar un informe final con rendición de cuentas, detalle de acciones, cumplimiento de metas y estado de los recursos.
Uno de los puntos centrales es la eliminación inmediata de los aportes obligatorios que sostenían el funcionamiento del plan. Se trata de las contribuciones establecidas por la Ley 25.849, que eran abonadas por todos los establecimientos vitivinícolas para financiar las acciones estratégicas del sector. Con la finalización del PEVI, el Gobierno considera extinguida la finalidad de ese esquema de financiamiento.
Además, la normativa instruye al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) a cesar la recaudación de estos aportes y establece que los fondos remanentes deberán ser transferidos al propio organismo, como autoridad de aplicación del sector.
El texto oficial aclara que la medida no implica la disolución de COVIAR, que continuará existiendo como persona jurídica de derecho público no estatal. Sin embargo, su rol queda redefinido, al perder el instrumento central que le daba financiamiento y sentido operativo: la ejecución del plan estratégico.
En los considerandos, la Secretaría también cuestiona el alcance de las decisiones adoptadas por el directorio de la corporación en los últimos años, al señalar que no tenía facultades para prorrogar unilateralmente el plan.
Esta medida viene a cerrar el debate en torno al esquema de financiamiento de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). Desde hace varios años, dentro del propio sector, se venían haciendo públicos cuestionamientos estructurales sobre su funcionamiento y el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI).
Uno de los antecedentes más relevantes es la decisión de Bodegas de Argentina de retirarse de la entidad en 2019. La entidad fundamentó esa salida en la “falta de transparencia, modos de proceder y eficacia en su gestión”. Sin embargo, pese a no participar institucionalmente, las bodegas continúan obligadas por ley a realizar aportes económicos obligatorios, bajo la amenaza de ver inmovilizadas sus operaciones en caso de incumplimiento o mora.
En la misma línea, el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este se había retirado aún antes, en 2014. Desde entonces, sostiene una postura crítica sobre la continuidad de los aportes. Entre sus principales argumentos, señala que la COVIAR no habría logrado cumplir con los objetivos del PEVI, tales como el posicionamiento de los vinos argentinos en mercados internacionales, la recuperación del consumo interno y la integración de pequeños productores. A esto se suma el cuestionamiento a la prórroga del PEVI 2030 sin consensos amplios dentro del sector.
El conflicto escaló en 2024, cuando el Gobierno nacional avanzó con la intención de modificar el esquema de financiamiento. En dos reuniones encabezadas por ex el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Juan Pazo, se planteó la posibilidad de eliminar los aportes obligatorios y transformarlos en voluntarios. El Ejecutivo consideraba a la contribución actual como un “peaje”.
En ese marco, el Gobierno buscó impulsar un rediseño del sistema y forzar al sector a alcanzar consensos internos. Mientras algunos actores se resistieron, otros analizaron alternativas como reorientar los fondos hacia la promoción internacional del vino, dejando en segundo plano el mercado interno. Pero nada prosperó.
Del otro lado, desde la propia COVIAR rechazan las críticas y sostienen que el incumplimiento de metas se debe a factores macroeconómicos, como la inflación y el atraso cambiario, que exceden a la entidad. Además, destacan acciones como la asistencia técnica y programas como el PROVIAR I, que destinó 80 millones de dólares a pequeños productores para riego e infraestructura.
En el plano jurídico, la corporación sostuvo históricamente, que la Ley 25.849 no establece plazos de caducidad para su financiamiento, por lo que su continuidad está respaldada legalmente.