A través del decreto 315/26, el Gobierno reglamentó la reducción de aportes patronales para las contrataciones nuevas, según la reforma laboral. La opinión empresaria.
El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) a través del decreto 315/26, una herramienta de la Ley de Modernización laboral (N°27802). El objetivo principal es blanquear las relaciones de trabajo que en la actualidad están en la informalidad. Sin embargo, también se espera que funcione como un incentivo de corto plazo para la contratación de nuevos puestos de trabajo.
El decreto delimita sujetos, período de vigencia, alcance del beneficio y causales de pérdida.; entre otros puntos. En este marco, distintos referentes del sector privado de la provincia celebraron la medida al tiempo que anticiparon el verdadero alcance que tendrá. Con variaciones y en líneas generales, hubo coincidencia en que el impacto no será en todos los rubros aunque varios se verán beneficiados. El hecho de que sea un incentivo con fecha de vencimiento, genera algunas dudas sobre el alcance real.
El decreto especifica que se considerarán alcanzadas las nuevas incorporaciones las relaciones laborales que se inicien y se registren ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El lapso de inscripción va del 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027 y tendrá una duración de 48 meses (4 años). En este marco, se reducirán las contribuciones patronales un 5% en total. Un 2% por lo que debe destinarse a SIPA y Fondo Nacional de Empleo + Asignaciones Familiares más el 3% del INSSJP.
Diego Stortini, dirigente empresario del Valle de Uco y miembro de la Federación Económica de Mendoza (FEM), expresó que la baja en las contribuciones patronales implica un ahorro importante. Es decir, que una parte del dinero que no se destine a este ítem podría usarse para pagar deudas o realizar pequeñas inversiones. Desde su punto de vista, la legislación es específica y clara por lo que estimó que “va a funcionar en la medida en que haya mayor demanda de empleo”.
Para Stortini no se trata de una reforma laboral menor sino de un incentivo fiscal directo a la contratación formal de trabajadores. “Los empresarios lo hemos venido pidiendo y creo que hay que ponerlo en valor”, destacó Stortini. Agregó que hay actividades a las que les va a ser más útil que a otras, pero que con el inicio de la temporada puede ser clave para el mantenimiento de viñedo, poda de frutales, etc.
“Puede ser un alivio concreto dentro del sector agrícola donde suele haber mayor informalidad”, observó Stortini para quien el área de comercio también podría aprovechar la oportunidad.
Desde el sector de fruta industrializada, Raúl Giordano –presidente de la Cámara que nuclea a este rubro (Cafim)- destacó que acaban de terminar la temporada fuerte. En este contexto, estimó que este rubro no se beneficiará, al menos por el momento, de los incentivos propuestos por el RIFL.
Con relación al Turismo, Marcelo Rosental, presidente de la Cámara de Hotelería de Mendoza, opinó que la medida es positiva dado que va por el “buen camino”. Sin embargo, expresó que su sector no aprovechará del todo el beneficio. Es que si bien se percibe mayor movimiento, todavía hay cautela dado que muchas pymes trabajan con lo justo y escasos márgenes de rentabilidad. En este marco, son pocos los que piensan en nuevas contrataciones.
“En el turismo hay una recuperación puntual aunque con niveles de tickets más bajos, buenas promociones que implican ceder en términos de rentabilidad”, sumó Stortini. Los beneficios del programa recientemente reglamentado podrían ser utilizados más por empresas que –como los hoteles 5 estrellas- contratan siempre en blanco aunque sean empleados temporales.
“Es probable que para la temporada de invierno y la próxima de verano sea utilizado por estos rubros”, comentó Rosental. La gastronomía y áreas específicas del comercio también podrían o blanquear a sus trabajadores o incorporar a los que poseen con menores aportes patronales. El beneficio es por cuatro años y, aunque temporal, es un lapso de tiempo valorado en líneas generales.
El problema de base, en palabras de Rubén Palau –presidente local de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme)- es que la reducción de contribuciones patronales sin una economía que crezca podría quedar en la nada. “Se han dado cuenta de que la informalidad crece y buscan promover nuevos puestos de trabajo formal”, observó Palau. En este contexto, sumó que se trata de un beneficio muy bueno en tanto y en cuanto exista una economía que traccione el empleo o la necesidad de formalizar.
“Las pymes están al límite y trabajan casi al costo. La informalidad crece dado que no hay condiciones para sostener los negocios”, sumó Palau. El dirigente empresario expresó que el incentivo podría caer en el vacío debido a la falta de políticas concretas que atraigan inversiones. “Sin un cambio real en la economía y mejoras en los sueldos, nada va a cambiar más allá de la reforma laboral”, subrayó Palau. De este modo, en general la opinión favorable de la medida se choca, por el momento, con la realidad de un consumo en baja con bajas expectativas hacia adelante.