El organismo actualizó las tarifas de análisis y controles para 2026. La UVA cuestionó la medida y alertó por el impacto en los costos del sector.
Las bodegas y empresas vitivinícolas deberán afrontar mayores costos por análisis, inspecciones y certificaciones del INV.
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El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) estableció un aumento de aranceles para sus análisis, inspecciones y servicios al sector vitivinícola mediante la Resolución 102/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.
La medida generó rechazo en la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), que cuestionó la actualización al considerar que implica una suba promedio del 90% en los aranceles del organismo y un incremento de costos para las empresas del sector en un contexto de caída del consumo interno y mayor competencia internacional.
La Resolución 102/2026, firmada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Sergio Iraeta, estableció nuevos valores para los servicios que presta el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), entre ellos análisis químicos, fisicoquímicos y microbiológicos, inspecciones, certificaciones y prestaciones complementarias.
Según los fundamentos de la norma, la actualización fue impulsada para que el organismo pueda “asegurar el financiamiento con recursos propios de la totalidad del gasto operativo y de funcionamiento del mismo, sin requerir en tal sentido financiamiento del Tesoro Nacional y con el menor impacto posible sobre el universo de interesados que requieren sus servicios”.
Además, la resolución indicó que los recursos obtenidos permitirán afrontar las cuotas de amortización anual de capital e intereses del Convenio de Préstamo Subsidiario N° 540, firmado en 2010 entre el entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el INV.
El Gobierno también señaló que la medida permitirá sostener el plan de obras e inversiones en equipamiento e instalaciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura, autorizado dentro del Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026.
En ese sentido, la resolución sostuvo que la propuesta busca aportar a la competitividad del sector vitivinícola, especialmente de las pequeñas y medianas empresas exportadoras, y mantener “los niveles de calidad de las prestaciones acordes con el cumplimiento de sus fines y misión sustantiva”.
La Unión Vitivinícola Argentina (UVA) expresó su “terminante oposición” a la Resolución 102/2026 del Ministerio de Economía, implementada a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, por el aumento de los aranceles del Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Según la entidad, la actualización representa una suba promedio del 90% en los aranceles del INV y genera un impacto directo sobre los costos de las empresas vitivinícolas.
La organización cuestionó que la resolución plantee como objetivo mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. “Por otro lado curiosamente habla de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas”, señaló la UVA en su comunicado.
Para la entidad, la consecuencia concreta de la medida será un aumento de los costos regulatorios para la actividad. “Esto en la práctica es un aumento liso y llano de los costos de las empresas vitivinícolas”, afirmó.
La UVA sostuvo que históricamente defendió “la existencia de un organismo de control moderno, ágil y desburocratizado”, aunque cuestionó el funcionamiento actual del instituto al considerar que sus funciones básicas “han sido desmanteladas y están vigentes mediante recursos judiciales del sector privado”.
Además, la organización planteó reparos sobre el financiamiento del organismo y el traslado de sus costos al sector productivo. “Creemos que pone en duda la continuidad de este organismo cargar de costos al sector vitivinícola para como bien expresa la resolución no solo cubrir los costos operativos sino compromisos crediticios asumidos por el Estado Nacional”, indicó.
Por este motivo, la entidad solicitó la derogación de la Resolución 102/2026 y reclamó una adaptación del INV a sus funciones básicas, junto con una racionalización del organismo.
“La competitividad de la vitivinicultura argentina no puede fortalecerse incrementando los costos regulatorios en un contexto de caída del consumo, retracción del mercado interno y creciente competencia internacional”, concluyó la Unión Vitivinícola Argentina.
El director ejecutivo del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Mauro Sosa, cuestionó el aumento de aranceles del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y consideró que la medida llega en un contexto complejo para la actividad, con un mercado de vinos y uvas deprimido, precios bajos y dificultades para alcanzar rentabilidad.
“Este aumento de aranceles demuestra que lo único que baja en este país es la inflación. Todo lo demás aumenta”, señaló Sosa, al cuestionar la actualización de los valores del organismo. En ese sentido, diferenció la situación de quienes pueden trasladar aumentos frente a un sector que atraviesa una coyuntura adversa.
“Es distinto a aquellos que tienen la posibilidad de autorizarse aumentos frente a un mercado como el de vinos, como el que tenemos hoy, de vinos y uvas, deprimido, con precios bajos, corridos de cualquier posibilidad de alcanzar una rentabilidad”, afirmó.
Para el dirigente, la decisión del Gobierno resulta inoportuna para las empresas vitivinícolas. “Para nosotros es absolutamente inoportuno, no corresponde”, expresó, y agregó: “Lo rechazamos a ese incremento, que no es menor, es bastante importante, y solicitamos que se derogue esa resolución”.
Sosa sostuvo que el sector viene realizando esfuerzos para mejorar su posición competitiva y advirtió que el aumento de costos regulatorios no acompaña ese objetivo. “Todos estamos haciendo un esfuerzo enorme por buscar cierta competitividad, y esto no contribuye exactamente a eso”, manifestó.
Por otra parte, recordó la postura histórica de la entidad respecto del organismo de control. “Nosotros hemos tenido siempre una actitud pro fortalecimiento del INV en función de sus funciones básicas”, indicó, aunque señaló que esas funciones actualmente están cuestionadas por el propio Gobierno nacional.
En ese marco, cuestionó la situación actual del instituto y vinculó el incremento de aranceles con el proceso de reducción de funciones del organismo. “Este desmantelamiento, indudablemente, no se corresponde con este aumento”, sostuvo. Finalmente, Sosa ratificó la posición del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este frente a la Resolución 102/2026. “La actitud, nuestra posición es de rechazo”, concluyó.
La actualización aprobada por la Resolución 102/2026 incluye nuevos valores para análisis, controles, certificaciones y distintos trámites vinculados con la actividad vitivinícola.
Entre los principales aranceles establecidos se encuentran:
