Con una cosecha que tendría una reducción superior al 15% y que se adelantó algunas semanas, desde el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este plantean la necesidad de un programa de asistencia de emergencia eléctrica para las bodegas de ese oasis.
El sistema de contratación de energía es trimestral, pero terminan antes la elaboración. Con menos litros de vino, el costo energético se vuelve más relevante.
Piden una reducción de la tarifa eléctrica en los meses de elaboración para bodegas del Este
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Con una cosecha que tendría una reducción superior al 15% y que se adelantó algunas semanas, desde el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este plantean la necesidad de un programa de asistencia de emergencia eléctrica para las bodegas de ese oasis.
Es que la contratación de la energía para aquellos períodos en que se hace un uso intensivo de la electricidad, como es el caso de la elaboración en la vitivinicultura, es trimestral en Mendoza. Esto genera que, en aquellas temporadas en que se cosecha menos, la tarea pueda terminarse en un mes y medio o dos, y se debe seguir pagando el tiempo restante, porque ya se contrató.
Asimismo, si debe comenzar la elaboración antes, porque, por motivos climáticos, la uva maduró en forma temprana o comienza a deteriorarse, el bodeguero debe pagar multas por utilizar más energía.
El gerente de la entidad, Mauro Sosa, señaló que, en la provincia, el sistema de contratación de energía es rígido, porque tiene un mínimo de tres meses y, cuando se utiliza por menos tiempo, se elevan “artificialmente” los costos de la empresa y pierde competitividad.
Desde el Centro de Viñateros y Bodegueros han realizado distintas gestiones desde finales de enero. Se han reunido o contactado -según el caso- con el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; con la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; con directivos del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE); y le han enviado una carta al gobernador Alfredo Cornejo.
En el escrito, apuntan a la merma productiva y el adelantamiento en la recolección de uvas, y plantean que “la modalidad vigente de contratación de la capacidad máxima de suministro trimestral de energía resulta tan excesiva como onerosa, cuando un período de uno o dos meses de contratación de energía serían suficientes”.
En esta línea, solicitan el 100% de bonificación en el cargo de uso de red, en los consumos del trimestre febrero-marzo-abril de 2026, para los establecimientos elaboradores de San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz (como ya sucedió en 2023).
Sosa resaltó que no están pidiendo que el Gobierno compre uvas ni vino; tampoco un subsidio. Pero sí que se asigne el fondo compensador eléctrico al sector productivo. Añadió que, este año, la baja en los precios de la uva y del vino complica la situación, porque se mantienen los valores de dos años atrás, pese a la inflación.
En un contexto de caída en las ventas, por la pérdida de poder adquisitivo, “la contratación de potencia se transforma en un verdadero costo adicional, que le vuelve a pegar en la línea de flotación a la competitividad del sector”, indicó.
Consultado sobre esta situación, Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), comentó que desde la entidad han solicitado también que se revise la contratación trimestral en otras ocasiones, aunque no reiteraron el pedido este año.
Reconoció que las pequeñas cooperativas cosechan y elaboran en un mes y medio, pero deben pagar por esa contratación de potencia más elevada por todo un trimestre. Para ejemplificar la diferencia, indicó que un establecimiento elaborador cooperativo puede pagar unos $4,5 millones mensuales el resto del año y trepar a más de $45 millones en época de elaboración.
Pero también señaló que, en otras partes del país, la contratación es anual o semestral, mientras que, en Mendoza, por la particularidad del consumo estacional, se habilitó la modalidad trimestral. Por eso, consideró que es importante avanzar en otras cuestiones vinculadas al costo energético, como la carga impositiva.
Sosa también subrayó que valoran que los tres meses representaron una excepción en el contexto argentino, que otorgó flexibilidad a la industria mendocina. Pero añadió que el esquema fue pensado para una época de bonanza en la vitivinicultura, mientras ahora, con una reducción de entre el 15% y el 20% en la cosecha, ese costo fijo estacional gana más peso en la estructura, porque se tiene que distribuir entre menos litros de vino.
Desde el Ente Provincial Regulador Eléctrico resaltaron que la contratación de potencia tanto a nivel nacional como provincial, independientemente del consumo y estacionalidad del usuario, es anual. Y que Mendoza es la única provincia en el país en que se habilitó la posibilidad trimestral.
Detallaron que esto fue resultado de una modificación contractual del Régimen Tarifario, y por ende al Contrato de Concesión, “lo que ya constituye en sí misma una excepción”.
“En caso de modificarse la modalidad de contratación de potencia, implicaría modificar para todos los usuarios la forma y/o el monto de los cargos tarifarios para redistribuir los costos de la red de distribución; instancias exclusivas que pueden evaluarse en el marco de una revisión y/o renegociación tarifaria”, advirtieron.
Recordaron que existen programas de asistencia y acompañamiento específicos como el de estabilización por estacionalidad, que es de adhesión voluntaria y permite estabilizar los montos facturados a lo largo del año para mitigar el impacto del mayor consumo estacional entre diciembre y abril.
Explicaron que esta alternativa está destinada a establecimientos con marcados consumos eléctricos estacionales, como bodegas, conserveras, pulperas y frigoríficos de la provincia. Y que se trata de una asistencia sin costo financiero para el productor, que se sostiene con recursos del Fondo Provincial Compensador de Tarifas.
Añadieron que, dada la problemática que atraviesa el sector vitivinícola, si los usuarios lo requirieran, se podría aplicar de modo retroactivo a las facturas desde enero de 2026.
Asimismo, señalaron que, excepcionalmente, en la última actualización del cuadro tarifario, en febrero de 2026 -y a efectos de mitigar el impacto en los sectores productivos de los nuevos costos de abastecimiento y VAD-, se aplicó solo el 50% del incremento promedio a las tarifas de referencia de riego agrícola, respecto del que debería haberse trasladado. Esto, resaltaron, significa una mayor asistencia de la compensación de Riego Agrícola a cargo del Fondo Provincial Compensador de Tarifa.
Desde el EPRE sumaron que se aplicó el descuento del 25% o 50% a los regantes afectados por contingencias climáticas que se encuentren en situación de emergencia o desastre, respectivamente, y presenten el certificado (como prevé la ley 9083). Y que las distribuidoras sólo podrán cobrar el 50% del recargo punitorio por mora, lo que podría reducir hasta en un 25% los recargos moratorios totales (dependiendo cada caso, plazo, reincidencia, etc).