Carlos Gallo, especialista en Seguridad Social, analizó en Aconcagua Radio el impacto de la inflación en jubilaciones y pensiones. Destacó la pérdida del poder adquisitivo y la problemática de los bonos congelados, además de la caída en la recaudación.
Marcha de jubilados por las calles del centro de Mendoza. Cientos de personas se manifestaron en contra del veto del presidente de Milei a las leyes que aumentan el salario de los jubilados y declaran la emergencia en discapacidad.
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Marcelo Rolland / Los AndesEn su columna para Aconcagua Radio, Carlos Gallo, especialista en Seguridad Social, abordó la compleja situación económica que afecta a jubilados y pensionados en Argentina, destacando la pérdida del poder adquisitivo y la problemática de los bonos congelados.
Gallo comenzó señalando que el bono de 70.000 pesos “sigue congelado”, una situación que se extiende por “más de dos años”.
Explicó que, si este bono se hubiera ajustado por inflación desde marzo de 2024, “debería estar entre 140 y 155.000 pesos”, lo que evidencia una “pérdida de poder adquisitivo muy importante”.
El especialista también se refirió a la caída en la recaudación, un “perro que se quiere morder la cola”.
Mencionó que, en el primer trimestre de 2026, comparado con el mismo período de 2025, los aportes y contribuciones cayeron un 5,67% y 4,67% respectivamente, mientras que la recaudación del IVA disminuyó un 9,26%.
Esta situación obliga al Tesoro a “aportar más dinero porque no alcanza la plata que entra de los recursos propios del sistema previsional”.
Respecto a las pensiones, Gallo aclaró que el bono de 70.000 pesos “incluye las pensiones a las prestaciones contributivas como las jubilaciones ordinarias, las pensiones directas y derivadas”, así como las “pensiones no contributivas”.
Explicó que las pensiones directas son para cuando “fallece un trabajador en actividad” y las derivadas para cuando “fallece un jubilado”, buscando “la sustentabilidad de ese hogar”.
Finalmente, sobre la posibilidad de comprar años de aporte, Gallo indicó que “se pueden comprar”, pero con la salvedad de que “siempre que se compran años con moratoria se compran del régimen general”, lo que puede implicar un prorrateo si se trata de un régimen especial.
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