Equiparó las condiciones impositivas de Argentina con sus principales competidores regionales y fue crucial para las decisiones empresariales.
El RIGI impulsó la concreción de proyectos mineros y con su extensión por un año podrían sumarse más
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En julio de 2024, el Congreso de la Nación aprobó, después de fuertes debates, la creación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). En menos de dos años, consiguió que 27 propuestas se presentaran y hay 10 que fueron aprobadas, por más de 25.000 millones de dólares. Con estos resultados, el Gobierno nacional decidió darle un año más de vigencia, ya que la ventana para incorporarse era hasta 2026, llevándola hasta julio de 2027.
En minería, sector que acumula la mayor cantidad de dólares propuestos, significó un impulso para las decisiones empresariales. Esto, a pesar de que, en un principio, desde la industria hablaban de que se trataba de un régimen pensado para el sector petrolero. Durante el tiempo de vigencia, el efecto principal fue que incentivó decisiones que hasta entonces estaban a la espera.
El cambio determinante para la minería fue que, con el RIGI, Argentina tiene una carga impositiva similar a la de Chile o Perú, los principales competidores del país. Los países vecinos cuentan con reservas de cobre, oro y plata similares a las locales, pero ofrecían costos más bajos en cuanto a pagos al Estado.
Además, tenían mejores condiciones vinculadas a cómo se distribuye el peso de los impuestos en distintos momentos del desarrollo, con menores cargas de tipo regresivas en los primeros años. Esto, en un escenario en el que la creciente demanda de metales favoreció anuncios acelerados durante menos de dos años; sin comparación con las décadas anteriores.
En el primer año y medio se presentaron la mayoría de los proyectos que ya contaban con avances claros o tienen el respaldo de grandes operadoras. Con un año más pasan a jugar un rol central aquellos que todavía no llegaban con informes económicos o aprobaciones ambientales y se podrían sumar hasta cuatro desarrollos de cobre: Altar, Lunahuasi, PSJ Cobre Mendocino y Taca Taca.
Entre la reglamentación del RIGI y el primer proyecto minero que se presentó pasaron menos de dos meses. De la industria, la primera propuesta fue la de Gualcamayo, una mina de oro y plata en San Juan, que en noviembre de 2024 anunció que quería ingresar al régimen, con una idea inicial que superó los 1.100 millones de dólares. Luego debieron sacar algunos de los proyectos de inversión y terminó consiguiendo el aprobado por más de 650 millones de dólares.
Esta primera noticia de una mina que quería usar los beneficios del régimen fue seguida por varias más mientras pasaban los meses. Del sector del litio, entre los primeros en presentarse al RIGI estuvo el gigante Rio Tinto, que fue el primer aprobado minero en mayo de 2025, y luego Galán Lithium en el salar Hombre Muerto Oeste, que también recibió la aprobación.
Que el litio fuera de los primeros era esperable. El sector tiene desarrollo más rápido que las minas de cobre u oro y llevaba más de una década con impulso récord en el NOA, debido al alza en el precio de este metal, que en 2024 había marcado valores históricos; aunque luego bajó. Las decisiones se encontraban prácticamente tomadas cuando los beneficios del RIGI se convirtieron en una buena noticia para los que buscaban producir el mineral clave de las baterías.
En el cobre el escenario es distinto. El desarrollo de una mina de este metal puede tomar décadas desde que inicia la exploración; en especial si se encuentra en las zonas de mayor altitud de la Cordillera de los Andes. Por eso, los primeros que llevaron sus propuestas al comité del RIGI fueron aquellos que tenían ya trabajos muy avanzados y mayor seguridad en cuanto a sus aprobaciones ambientales.
El RIGI se planteó como una oportunidad para las inversiones estratégicas de más de 200 millones de dólares. En este apartado, la minería superó con amplitud las expectativas desde el principio. Pero fue con el cobre cuando empezó a demostrar su potencial para traer desembolsos enormes de dólares desde el exterior.
La primera propuesta cuprífera fue de Los Azules, el proyecto de cobre ubicado en San Juan. En su presentación inicial, lo hicieron por 270 millones de dólares, aclarando que iban a superar los 2.700 en una segunda etapa. Finalmente, la minera decidió, mientras todavía esperaba el aprobado, unificar esas dos fases en una.
Cuando el comité dijo que sí, fue a una inversión que en la actualidad se calcula en los 3.100 millones de dólares, con el objetivo de producir cobre a partir de 2029 en la cordillera de Calingasta.
La sorpresa la dio Glencore, cuando a mediados de 2025 presentó dos propuestas al régimen, una por 9.500 millones de dólares para desarrollar desde cero El Pachón en San Juan y otra por 4.000 millones para su proyecto MARA en Catamarca. Las dos minas son de cobre y significaron un récord en cuanto a montos propuestos para los beneficios.
En este caso fue notorio el rol que tiene el RIGI para acelerar decisiones empresariales. El Pachón es el yacimiento más grande que tiene hasta ahora el país en cobre, lleva más de 60 años en estudio, pero hasta ahora no ha sido desarrollado. El régimen tiene entre sus condiciones que los inversores deben hacer los giros en cierto plazo de tiempo y, al haberse presentado, Glencore se compromete -en caso de recibir el aprobado- a empezar a hacer las inversiones que el país y la provincia llevan décadas esperando.
El siguiente jugador del cobre que pidió sumarse al régimen fue Vicuña. El proyecto no se presentó hasta enero de 2026, siendo el último de los grandes yacimientos de este metal en haber pedido el ingreso. Esta demora está relacionada a que la empresa tenía que hacer un nuevo diseño de la futura mina, luego de que unificó dos proyectos que venían trabajando por separado, como son Josemaría y Filo del Sol.
En cambio, el RIGI sí jugó un lugar fundamental en el nacimiento de Vicuña como un solo desarrollo integrado, confirmaron desde las mineras. Es que esta idea de una sola gran explotación en el distrito nació luego de que BHP, la mayor productora de cobre del mundo, acordó formar una “joint venture” con Lundin, que hasta mediados de 2024 exploraba sola los dos proyectos.
Cuando en enero lograron formar la nueva empresa, Vicuña Corp -con participación igualitaria de las dos mineras-, empezaron a trabajar en el nuevo proyecto conjunto y en febrero de este año lo presentaron.
Así, se conoció que la inversión que busca entrar al RIGI es por un total de 18.000 millones de dólares, convirtiéndose así en la propuesta más grande hasta el momento en querer participar del régimen y en la inversión privada más grande de la historia del país.
Al cobre también se incorporará el oro con otro proyecto más. Se trata de la propuesta que hizo la mina Veladero, gestionada por Barrick y Shandon Gold. La firma solicitó los beneficios por una inversión de 400 millones de dólares, con la que busca ampliar la capacidad productiva de la mina ubicada en San Juan. También se encuentran en análisis otros tres proyectos de litio ubicados en el NOA. Todos estos esperan la aprobación.
Para ingresar al RIGI, los proyectos deben tener un diseño de inversión detallado, además de datos sobre su impacto ambiental. Todo esto, entre otros factores, se analiza dentro del comité, que depende del Ministerio de Economía de la Nación.
Por eso, hasta ahora lo que se ha visto es que se presentan los proyectos que cuentan con declaraciones de impacto ambiental aprobadas o muy avanzadas, y los que ya cuentan con informes económicos, ya sea preliminares o de factibilidad.
En la industria, para llegar a estos documentos, en general son necesarios trabajos de exploración y de ingeniería que toman años. Por ejemplo, para obtener su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un gigante como Josemaría trabajó durante casi dos décadas en la cordillera sanjuanina. Este tiempo se puede acotar, siempre que las mineras decidan invertir en exploraciones más rápidas.
Aquellos proyectos que ya habían recorrido este camino se presentaron primero. Los que no tenían listo estos requisitos, pero veían la posibilidad de ingresar, aceleraron su ritmo. Ahora, los que no llegaron tendrán más tiempo y eso abre la posibilidad, al menos, a cuatro proyectos de cobre claves.
El primero, que ya confirmó que tiene intenciones de presentarse, es Altar, en San Juan. Este yacimiento está cerca de Los Azules y El Pachón, en una zona privilegiada en reservas de cobre. Desde la compañía a cargo, Aldebarán Resources, confirmaron que aprovecharán la extensión para sumar más datos, pero probablemente durante 2026 presentarán una propuesta.
En Mendoza el primer proyecto de minería metalífera que podría pedir el ingreso es PSJ Cobre Mendocino. En 2025 cumplieron con un paso clave: obtener la DIA. Oficialmente, desde la empresa no han confirmado que estén preparando una solicitud, pero desde el sector aseguran que ya tienen un análisis en marcha para intentar aprovechar las ventajas del régimen.
También en San Juan hay otro yacimiento de cobre que tiene la posibilidad de sumarse. Se trata de Lunahuasi, una zona que tiene concentraciones de este metal muy alta. Como punto a favor, el proyecto está en el mismo distrito que Vicuña, pertenece a Lundin y, por lo tanto, puede utilizar algunas de las ventajas de desarrollo que ya hicieron para Josemaría y Filo del Sol. Como desventaja, es una exploración nueva. Pero lo cierto es que los tiempos y presupuestos se aceleraron para este proyecto y desde su gerencia aseguraron que hay interés en elevar una propuesta.
Finalmente, el otro grande del cobre que podría incorporarse es Taca Taca. Este proyecto está en exploración avanzada y presentaron un informe técnico donde confirman que se tratará de una inversión de 5.200 millones de dólares. Entre los pasos que le restan está lograr su DIA, para lo que una extensión de un año más es un plazo útil para convertirse en la primera propuesta de minería metalífera tradicional en sumarse desde el NOA.
A pesar de que el diseño del RIGI estaba más orientado al sector energético, la minería tuvo un rol central hasta ahora en la herramienta. Del total aprobado hasta el momento, 6.278 millones de dólares comprometidos corresponden al sector minero, con dos minas de litio, una de cobre y otra de oro que han recibido el visto bueno de los encargados del comité. Las restantes seis grandes inversiones son para petróleo, gas y energías renovables.
Lo presentado por la industria, en cambio, supera con creces estos números. Solo con los otros proyectos de cobre, El Pachón, MARA y Vicuña, se superarían los valores de lo aprobado. Es que, con las presentaciones energéticas, ingresaron al régimen 25.000 millones dólares, pero estos tres yacimientos tienen propuestas por 27.500.
Esto se explica en que los expedientes mineros no han transitado rápido por los procesos de control y aprobación del ministerio. Los Azules estuvo casi 96 meses en evaluación, Gualcamayo casi llegó al año y si bien desde El Pachón aseguran que hay un trabajo “todo lo ágil que se puede esperar”, todavía no hay datos concretos sobre cómo resultará la definición de las autoridades.
Desde el sector explicaron que el proceso es complejo. Fuentes de mineras que transitaron las evaluaciones detallaron que deben enviar la documentación y que luego los integrantes del comité piden aclaraciones, nuevos estudios o más información. Tanto en lo relacionado con el aspecto económico y financiero de las inversiones, como con los estudios de sustentabilidad ambiental del mismo.
En proyectos con la complejidad de los mineros, en especial aquellos que se encuentran en la Cordillera de los Andes, y que muchas veces incorporan construcción de obras de infraestructura, este proceso toma meses. La extensión servirá también para que estas idas y vueltas entre la parte privada y pública tengan más tiempo disponible.