La autora asegura que es necesario trabajar para mejorar las posibilidades del sector minero en el país.
Argentina, y particularmente Mendoza, se encuentran en un momento clave para transformar su potencial geológico en una realidad industrial. Mientras que el país busca consolidarse como un proveedor global de minerales para la transición energética, Mendoza está rompiendo con años de estancamiento legislativo, donde las aprobaciones son recién el punto de partida para la exploración, no un logro en sí.
Argentina se proyecta para quintuplicar sus exportaciones mineras hacia 2033, impulsada por dos motores principales: el triángulo del litio y los yacimientos de cobre de clase mundial.
El Triángulo del Litio formado por Chile, Bolivia y Argentina posee las reservas de salmueras de litio más competitivas a nivel global. Para 2026, se espera que varios proyectos en Salta, Jujuy y Catamarca alcancen su fase de producción plena.
En cuanto al cobre, proyectos como Vicuña (San Juan), MARA (Catamarca) y Taca Taca (Salta) sitúan al país como uno de los pocos capaces de aportar mineral para reducir el déficit global previsto para la próxima década.
Mendoza ha pasado de una parálisis casi total a un dinamismo enfocado en el cobre y el potasio, buscando diversificar su matriz económica más allá de las industrias petrolera y vitivinícola. En 2025, la minería sanjuanina de oro y cales lideró las exportaciones junto con la industria farmacéutica.
El gobierno provincial apuesta a la exploración minera en el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) y otorgó las declaraciones de impacto ambiental (DIA) para más de 27 proyectos de cobre en una zona que tiene un gran potencial geológico-minero. En el sur se encuentran además los proyectos Cerro Amarillo, Hierro Indio (ya en exploración avanzada) y Don Sixto, con los que Mendoza busca sumarse a la oferta global de cobre, esencial para la electromovilidad.
En cuanto al potasio, la reactivación de PRC posicionaría a la provincia como un actor relevante en el mercado de fertilizantes, contando con una infraestructura ya existente que permitiría reducir los costos de capital. También explorar el potencial con respecto a minerales de grupo de las tierras raras en el sur de la provincia sería clave debido a la importancia que tienen internacionalmente como minerales críticos.
Otra importante oportunidad que tendría la provincia en materia minera, sería la producción de uranio, ya que Mendoza posee reservas de este mineral necesario para la generación de energía nuclear de baja emisión, pero será muy importante además, evaluar la competitividad en relación a los países de los cuales se importa actualmente.
Para que este potencial se concrete, tanto el Gobierno Nacional como el provincial están implementando cambios estructurales como la tan necesaria estabilidad Jurídica y Fiscal a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Esta herramienta es fundamental para atraer capitales, ya que ofrece estabilidad, trae beneficios impositivos mediante exenciones de aranceles para importar maquinaria, permitiendo a las empresas retener progresivamente el 100% de las exportaciones en moneda extranjera. El RIGI reduce la alícuota de Ganancias al 25% de forma fija para los proyectos adheridos (antes alcanzaba hasta un 35%); y además, permite la amortización acelerada de los bienes, lo que significa que la empresa puede recuperar su inversión inicial mucho más rápido.
La ley de Inversiones Mineras prometía estabilidad fiscal por 30 años, la cual no existió debido a la creación de nuevos impuestos como las retenciones a las exportaciones o restricciones al acceso de dólares (cepo), lo que generó una gran desconfianza en los inversores internacionales. Si bien esta ley aportaba beneficios en cuanto a la importación de máquinas y equipos o tecnología que no se fabrica en el país, hubo muchas trabas debido a la burocracia de las licencias de importación (SIRA/SIRASE).
Además, se está trabajando en la modernización legislativa y desburocratización con el fin de simplificar trámites administrativos. En ese sentido, a nivel provincial, la Ley 7722 que no es "protectora del agua" debería derogarse y volver a tratar la Ley 9209, donde no existía la ratificación legislativa dando seguridad jurídica al dejar de depender de posturas políticas. Esta ley sí creaba un Fondo Compensador para obras de riego y tecnificación del agua, obligando a destinar parte de las regalías mineras exclusivamente a obras de infraestructura hídrica. La 7722 también genera desconfianza y desinterés en invertir en la provincia.
El RIGI permite que en caso de disputas, éstas se resuelvan en arbitrajes internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), lo que da una garantía de imparcialidad a los inversores extranjeros frente a posibles cambios políticos en Argentina.
Una reforma fundamental, es la que se está planteando respecto a la Ley de Glaciares. Hay un debate activo para precisar las definiciones de áreas protegidas, permitiendo la actividad en zonas periglaciares que no afecten el recurso hídrico, lo cual destrabaría proyectos clave en la zona andina.
En cuanto a Infraestructura, un factor fundamental es el de la logística. Urge mejorar las rutas, huellas mineras y las vías ferroviarias para transportar grandes volúmenes de mineral hacia los puertos. El gobierno nacional ya está trabajando para proceder a la privatización de Belgrano Cargas, y tiene proyectado seguir por San Martín, Urquiza, y eventualmente, Ferrosur Roca de Loma Negra. Mendoza no cuenta con este tipo de servicios para minería en la zona sur.
Los proyectos mineros requieren líneas de alta tensión y energía limpia (parques solares/eólicos) para cumplir con los estándares internacionales de "minería verde", por lo que esta temática también se cita como prioritaria para la fase productiva de los proyectos.
Los beneficios que trae el desarrollo de proyectos mineros operativos (para lo que hacen falta muchos años de exploración) no solo genera exportaciones, sino que activa una red de proveedores locales (desde metalúrgicas hasta servicios de catering y transporte). En Mendoza, el desafío es demostrar que los controles ambientales son rigurosos y transparentes para mantener la confianza de la población.
Los proyectos que estuvieron frenados por décadas en Argentina y Mendoza actualmente tienen una oportunidad real de concretarse.
Todos estos cambios son clave para Mendoza porque tiene proyectos que requieren inversiones de miles de millones de dólares, y con estas reglas, la provincia entra en el radar de las grandes mineras a nivel internacional en igualdad de condiciones con Australia o Chile. El impacto del nuevo régimen impositivo y cambiario en los controles ambientales y en los proveedores locales es uno de los temas más debatidos, ya que busca equilibrar la llegada de capitales con la protección de los recursos hídricos y el desarrollo de la economía regional; pero en Mendoza cualquier proyecto debe seguir cumpliendo estrictamente con la Ley 7722, lo que significa que no pueden usar reactivos químicos utilizados en todo el mundo y en todo tipo de industrias como ácido sulfúrico o cianuro.
Por otro lado, hay una gran ventaja, las grandes inversiones que atrae el RIGI vienen de corporaciones que cotizan en bolsas internacionales y deben cumplir con estándares ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) lo que obliga a las empresas a cuidar el ambiente y a usar tecnologías de punta para ser competitivas. Particularmente en el MDMO se han aprobado proyectos de exploración donde se exige la contratación de mano de obra local de Malargüe y Mendoza, Pymes mendocinas para la logística y el movimiento de suelos, entre otros. Servicios Geológicos y de Perforación más laboratorios químicos de análisis de minerales y consultorías ambientales locales, son las primeros requeridos durante la fase de exploración minera.