Impsa llamó a Asamblea para designar un nuevo director por Mendoza, ¿de quién se trata?

La empresa estatal llamó a sus accionistas a una reunión para el próximo 28 de abril y, entre los temas a tratar, se incluye la designación de un nuevo director por la provincia. El Gobernador ya tiene un nombre definido y se trata de un ingeniero que conoce la empresa desde adentro.

Mendoza tendrá un nuevo director, en reemplazo de Pablo Magistochi.
Mendoza tendrá un nuevo director, en reemplazo de Pablo Magistochi.

El próximo 28 de abril tendrá lugar la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, allí se definirá el “tratamiento de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2022″ y se podrá en consideración la propuesta del directorio en relación “con los quebrantos del ejercicio económico”.

Pero además, y según le comunicó a la Comisión Nacional de Valores, se incluye entre las órdenes del día la “ratificación o designación de un nuevo director titular y un suplente por la provincia de Mendoza, en su carácter de accionista que conforme la primera minoría dentro de la clase C de acciones”.

En concreto, el diario El Memo, informó que el Gobernador Rodolfo Suárez, ya tiene un nombre para reemplazar al actual director, Pablo Magistocchi, y es Mario Croce.

Se trata de un ingeniero de 36 años que conoce la empresa desde adentro ya que, según puede leerse en su perfil de LinkedIn, trabajó allí 3 años y 10 meses, entre 2011 y 2014 en el área de Marketing. Además, entre sus estudios se destaca una “Executive MBA”, otorgado por la IAE Business School en IAE Business School.

Sobre el sueldo de los directores por Mendoza

Durante la asamblea de accionistas, también se pondrán en consideración las remuneraciones al directorio, por un total de $12.673.475. Aunque vale aclarar que, dentro de ese valor también se tiene en cuenta lo ya distribuido en forma de anticipos y la “renuncia a percibir honorarios de los directores designados por el Gobierno Nacional y por el Gobierno Provincial de Mendoza”, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022, el cual arrojó quebrantos.

Asimismo, se consideran las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, por un total de $4.802.210, correspondientes al mismo ejercicio, y la autorización para el retiro de anticipos de honorarios del directorio y la comisión fiscalizadora durante el ejercicio 2023.

Tecnico Jose Luis Castelles trabajando en uno de los alabes de la turbina para la Represa Yacyreta 
Foto: Ignacio Blanco / Los Andes  
Tecnico Jose Luis Castelles trabajando en uno de los alabes de la turbina para la Represa Yacyreta Foto: Ignacio Blanco / Los Andes  

Cabe recordar que la empresa fue “rescatada” por el Estado Nacional y provincial en 2021. Pero la caída de la empresa llevaba varios años: entre 2010 y 2014, ocurrió un evento determinante para Impsa (Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA), durante ese tiempo, la empresa no pudo cobrar sumas millonarias por proyectos energéticos realizados en Brasil y Venezuela, mientras que también experimentó un largo período sin obras de gran envergadura.

La crisis llegó con el colapso de Wind Power Energy (WPE), una subsidiaria de Impsa en Brasil que acumuló una deuda total de U$S 850 millones, aumentando el pasivo de U$S 250 millones que la empresa ya tenía. Este golpe fue tan severo que la compañía no pudo afrontar sus deudas y se vio obligada a iniciar un proceso de reestructuración en 2014. Después de varios años de negociaciones, Impsa llegó a un acuerdo para ceder el 65% de sus acciones a bonistas, bancos y organismos internacionales. El proceso fue homologado en octubre de 2017 y finalmente se concretó el 25 de abril de 2018.

En noviembre de 2020, Impsa llevó a cabo una reestructuración de su deuda, en la que se acordó con los acreedores la cancelación de los pasivos con un plazo de gracia hasta 2025, una reducción significativa de los intereses al 1,5% y pagos de capital que comenzarán en 2028.

Durante el año 2021, el Gobierno nacional se convirtió en el principal accionista de Impsa al adquirir el 63,7% de las acciones, mientras que el Gobierno provincial obtuvo elcontrol del 21,2% de la empresa. Además, un 9,8% de las acciones continuarán en manos del fideicomiso de acreedores y el restante 5,3% aún pertenece a la familia fundadora.

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