Anestesistas y Gobierno acordaron abrir nuevos servicios y fortalecer la formación de residentes

Con la emergencia en anestesiología declarada en Mendoza y una lista de espera para cirugías que asciende a más de 5 mil en el sector público, las miradas están puestas en los acercamientos que se logren para destrabar el conflicto.

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Tras una reunión interminable que duró tres horas y comenzó una más tarde de lo pautado, médicos anestesistas, junto a referentes del gobierno y la oposición acordaron abrir nuevos servicios de la especialidad y fortalecer la formación de residentes. Son dos de los puntos que lograron acercarse ayer en la segunda reunión de la mesa de diálogo acordada como parte de la norma que dispuso la emergencia.

De allí, no salieron definiciones sobre lo que más tiene en vilo los servicios: si los anestesistas que decidieron no renovar sus contratos con el Estado, en desacuerdo con las condiciones de trabajo, se incorporan finalmente o cómo lo resolverá el gobierno. Esto tras haber sido casi intimados a volver a sus puestos para restablecer la normalidad de las prestaciones so pena de hacer uso de las sanciones que habilitó la nueva ley: la inhabilitación de su matrícula. Por lo pronto, de los 68 profesionales que habían tomado esa decisión serían menos de diez los que han regresado, según fuentes oficiales. Es que mantienen su postura: las condiciones laborales en las que consideran insostenible seguir trabajando, no han cambiado.

Así las cosas, desde el entorno oficial señalan que la mesa apunta a resolver cuestiones más macro y tras el segundo encuentro se ha logrado definir tres aspectos en los que se avanzará de manera prioritaria.

Más residencias

Desde el ministerio de Salud no se hicieron declaraciones sobre lo ocurrido en el cónclave. Quien dio detalles fue Natacha Eisenchlas, Presidenta Provisional del Senado.

“La evaluación que hacemos desde el oficialismo es que fue una reunión muy extensa y positiva, en el sentido de que se avanzó sobre lo que se había hablado en la mesa de diálogo anterior, que fue la primera, que este era el ámbito para discutir situaciones más estructurales o más de largo plazo que dieron origen a la ley de emergencia en anestesiología”, explicó.

Recordó que en la primera reunión los profesionales “habían depuesto algunas pretensiones que tenían y reconocieron la potestad del Estado, en este caso el gobierno provincial, en la formación y distribución de los recursos humanos”.

“Se avanzó en cuanto a la formación de los recursos humanos, en la apertura de nuevos servicios, que va a permitir tener nuevos anestesistas, y en una reingeniería de la relación laboral, que no es estrictamente salarial (porque en la mesa de diálogo no se discute el tema salarial) para avanzar en una solución más a largo plazo”, refirió.

La escasa formación de nuevos profesionales es apuntada por el gobierno como uno de los temas más complejos y por qué no, parte del meollo del asunto.

Sostienen que el promedio de formación de anestesistas “es muy bajo”, ya que ronda los 10 nuevos profesionales por año (en 2021 hubo solo 6).

Sobre ese punto se acordó habilitar nuevos servicios de anestesiología, en efectores donde no había y allí incorporar nuevos espacios de formación de residentes en la especialidad.

Para sumarle un marco al encuentro, la senadora detalló que pasaron 15 días desde la primera mesa, y durante ese tiempo el Poder Ejecutivo siguió manteniendo reuniones con los médicos. Por ello, en parte lo que se hizo en esta mesa es poner en común lo que se había trabajado, en tanto este espacio está conformado también por otros actores, entre ellos la oposición.

La senadora mencionó sobre el tercer aspecto sobre el que se dialogó, la “reingeniería de la relación laboral”, que se refiere a las guardias o turnos que realizan y cómo hacer que estos sean más productivos.

Como parte del escenario, mientras se llevaba a cabo la reunión, puertas afuera médicos residentes reclamaban por avanzar en su formación en anestesiología. Su intención era hacer visible su reclamo y ya lo habían hecho en el cónclave anterior.

La norma

El 19 de mayo el Poder Ejecutivo promulgó la ley N°9391 que establece la emergencia por los próximos 4 meses.

El artículo 1 declara la emergencia en anestesiología por un plazo de 120 días “con el objetivo de asegurar a la población el acceso a los servicios de anestesiología de forma equitativa y oportuna”, y este plazo podrá ser prorrogable “por otro periodo igual por única vez”, con ratificación legislativa.

El tema de la formación también está contemplado: el artículo 7 faculta al Ministerio “a que arbitre los medios tendientes a implementar la formación y capacitación en prácticas anestésicas de profesionales médicos y técnicos anestesistas, como así también la formación de los profesionales residentes en la especialidad de anestesiología”.

El retorno de los anestesistas

El tema del regreso a los puestos de trabajo sobrevoló la sala pero no terminó de “aterrizar” sobre la mesa.

El gobierno envió la semana pasada las convocatorias con escasos resultados y ha informado que iniciará los sumarios contra quienes no han cumplido con la demanda. Aseguran que no dudarán en aplicar las sanciones que contempla la nueva ley de emergencia en anestesiología.

Eisenchlas comentó que de algún modo estaba tácito pero no fue un punto de discordia. “En un momento se mencionó el tema salarial pero no se planteó como obstáculo para llevar adelante la mesa”, destacó. Es que el gobierno ha advertido que no será parte de los asuntos a tratar porque es algo que se resuelve en paritarias. Los médicos autoconvocados sostienen que ellos no participan porque son contratados pero el gobierno argumenta que igualmente, lo que allí se acuerda impacta en el pago de las prestaciones.

Por lo pronto, la Asociación Mendocina de Anestesiología señala que se trata de decisiones tomadas por un sector autoconvocado mientras que desde este se argumenta que se trata de decisiones individuales. Entre tanto, el conflicto lleva tres meses y nadie la está pasando bien.

Tras el encuentro anterior, Arturo Salasa, referente del sector autoconvocado advirtió: “Nosotros cumplimos con lo que se acordó en esa mesa que es transmitirle a cada profesional la información y dejamos claro que ahora es una decisión personal de cada uno de los trabajadores qué es lo que quiere hacer: si volver voluntariamente, si esperar que lo convoquen o si una vez convocado va a defenderse constitucionalmente cada uno por su cuenta”. Y agregó: “Está involucrada la matrícula y la libertad de las personas, nos parece un error decir que vamos a tomar una decisión colectiva cuando hay un compromiso individual”.

“Es complejo, doloroso y muy angustiante para nosotros porque no hay una solución feliz si no llegamos a un acuerdo (...) yo he estudiado más de 16 años para estar en la posición profesional en la que estoy y correría riesgo de perder la matrícula”, concluyó.