Política en Off: la encuesta de Alberto, los contratos de OSEP y un noviazgo político confirmado

La encuesta kirchnerista que aprueba a Alberto

Analogías es una encuestadora históricamente vinculada al kirchnerismo. Fundada por Analía del Franco, hoy la maneja el ex funcionario de CFK Pablo Mandia, que hizo todos sus sondeos para la agrupación que creó Cristina en 2018, Unidad Ciudadana, antes de integrar el Frente de Todos.

De Analogías es el sondeo que trascendió esta semana y que evalúa a la gestión de Alberto Fernández. Como no podía ser de otra manera, todos los números le dan bien al Presidente, incluso en los temas más candentes de su agenda de Gobierno (y la de Cristina), como la reforma judicial y la declaración de servicio público de las telecomunicaciones.

La encuesta se hizo el 4 y 5 de setiembre en forma telefónica en las 24 provincias (bien federal, como le gusta a Alberto). En materia de imagen, el Presidente tiene un 71,2% de aprobación, aunque viene en picada desde del 93,8% que había alcanzado al inicio de la cuarentena. En contraste, el rechazo ha crecido desde aquel 4,8% de marzo al actual 26,8%. Lo mismo pasa con la gestión de la pandemia, que aunque para Analogías tiene 58,9% de apoyo, viene en picada, lo que explica que Fernández ya no mencione la palabra cuarentena ni haga conferencias de prensa anunciando la extensión de las restricciones.

En cuanto a los temas que el kirchnerismo viene impulsando -y que profundizan la grieta-, los números de la encuesta muestran un amplio apoyo, como si fuera “el diario de Alberto”. Casi 60% aprueban el impuesto a los ricos; el 75% que la telefonía e internet hayan sido declarados “servicios esenciales” (y el 80% el congelamiento de sus tarifas); mientras que la resistida reforma judicial tiene un 69% de apoyo.

Los resultados de esta encuesta que tiene Cristina en su escritorio del Instituto Patria dan un indicio de que el Gobierno acelerará con estas medidas, buscando evitar que la pandemia le siga comiendo la aprobación al Presidente.

OSEP contrató y nadie lo advirtió

El fallo tiene fecha del 2 de setiembre, así que está recién salido del horno. En él, el Tribunal de Cuentas le llama la atención a la OSEP por una serie de irregularidades contables del ejercicio 2018, que fueron respondidas por los funcionarios de la obra social y que, para el Tribunal, son fallas verificadas pero que no alcanzan para multar a los responsables.

Sin embargo, al final del documento hay un aspecto llamativo de esas irregularidades: la contratación de ocho profesionales de la salud que hizo OSEP, saltándose la prohibición de hacerlo con trabajadores que ya forman parte de la planta de personal del Estado.

El Tribunal, en sus observaciones, detectó que estos médicos llevaban hasta ese momento entre 10 y 15 años trabajando con la obra social bajo esta modalidad, y que “nunca fueron cuestionados ni observados con anterioridad” por ningún funcionario, a pesar de que no podían vincularse bajo la figura del contrato de locación por ser ya empleados estatales. Es decir, hay incompatibilidades laborales que la OSEP nunca detectó.

El fallo Nº 17.360 del Tribunal encuentra responsables de esto a Telma Barrera (directora de Recursos Humanos de la obra social) y a Bruno Maximiliano Catana (jefe del Departamento Liquidaciones), aunque solo los conmina a presentar dentro de un plazo de dos meses un informe sobre “las medidas correctivas adoptadas”.

¿Saldrá el poderoso gremio de los profesionales de la salud, Ampros, a decir algo de este fallo o a defender a sus ocho afiliados?

Ramonistas y peronistas sean unidos

Falta mucho pero tampoco falta tanto. Las elecciones legislativas 2021 ya son el objetivo de la clase política argentina, pese a que la pandemia del coronavirus no cede en el país. Por eso, las distintas “escuderías” se van preparando para la carrera que oficialmente ya empezó con los primeros escarceos entre el Gobierno y la oposición, con el Congreso como ring side.

Allí, en esas bancas, se está jugando el gran juego de las alianzas para el año que viene. Y en esa danza uno de los que baila con mayor protagonismo es nuestro José Luis Ramón, que sigue demostrando que con quien más le gusta tirar pasos en la pista es con el peronismo.

El viernes, el diputado nacional organizó un zoom junto con referentes del PJ, entre ellos su colega en el Congreso Marisa Uceda, la más kirchnerista de los diputados nacionales mendocinos del Frente de Todos. La excusa del encuentro que mostró a ramonistas y peronistas muy juntos fue una reunión con representantes sindicales y cooperativistas del sector vitivinícola, “para avanzar en proyectos que incluyan sus reclamos por las 12 mensualidades y la jubilación a los 57 años”, según la gacetilla difundida por Protectora después.

Por el lado de “los ramones” se sumó quizás el único aliado de peso que le queda a Ramón en el partido que fundó, el diputado provincial Pablo Cairo. Del lado del PJ, además de Uceda se sumaron dirigentes del bermejismo, como Alexandre Maza y Alberto Molina.

No es la primera vez que Ramón coquetea con el oficialismo nacional este año. Es más, ya compartió un par de zooms con Anabel Fernández Sagasti (¿irán en la misma boleta electoral el año que viene?). Y con el tratamiento de la Reforma Judicial en la agenda de Diputados, donde el kirchnerismo necesita más votos de los que tiene, seguramente habrá más charlas y encuentros donde los sellos de Protectora y el PJ se muestren unidos. ¡Qué lindo es que la gente se quiera!

Ambientalistas vs. Gobierno, capítulo enésimo

La resolución 408/20 de Irrigación ha originado una nueva batalla entre el Gobierno y los ambientalistas. Mientras que el titular del organismo, Sergio Marinelli, defendió el jueves ante Diputados la normativa y apuntó a quienes “hacen politiquería y confunden” sobre el tema, grupos de militantes del ambientalismo aseguran que se está favoreciendo la contaminación de los cauces.

El punto de conflicto parece ser la figura del Agente Contaminante, en donde Irrigación sostiene que lo que se está haciendo es regularizar la situación de las empresas que generan efluentes industriales y carecen de permisos, calificándolas como Agentes Contaminantes y exigiéndoles la presentación y estricto cumplimiento de un Plan de Reconversión de efluentes industriales bajo apercibimiento de clausura.

En el ente del agua juran y perjuran que el permiso de vertido “es algo que se utiliza en todo el mundo” y que “no hicimos cambios ahí”. Pero los ambientalistas desconfían y aseguran que se está habilitando el vertido de contaminantes en cauces y creen que las sanciones llegarán “con el nuevo siglo”, por la burocracia.

Además, le apuntan al recién reglamentado Consejo Económico, Ambiental y Social al que, consideran, está integrado principalmente por “sectores pro megaminería” del gobierno provincial y privados. En lo que califican como “un detalle de color”, exponen que “éste podrá recibir donaciones de entes públicos, de empresas privadas”. ¿Se viene otro capítulo de esta batalla dialéctica y política como con la 7722?

El ministro militante

Desde que el gobernador Rodolfo Suárez anunció en mayo que enviaría un proyecto de reforma de la Constitución provincial, el Ejecutivo no adelantó ni un solo detalle o eje central de las modificaciones. La iniciativa completa se conoció recién cuando el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, la llevó dos meses después a la Legislatura.

A partir de ese momento, el funcionario que se mostraba esquivo ante las consultas sobre la reforma empezó a militarla casi a diario en distintos foros, colegios, universidades y organizaciones. Ibáñez se ha convertido en el brazo militante en las redes y en el discurso. Y la elección del Gobernador no extraña porque de su equipo de trabajo, es el único abogado constitucionalista con una larga carrera de docencia universitaria.

El dato de color es que hay un grupo de legisladores que lo siguen firme y apoyan sus intervenciones en las redes sociales. Esperanzados en instalar el tema en la sociedad, mandaron a medir lo que piensan los mendocinos sobre bajar el costo de la política y pasar de dos cámaras a una en la Legislatura. Pero el oficialismo aún no tiene los votos de la oposición que necesita sí o sí para sancionar la ley de necesidad de reforma constitucional.

Una postulación resistida en el campo

El viernes venció el plazo para las postulaciones de los miembros que conformarán el Consejo Asesor del Banco de Vinos. Desde la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de Tunuyán manifestaron su voluntad de integrar el Consejo e impulsan a Carlos Dávila como su representante.

La decisión final estará en manos del ministro de Economía, Enrique Vaquié. Cuentan en los mentideros que hay productores que ya se comunicaron con el ministro para pedirle que no admita la designación de Dávila.

¿Cuál es el argumento? Dicen que los hombres de campo tienen mucha memoria y recuerdan que el designado por la Cámara fue consejero en el Honorable Tribunal Administrativo (HTA) del Departamento General de Irrigación, en la época en que José Frigerio era el superintendente.

Para los que no recuerdan, Frigerio fue denunciado ante el Jury de Enjuiciamiento por el otorgamiento irregular de pozos de riego en zonas restringidas por el nivel de las napas y debió renunciar al cargo cuando Francisco Pérez asumió la gobernación. Uno de los primeros anuncios de Pérez como gobernador fue la renuncia del “gobernador del agua”.

Dos años después de aquella renuncia, en 2013, Dávila seguía siendo consejero y fue propuesto por el gobernador Pérez para otro periodo. Pero en aquella época, los productores-regantes no podían creer que Dávila no tuviera conocimiento del escándalo de los pozos; las quejas arreciaron desde varias organizaciones de productores y Pérez retiró la postulación.

Más aún, Dávila fue denunciado por el abogado especialista en derecho del agua Miguel Mathus Escorihuela ante el fiscal de Delitos Complejos Daniel Carniello, por usurpación de autoridad, abuso y violación de deberes y violación de documentos. La acusación más espectacular era por haber nombrado a 100 personas con contratos de locación durante ese mes de gestión. Ahora también lo recuerdan y algunos se lo habrían hecho llegar al ministro Vaquié en comunicación informal.

Dávila llegó a Irrigación de la mano del viejo sector Azul del peronismo y es familiar de una histórica peronista y adláter del “Chueco” Juan Carlos Mazzón: la tunuyanina Patricia Fadel.

Santa Rosa no tiene paz

Ya todos en Santa Rosa saben que la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, se compró junto a su esposo una finca en La Dormida. Nadie duda que el matrimonio tenga los recursos propios para invertir en un terreno productivo, pero a todos les llama la atención que desde que la jefa comunal es dueña de la propiedad, la zona empezó a prosperar.

La calle que estuvo años a oscuras, ahora está toda iluminada porque la municipalidad se hizo cargo de ampliar el alumbrado por una zona en la que no pasa casi nadie. Además, es usual ver las máquinas de la comuna trabajando en el área y a los empleados desmalezando y podando árboles.

Aunque Santa Rosa es un departamento con pocos habitantes distribuidos en cuatro pueblos, los chismes vuelan de un lugar a otro y no es de extrañar porque “se conocen todos”, como dicen allí.

Desde que la exreina de la vendimia es intendenta, las denuncias cruzadas entre ella y la oposición no han cesado. Primero fueron los sueldos, después los nombramientos en planta de familiares y ahora los dardos apuntan al cómo direcciona recursos estatales para mejorar los alrededores de sus propiedades.

Lo curioso es que no solo los opositores del radicalismo son los que le apuntan a Destéfanis, sino algunos que deberían ser propios, peronistas que supieron trabajar codo a codo con el ex intendente Sergio Salgado, a quien no pocos señalan en Santa Rosa con que sigue tejiendo en las sombras en las que se vio obligado a vivir políticamente.