El coordinador de equipos técnicos de Unión Industrial de Mendoza (UIM), Mario Comellas, analizó las implicancias en la generación de nuevos puestos de trabajo.
Desde la Unión Industrial de Mendoza analizan los cambios que propone el proyecto de reforma laboral y su impacto en el empleo
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El proyecto de reforma laboral que se está debatiendo en este momento en el Senado propone cambios en el régimen indemnizatorio, la organización del tiempo de trabajo y la relación entre empleadores y trabajadores. Mario Comellas, coordinador del equipo de la Unión Industrial de Mendoza, analiza los alcances de la reforma, sus objetivos declarados y las críticas que despierta.
La denominada reforma -o modernización- laboral abre un proceso de redefinición de reglas clave en el mundo del trabajo. Entre los ejes centrales aparecen el cambio en el cálculo de las indemnizaciones por despido, la creación de un fondo específico para financiarlas, la flexibilización de la jornada laboral y la introducción del banco de horas.
Para el sector empresario, el objetivo de fondo es reducir la litigiosidad y ganar previsibilidad; para los sindicatos, el riesgo es una pérdida de derechos y de poder de negociación colectiva. Esto, en un escenario atravesado por la informalidad, los costos laborales y la resistencia sindical.
Uno de los cambios más relevantes se da en el régimen de indemnizaciones. Según explicó Mario Comellas ayer, en el programa En El Medio De Todo, de Aconcagua Radio, “lo primero que cambia es la base de cálculo”, que deja de apoyarse en la mejor remuneración del trabajador incluyendo adicionales como aguinaldo, vacaciones, premios o propinas.
En su lugar, la reforma propone lo que algunos autores denominan salario productivo, es decir, el salario bruto con sus incorporaciones propias, pero sin esos ítems que históricamente integraron la base indemnizatoria.
“Lo que se plantea es tomar el salario bruto del trabajador y retirar esos agregados que durante años conformaron la base salarial”, señaló el dirigente de la UIM. El objetivo, desde la óptica empresarial, es reducir la incertidumbre asociada al costo de una eventual desvinculación laboral.
La reforma también introduce una modificación sustancial en la forma de pagar las indemnizaciones, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. En ese marco, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema obligatorio de capitalización destinado a financiar los despidos.
“El esquema prevé una contribución obligatoria del 3% del salario a cargo del empleador”, explicó Comellas. De este modo, si un trabajador percibe un salario de 100, el empleador deberá aportar 3 a ese fondo, mes a mes, durante toda la relación laboral. “Ese fondo se va acumulando y queda como una reserva que se utiliza cuando se produce la desvinculación”, detalló.
Consultado sobre si el aporte es optativo, Comellas fue claro: “Es obligatorio”. Y agregó que esos recursos serán administrados por entidades del sistema financiero habilitadas por la Comisión Nacional de Valores, lo que permitiría que los fondos se actualicen y generen algún rendimiento, protegiéndolos del efecto inflacionario. El sistema, dijo, es similar a modelos utilizados en Estados Unidos y otros países occidentales.
Otro de los puntos que genera debate es la implementación del banco de horas. El esquema permite que, en determinadas actividades, el trabajador realice más horas en un período sin que se paguen como horas extras, siempre respetando un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.
“La lógica es simple: si en lugar de ocho horas se trabajan diez, esas dos horas no se pagan como extras sino que se acumulan para ser compensadas más adelante”, explicó Comellas. En el sistema actual, esas horas adicionales implican un recargo del 50%, lo que incrementa el costo laboral. Con el banco de horas, la compensación podría darse en tiempo libre u otras modalidades, sin impacto salarial directo.
En la misma línea, la reforma introduce una flexibilización de la jornada laboral, permitiendo adecuar la cantidad de horas y la prestación de servicios según la actividad, incluso habilitando el trabajo en días no hábiles. La clave, según el referente empresario, es que exista una “retribución equitativa” sin generar sobrecostos que desincentiven la contratación.
Desde la mirada empresarial, la reforma apunta a una relación laboral más flexible y directa. “La idea es que el contrato sea más adaptable, con una negociación más personalizada entre trabajador y empleador”, sostuvo Comellas.
Sin embargo, allí aparece uno de los principales focos de conflicto. Para los sindicatos, este esquema podría debilitar la negociación colectiva por actividad y el rol de las asociaciones gremiales. Comellas reconoció que ese es el eje central del reclamo sindical: el temor a que, al pasar de acuerdos generales a negociaciones individuales, el trabajador quede en una posición más vulnerable. “Por eso la movilización y la fuerte resistencia que se está viendo”, admitió.
Uno de los motivos que el Gobierno ha planteado como centrales de la reforma es la formalización de miles de trabajadores que hoy se encuentran en la informalidad. No obstante, Comellas expresó dudas sobre la eficacia del camino elegido. A su entender, la regularización del empleo pasa fundamentalmente por una reducción de las contribuciones patronales y de la carga impositiva sobre el sector productivo.
“La reforma no aborda ese punto”, señaló. Por el contrario, crea el FAL con una nueva contribución y solo reduce un punto el aporte al sistema de obras sociales, lo que también generó críticas. “No tengo una opinión formada sobre si esto va a lograr formalizar empleo”, reconoció.
El dirigente recordó un proyecto previo de promoción de empleo e inversión para pymes, que proponía otorgar créditos fiscales sobre las contribuciones patronales a las empresas que generaran nuevos puestos de trabajo. “Ese tipo de herramientas sí apuntaban directamente a bajar el costo laboral”, afirmó.
Comellas también cuestionó la forma en que se estructuró la reforma, al incluir en un mismo compendio cambios laborales, previsionales y tributarios. “Desde el punto de vista académico, debería haberse tratado la Ley de Contrato de Trabajo por un lado, las asociaciones sindicales por otro, y la cuestión tributaria en una reforma específica”, sostuvo.
En un contexto de alta informalidad y estancamiento del empleo, la reforma laboral avanza en medio de tensiones políticas, sindicales y empresarias. Para Comellas, el resultado final es aún incierto, pero hay una convicción clara: “La única forma de generar más empleo y más formalización es bajando la carga tributaria sobre el trabajo y sobre la producción. Eso da previsibilidad, y la previsibilidad, con seguridad jurídica, es lo que finalmente genera trabajo”.