Reforma laboral: cuáles son los principales puntos en debate
El Gobierno nacional lleva adelante una reforma laboral para modernizar el sistema. Qué se busca y cómo podría impactar en las empresas y en los trabajadores.
La reforma laboral ya tiene un borrador que circula y que pertenece a la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Romina Diez, conocido como Ley de Promoción de Inversiones y Empleo. Con ese punto de partida, lo que finalmente llegará al Congreso de la Nación será el que se consense en el contexto del Pacto de Mayo. Allí, además del Ejecutivo, están representados los gobernadores así como las principales cámaras empresarias y sindicales y miembros del poder legislativo. El camino no será sencillo por todo lo que hay en juego así como por los posibles reparos que puedan surgir en el ámbito judicial.
Lo que el Gobierno nacional ha declarado que busca una modernización de la Ley de Contratos de Trabajo(20744) que data de 1974 y que ha tenido algunas reformas parciales durante estos 50 años. Parte de los cambios en las leyes laborales se debe a los reclamos que el sector empresario hace desde hace tiempo en un contexto de gran informalidad laboral y de altos costos de contratación. Del lado de los sindicatos, hay voluntad de diálogo aunque la CGT han advertido que no permitirán “ideas alocadas” en la nueva propuesta.
El economista Raúl Mercau, al frente de su propia consultora y director de la carrera de Economía de la UNCuyo, recordó que en los 90 se buscó una flexibilización laboral que no dio los frutos esperados. El profesional también ofreció un contexto general en el que hoy se plantea esta reforma. En primer lugar, apuntó que el mercado laboral está estancado desde hace casi 10 años en el sentido de que la formalidad prácticamente no ha crecido y -aunque no hay datos ciertos- hoy se estima que supera el 40%.
Otro punto importante es que la economía no está en una fase de crecimiento y de hecho viene con dificultades desde hace meses en este sentido. “Entre los argumentos a favor de la reforma es que al modernizar la legislación laboral que hoy se considera obsoleta, se facilitará la contratación formal”, expresó Mercau. Más allá de lo que finalmente se apruebe y cómo se lleven adelante las negociaciones en el Congreso, un punto clave es que se otorgarían beneficios impositivos al sector empresario que favorecerían o la toma de nuevo personal o el blanqueo del que está informal.
El problema, para Mercau, es que la economía en recesión no es un dato que haga prever contrataciones sino todo lo contrario. Hay que tener presente que las empresas incrementan su planta si crecen o piensan que va a mejorar su situación. Es decir, si las ventas en el mercado interno o en el externo mejoran más allá de los costos laborales u otras situaciones impositivas. Si no están dichas expectativas, será difícil que aumente el empleo más allá de las facilidades para las empresas. Desde el sector privado coincidieron con esta mirada en el sentido de que se necesita “urgente” el comienzo de una reactivación.
Javier Milei - Reforma Laboral
“Si estuviéramos en periodo de crecimiento económico, la reforma laboral podría contribuir a aumentar el trabajo, pero en un contexto de baja es probable que haya más despidos”, observó el economista. Raúl Mercau también aseguró que los cambios tecnológicos que impactarán en el mundo del trabajo deberán comenzar a incorporase en las normas relacionadas con el empleo y que esto es un dato importante. Por otra parte, habrá que esperar a ver qué sucede luego de la sanción ya que es probable que aumente la litigiosidad ya será por ir en contra de derechos adquiridos o porque se hagan planteos de inconstitucionalidad.
“Creemos que es un debate que hay que dar”, comentó el presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), Santiago Laugero. El dirigente empresario agregó que es importante ocuparse del tema de la informalidad con el objetivo de bajar las problemáticas con relación a los sistemas previsional y de salud. En la misma línea, el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), Fabián Solís, expresó que una modernización implicaría una mejora en la productividad general de las empresas.
Lo que ha trascendido hasta el momento es que la reforma laboral redefinirá y flexibiliizará los contratos de trabajo y que haya una posible extensión de la jornada laboral. También podría modificarse el modo de pago de las indemnizaciones, negociaciones de salario por productividad e incentivos fiscales para formalizar el empleo. Cuando el proyecto esté formalizado, habrá que ver qué queda de todo esto.
Modificaciones recientes y en los hechos
La reforma laboral llega en un contexto en que muchos de los cambios que pretenden formalizarse ya se aplican en los hechos. El presidente de la FEM comentó que el pago de las indemnizaciones en cuotas es algo que ya se suele hacer en los hechos ya que si no las pymes no podrían afrontar el despido de ningún trabajador sin quedar en una situación financiera complicada. En este sentido, el proyecto buscará que esto se legalice y es un punto valorado por el sector empresario. Hay que aclarar que el pago en cuotas que muchas empresas ya llevan adelante se trata de la división por partes del monto acordado sin ajustes por inflación.
Entre otros logros preliminares, referentes del sector privado destacaron diversas reformas orientadas a agilizar procesos y reducir la litigiosidad. Entre ellos, la eliminación de multas duplicadas y la simplificación del registro de las relaciones laborales con el fin de desburocratizar el vínculo entre empleador y empleado. En líneas generales, referentes empresarios destacaron que “se pretende el equilibrio entre la protección del trabajador y la flexibilidad empresarial”.
Otro punto ya relativamente resuelto es la solidaridad limitada del empleador al tiempo efectivo de prestación del servicio, una medida que busca acotar la responsabilidad patronal. Asimismo, se mencionó como un “avance” que ya se aplica a la regulación del preaviso de cese según la normativa de la CNV y la atención a las causas de despidos en situaciones de fuerza ilegítima, como bloqueos. Entre las prioridades que se plantean en el proyecto, se puede dividir la ley en tres grandes bloques que se consideran prioritarios para la modernización: Derecho individual, derecho colectivo y justicia del trabajo.
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El borrador que circula del proyecto de reforma elaborado por una diputada de LLA
Fabián Solís expresó que estudian la mejor manera de adaptar la reforma al convenio colectivo de trabajo. “El objetivo es mantener una visión estratégica para hacer a la industria más productiva y ganar competencia en el interior de nuestras empresas”, detalló Solís. Desde el punto de vista de Santiago Laugero, una de las patas clave de la reforma será la de empezar a disminuir la alta informalidad laboral existente.
Derecho individual: vacaciones partidas, certificados virtuales y más horas de trabajo
En este apartado, las propuestas apuntan a una mayor adaptabilidad laboral. Se busca validar las modificaciones en las condiciones de trabajo y la posibilidad de homologar cambios en elementos esenciales del contrato. También se suma la ampliación de beneficios sociales y prestaciones complementarias como celulares, gastos del grupo familiar en educación, vehículos, etc. El proyecto que trascendió no establece cambio alguno sobre las licencias por maternidad o paternidad. De hecho, no se menciona.
En este apartado también se busca regular los ausentismos y licencias por enfermedades mediante certificado virtual. También se propone el otorgamiento fraccionado de vacaciones sin intervención de la Secretaría de Trabajo. El presidente de Asinmet observó que un porcentaje de las vacaciones podría otorgarse en los periodos de baja de los determinados sectores. En los hechos y en algunos rubros de la economía, esto ya se hace en función de los acuerdos específicos entre empleados y empleadores.
Otro cambio tiene que ver con contratos o convenios específicos entre empresas y personas sin sindicatos de por medio lo que dejaría en inferioridad de condiciones a los contratados. También se mencionó la posibilidad de elaborar contratos temporales o por proyectos con un tope de 12 meses que podría renovarse. Algo similar ya se realiza en el sector de la construcción dada las características de esta actividad.
Una es la posibilidad de que la negociación salarial esté atada a la productividad personal lo mismo que la entrega de bonos o reconocimientos especiales. Si bien esto es destacado por el sector empresario por una cuestión de mérito y merecimiento, desde los sectores trabajadores han observado la dificultad de establecer los límites de esa productividad. Una propuesta es que esta se apoye en certificaciones, capacitaciones o logro de objetivos preestablecidos.
Por último, el artículo 197 bis del proyecto de la diputada Diez, menciona la opción de extender a 12 horas la jornada laboral lo que para el economista Raúl Mercau es una “precarización importante del trabajo”. Por otra parte, aquí hay una iniciativa que a juicio del economista no está claro cómo funcionará y es la que habla del “régimen de horas extras, banco de horas y francos compensatorios”.
Derechos colectivos: qué pasará con los gremios y el derecho a huelga
El bloque de derecho colectivo busca revisar las dinámicas entre sindicatos y empresas. Entre otras cuestiones, se propone la vigencia de las cláusulas obligacionales cuando vence el plazo del convenio, una medida que podría tener un impacto significativo en las negociaciones futuras. Como se mencionó se busca dar peso a los acuerdos internos de cada compañía.
Reforma laboral, trabajo
Con relación a esto, hay diversas propuestas relacionadas con el límite a las asambleas de trabajadores en horario laboral así como una cantidad específica de delgados sindicales en función de la dotación real de cada empresa.
Es decir que se busca limitar la representación sindical con relación a la tutela gremial de los delegados suplentes y tope de tutelados por empresa busca limitar la representación sindical.
Por otro lado, se aboga por la ampliación de servicios esenciales al momento de considerar el derecho a huelga. Es decir que los trabajadores podrán hacer paro, pero garantizar un porcentaje de personal activo dada la “esencialidad” de la tarea.
Justicia del trabajo: Menos litigiosidad y costos judiciales
En lo que respecta a la justicia del trabajo, se plantea la actualización del valor de los reclamos los fueros laborales con el fin de adecuar las compensaciones a la realidad económica actual. Además, se propone una tarifación de los honorarios de los peritos para dar mayor transparencia y previsibilidad en los costos judiciales. Con relación a este punto, desde Asinmet remarcaron la importancia de reducir la litigiosidad laboral en especial los juicios relacionados con accidentes de trabajo.
Es que aunque la ART se haga cargo de estos temas, las demandas en esta área impactan de manera directa en los costos y en la situación financiera de las compañías. “Si la empresa posee cobertura y responde, no debería hacerse juicio por otra vía porque eso genera gran incertidumbre”, observó Fabián Solís.
Incentivos a la formalidad y alivio impositivo
El economista Raúl Mercau destacó que entre los aspectos positivos de la reforma laboral es que tratará de manera diferente a las grandes empresas y a las chicas. Es decir, que no tendrían las mismas cargas impositivas al momento de contratar una persona. Por otra parte, se buscará que los nuevos contratos posean incentivos fiscales ya que es una manera de facilitar el acceso al trabajo formal.
De este modo, el proyecto que circula en la actualidad propone un bono de crédito fiscal para nuevos empleos. Se crea un bono de crédito fiscal sobre las contribuciones patronales al SIPA para empleadores que inicien una nueva relación laboral que implique un incremento neto en la nómina. El beneficio variará según el tamaño de la empresa (Micro: 100%, Pequeña: 75%, Mediana: 50%, Resto: 25%) por un plazo de 12 meses.
En el marco impositivo, el proyecto presenta otras dos áreas de intervención en la reducción del costo laboral no salarial. Aquí se propone una actualización de las contribuciones patronales a cuenta de IVA y Ganancias en una primera etapa intensiva en trabajo. El objetivo es progresivo y tiene que ver con ampliar el beneficio vigente que complementa el crédito fiscal de IVA (Ley 27.541 del DNU 814/2001) para recuperar IVA y contribuir a cuenta de IVA con criterio federal (actualmente 0% en el 50% de las economías argentinas). “Esta medida busca aliviar la carga impositiva sobre las empresas”, celebraron desde los ámbitos privados.
El informe de la UART señaló que para el 70% de las firmas los juicios laborales son una traba para los procesos de inversión | Archivo Los Andes
El paquete de reformas es un llamado a la acción para transformar el ecosistema laboral argentino. Si bien busca generar un marco más flexible y eficiente para las empresas, es probable que genere intensos debates con los sectores sindicales y políticos, quienes defenderán los derechos adquiridos y la protección del trabajador. La Argentina se encuentra, una vez más, ante la encrucijada de cómo balancear la productividad, la competitividad y la justicia social en el mundo del trabajo.
Riesgos y beneficios en síntesis
El economista Raúl Mercau estableció algunos de los principales riesgos y beneficios que podría implicar la sanción de la reforma laboral en función de lo que se ha difundido hasta el momento.
Entre los principales beneficiarios y efectos positivos mencionó:
Empresas, especialmente las pymes y generadoras de empleo formal debido a que se reduce el costo laboral por créditos fiscales, menor carga patronal para nuevos contratos. También se ofrece mayor flexibilidad para ajustar planteles y horarios lo que, en pocas palabras, concreta el esperado beneficio de mayores incentivos para contratar formalmente.
Sectores que necesitan turnos flexibles como servicios, logística, tecnología, construcción. Aquí Mercau menciona bancos de horas y contratos por proyecto facilitan adaptarse a demanda.
Trabajadores actualmente informales. Si las medidas efectivamente reducen el costo de formalizar, algunos puestos que hoy están en negro podrían migrar a la formalidad con acceso a seguridad social aunque esto dependerá de cómo se implemente.
Entre los riesgos o los perdedores a partir de esta reforma, el economista enumeró:
Precarización del empleo: contratos temporales y mayor uso de períodos de prueba largos (6–12 meses) que pueden reducir la estabilidad laboral y facilitar la rotación.
Aumento de la jornada y sobrecarga: la posibilidad de 12 horas diarias y bancos de horas puede traducirse en días más largos o mayor carga semanal si no se regula estrictamente. Esto podría tener un impacto en la salud laboral y la conciliación.
Debilitamiento del poder de negociación sindical: convenios por empresa y límites al derecho de huelga en “servicios esenciales” reducen la capacidad colectiva de presión de sindicatos. Esto puede traducirse en menor capacidad para defender condiciones.
Mayor litigiosidad transitoria y conflicto social debido a los cambios sobre indemnizaciones o a las controversias judiciales que podrían generarse. Eso por no mencionar las fuertes resistencias sindicales y sociales.
Riesgo distributivo: si la formalización no ocurre o es parcial, las ganancias podrían concentrarse en los empleadores y los trabajadores podrían ver reducidos derechos reales.
