La propuesta busca cambios en indemnizaciones, negociación por empresa, jornadas laborales y vacaciones, mientras genera rechazo en la CGT.
Entre los cambios se destacan la exclusión del aguinaldo del cálculo de indemnizaciones, la preponderancia de convenios por empresa y la posibilidad de fraccionar vacaciones.
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El presidente Javier Milei aprovechó el envión de confianza tras la victoria en las elecciones legislativas y decidió acelerar su plan de reforma laboral. La iniciativa, que plantea una modificación profunda del actual esquema de indemnizaciones, fue presentada por funcionarios libertarios ante referentes políticos, empresarios y sindicales que integran el Consejo de Mayo.
La apuesta del oficialismo es lograr consenso entre esos sectores y los gobernadores para enviar el proyecto al Congreso antes de fin de año. Sin embargo, desde la conducción de la CGT ya anticiparon su rechazo y adelantaron que intentarán bloquear su implementación.
Según publicó Clarín, el borrador de la iniciativa fue analizado en las reuniones de la comisión técnica laboral del Consejo.
El proyecto retoma los principales puntos del decreto 70/23 en materia laboral, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y promueve cambios estructurales en la negociación colectiva, los convenios laborales, el sistema de indemnizaciones, la definición de aumentos salariales por productividad y la reducción de la litigiosidad laboral.
Uno de los ejes centrales de la reforma propone modificar el régimen de indemnizaciones. Entre las medidas se incluyen un tope al monto de los resarcimientos, la posibilidad de abonarlos en cuotas y la exclusión del aguinaldo, los adicionales y otros beneficios no mensuales del cálculo indemnizatorio.
“La base de cálculo de la indemnización no incluirá el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), ni conceptos de pago semestral o anual”, detalla el texto. Esto excluye beneficios como bonos anuales, adicionales específicos, tickets canasta o vales alimentarios, pese a que varios fallos judiciales los habían reconocido como parte del resarcimiento.
El borrador promueve el retorno de los denominados tickets canasta, contrariando lo resuelto por la Corte Suprema y la legislación vigente. Además, se establece que no tendrán carácter remunerativo ni generarán aportes a la seguridad social.
El esquema plantea la posibilidad de que las empresas otorguen incrementos salariales diferenciados según criterios de productividad o mérito individual. Estos componentes “retributivos dinámicos adicionales” serían de carácter variable y dependerían tanto del desempeño del trabajador como de la situación económica de la empresa y del sector.
Hebe Casado participó de la reunión de Milei con gobernadores
Se habilita la posibilidad de establecer jornadas superiores a las actuales, siempre que se respeten las 12 horas de descanso entre una y otra. También se incorpora el mecanismo de “banco de horas”, que permitirá compensar una jornada extendida con una más corta en otro día, sin superar el límite semanal legal.
El proyecto permite fraccionar el período de vacaciones mediante acuerdo entre empleador y trabajador, con tramos no inferiores a una semana. Asimismo, las partes podrán pactar fechas distintas a las establecidas por ley (entre el 1° de octubre y el 30 de abril), en función de las características de cada actividad.
Las convenciones colectivas vencidas mantendrán vigentes solo las cláusulas referidas a condiciones de trabajo hasta que se firme una nueva o se acuerde una prórroga. Las restantes disposiciones (obligacionales) podrán continuar en vigor únicamente por acuerdo de partes o por decisión del Poder Ejecutivo.
El texto otorga preponderancia a la negociación colectiva por empresa sobre los convenios de actividad. De este modo, un acuerdo de ámbito menor prevalecerá dentro de su representación personal y territorial, e incluso podrá modificar un convenio anterior del mismo nivel.
La mesa chica de la CGT aprobó la participación en el Consejo de Mayo.
El pago de cuotas o aportes sindicales solo podrá realizarse con consentimiento expreso del trabajador. Además, las cláusulas de los convenios que fijen contribuciones a favor de los gremios serán válidas únicamente para los afiliados, lo que pondría fin a las contribuciones compulsivas aplicadas a empleados no afiliados.
El borrador establece que durante las medidas de fuerza deberá garantizarse una cobertura mínima del 75% en los servicios esenciales —salud, educación, telecomunicaciones, transporte aéreo y marítimo, control del tráfico aéreo y suministro de combustibles, entre otros—.
También fija una cobertura del 50% para una nueva categoría denominada “actividades o servicios de importancia trascendental”, que incluye sectores como transporte, industria, banca, gastronomía, producción de alimentos y medios de comunicación.
