Confiado en lograr los votos, el Gobierno nacional llegó este miércoles al Senado con una reforma laboral retocada en 28 puntos clave, producto de semanas de negociaciones con gobernadores, la CGT y cámaras empresariales.
El oficialismo llegó confiado con los votos para darle media sanción en el Senado. Las negociaciones a último momento y los cambios acordados.
La senadora Patricia Bullrich, junto a los senadores del bloque LLA y sus aliados
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Juan Vargas / NA Confiado en lograr los votos, el Gobierno nacional llegó este miércoles al Senado con una reforma laboral retocada en 28 puntos clave, producto de semanas de negociaciones con gobernadores, la CGT y cámaras empresariales.
En Casa Rosada aseguran que cuentan con los votos necesarios para alcanzar la media sanción en el Senado durante el período de extraordinarias y girar el proyecto a Diputados, donde el escenario es más incierto.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se mostró esta mañana confiada antes del debate. El proyecto “ha tenido una participación de todos aquellos que son reformistas, que quieren que el país avance” y afirmó sin matices: “Lo vamos a lograr”.
Bullrich negó que el Gobierno haya cedido ante la CGT. “El Gobierno lo que hizo fue escuchar a todos y equilibrar el proyecto para que absolutamente todos sientan que han tenido una participación”, sostuvo. Y defendió el alcance de la iniciativa: ningún gobierno democrático, remarcó, logró avanzar antes en una reforma de esta magnitud. El oficialismo busca que Javier Milei la incluya como uno de los hitos centrales en su discurso del 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa.
El primer frente de conflicto fue con las provincias. Desde diciembre, cuando el texto ingresó al Senado, los gobernadores advirtieron que el capítulo fiscal implicaba una pérdida estimada en $1,9 billones en fondos coparticipables.
El punto más resistido era el artículo que reducía del 30% al 27% la alícuota del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas. La presión fue transversal, incluso de mandatarios aliados. Finalmente, el Gobierno eliminó el artículo 190. El oficialismo no contaba con los votos para sostenerlo y, según fuentes provinciales, tampoco estaba dispuesto a comprometer el superávit fiscal.
La negociación con la CGT dejó concesiones concretas. La central sindical logró mantener por dos años el aporte solidario a los gremios, aunque con un tope del 2% -hoy algunos sindicatos cobran hasta 4%-. También consiguió que no prosperara la reducción de las cargas patronales destinadas a las obras sociales: seguirán en 6% y no bajarán al 5% como proponía la versión original.
Además, las empresas continuarán siendo agentes de retención de las cuotas sindicales, un punto clave para la estructura financiera de los gremios.
La derogación de estatutos y regímenes especiales comenzará a regir a los 180 días de sancionada la ley.
Sin embargo, la CGT no logró frenar dos artículos sensibles. Se mantiene la limitación del derecho de huelga en servicios esenciales y trascendentales -cuyo alcance además se amplía-y continúa vigente la obligación de solicitar autorización a la patronal para realizar asambleas en los lugares de trabajo.
En la mesa con el sector empresario también hubo ajustes. Se mantuvo el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5%.
El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos sin causa. Las pymes aportarán un 2,5% y las grandes empresas un 1%. A la vez, se confirmó que el pago de salarios deberá realizarse por vía bancaria, descartando la utilización de billeteras virtuales.
En materia judicial, los juicios laborales se limitarán a considerar exclusivamente el salario, sin computar aguinaldo ni vacaciones. Además, las indemnizaciones podrán abonarse en cuotas: hasta seis en el caso de grandes empresas y hasta doce para pymes.
Entre los cambios más técnicos figura la regla sobre antigüedad: si transcurren tres años entre el cese del vínculo laboral y un eventual reingreso con el mismo empleador, el período anterior no se computará.
También se redefinen los criterios de pago ante accidentes o enfermedades no vinculadas al trabajo. Si el trabajador no puede prestar tareas por una situación derivada de una actividad voluntaria y riesgosa, percibirá el 50% del salario básico durante tres meses -o seis si tiene personas a cargo-. Si la incapacidad no proviene de una acción voluntaria de riesgo, el porcentaje sube al 75% en los mismos plazos.
Las recaídas de enfermedades crónicas se considerarán episodios distintos solo si transcurren más de dos años entre uno y otro. Las suspensiones económicas o disciplinarias decididas por el empleador no afectan el derecho a esa remuneración parcial.
La reforma también modifica el régimen de vacaciones. Se establece que podrán otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de acordar fechas fuera de temporada, y se habilita el fraccionamiento con un mínimo de siete días por período.
Su suma un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación, empleabilidad y reconversión.
En un capítulo adicional, se dispone que a partir del 1 de enero de 2028 el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) será financiado exclusivamente mediante las partidas previstas en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional.