La Sociedad Rural Argentina (SRA) se presentó ante la Justicia para respaldar la vigencia de la Ley de Modernización Laboral (27.802) y evitar que su aplicación sea suspendida en medio del fallo judicial que puso en pausa la reforma tras el reclamo impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT).
La entidad busca participar activamente en el expediente para “sostener la constitucionalidad”. En ese marco, solicitó intervenir como tercero en la causa “CGT c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa”, un paso formal que le permitiría aportar argumentos en defensa de la ley y acompañar la postura oficial.
La entidad rural fundamentó su pedido en el impacto directo que podría generar una eventual suspensión de la normativa, especialmente sobre el empleo, los costos productivos y el funcionamiento de distintas actividades económicas, con foco en el sector agropecuario.
Según planteó, frenar la ley afectaría “la previsibilidad jurídica y el normal desarrollo de las relaciones laborales”, según informó TN.
Además, la SRA respaldó la postura del Gobierno respecto a que el caso debe tramitarse en el fuero Contencioso Administrativo Federal, al considerar que se trata de una discusión sobre la validez de una ley del Congreso. “No corresponde que sean tratadas por la Justicia Nacional del Trabajo”, afirman.
También cuestionó la cautelar que suspendió la aplicación de la norma, al entender que altera el principio de división de poderes.
La SRA sostiene que la ley busca “mejores condiciones para todos”
En relación al contenido de la reforma, la entidad sostuvo que la ley apunta a “promover el empleo formal, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad”, sin afectar derechos de los trabajadores. En esa línea, defendió que la modernización “busca mejores condiciones para la producción y el trabajo registrado”.
Por último, la Sociedad Rural reafirmó su postura institucional al remarcar su compromiso con la defensa de la producción, el empleo formal y el respeto por las instituciones, en un escenario donde la discusión judicial sobre la reforma laboral sigue abierta.