El programa prevé inscripción en julio y contempla una primera etapa de 250 unidades y priorizará a trabajadores con estabilidad laboral.
La propuesta combina participación estatal y privada para la construcción y adjudicación de viviendas.
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Prensa Gobierno de Mendoza El Gobierno de Alfredo Cornejo avanza con la puesta en marcha de un plan habitacional destinado a docentes, una iniciativa que busca atender una demanda histórica del sector y, al mismo tiempo, fortalecer el arraigo de quienes hoy deben trasladarse largas distancias para cumplir con sus tareas en las escuelas.
El programa prevé una primera etapa de 250 viviendas y se enmarca dentro de una estrategia más amplia orientada a mejorar las condiciones laborales docentes, junto con otras herramientas como el ítem arraigo, la política salarial y las capacitaciones.
“Es una deuda histórica que tenemos con el sector docente y queremos empezarlo a hacer realidad. Esto viene de la mano de un plan que venimos trabajando desde el ministerio que se complementa con el ítem arraigo, el mejoramiento de los salarios y la implementación de las capacitaciones”, señaló el subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo, en diálogo con Los Andes.
Uno de los objetivos centrales del plan es que los docentes puedan acceder a una vivienda cercana al lugar donde trabajan, especialmente en los casos en los que deben trasladarse desde otros departamentos.
“Con esto también queremos darles a aquellos docentes que deciden irse de sus departamentos a trabajar a otro lado de la provincia y que puedan contar con su propia casa cerca de su lugar de trabajo”, explicó Daparo.
La lógica de la iniciativa se vincula con la política de arraigo impulsada por el Gobierno provincial, en la búsqueda de que los trabajadores de la educación puedan establecerse en las zonas donde desarrollan su actividad cotidiana y reducir así los traslados diarios.
La primera etapa contempla la construcción de unas 250 viviendas sobre terrenos que actualmente pertenecen a la Dirección General de Escuelas (DGE). En principio, las zonas ya identificadas se ubican en Guaymallén, Ciudad y San Rafael, aunque podrían sumarse otros departamentos en función de las propuestas que presenten los desarrolladores privados.
“Estos terrenos de Ciudad, Guaymallén y San Rafael eran de la DGE y los pusimos a disposición para que los docentes puedan adquirir su vivienda. Con el transcurso de la semana se pueden sumar otros departamentos, esto va a depender de los grupos de empresas que están interesados en presentar una propuesta de desarrollo inmobiliario”, detalló el funcionario.
En paralelo, el Gobierno abrirá una convocatoria para desarrolladores inmobiliarios, quienes deberán presentar no sólo los proyectos constructivos, sino también alternativas de financiamiento para los futuros adjudicatarios.
La preinscripción provisoria está prevista para mediados de julio y se realizará a través de la plataforma del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
“Habrá una preinscripción provisoria a mediados de julio donde el IPV pondrá un formulario para que lo completen aquellos docentes interesados”, indicó Daparo.
Una vez que estén definidos los proyectos habitacionales, los docentes podrán elegir la propuesta que mejor se ajuste a sus necesidades en función de la ubicación, la cercanía con el lugar de trabajo y la oferta disponible.
El IPV también participará con sus equipos técnicos para tareas de construcción e inspección de obras, mientras que la adjudicación final de las viviendas quedará a cargo de la DGE.
“Además de estar con la inscripción, el IPV nos ayudará con sus equipos técnicos de construcción y de inspección de obras. El sorteo de la adjudicación de las viviendas estará a cargo de la DGE”, precisó.
En caso de que la cantidad de postulantes supere la oferta disponible, y siempre que se cumplan los requisitos establecidos, la asignación se resolverá mediante sorteo público.
Las viviendas tendrán una superficie aproximada de 60 metros cuadrados, con dos dormitorios, cocina, comedor y baño, además de la posibilidad de ampliación.
El valor estimado de cada unidad oscilará entre 100 y 120 millones de pesos, dependiendo de si el terreno es aportado por el Estado o por los desarrolladores privados.
El esquema financiero prevé que el 80% del valor sea cubierto mediante crédito hipotecario, mientras que el 20% restante deberá ser aportado por el adjudicatario como ahorro previo. Ese monto podrá integrarse en cuotas a lo largo de entre 12 y 24 meses.
Entre las condiciones de acceso, se prevé que los postulantes deban acreditar ingresos formales que les permitan afrontar el crédito hipotecario y contar con estabilidad laboral. En esa línea, se priorizará a docentes titulares.
Calculan que la cuota mensual rondará los 500.000 pesos, o sea, "el valor de un alquiler", informaron en la DGE. Pero aclararon además que la suma dependerá del monto que necesiten, porque el si el solicitante cuenta tiene más ahorro, la cuota bajará.
Uno de los aspectos aún abiertos del programa es la definición de las tasas de interés, que quedarán sujetas a las condiciones que presenten las empresas desarrolladoras. La referencia inicial es la operatoria que hoy predomina en el mercado inmobiliario, basada en esquemas de actualización UVA.
“Los valores de las tasas estarán sujetos a lo que cada desarrollador inmobiliario disponga en las ofertas que presente. Seguramente estén atadas a la oferta del mercado inmobiliario del momento, que en gran parte se maneja con los créditos UVA”, sostuvo Daparo.
En ese esquema, entidades como el Banco Nación podrían participar del financiamiento, aunque la modalidad final dependerá de cada propuesta.
Mientras se avanza con la primera etapa, el Gobierno ya proyecta ampliar el alcance del programa. Según estimaciones oficiales, la demanda habitacional dentro del sector docente supera ampliamente las 250 viviendas previstas inicialmente.
Por eso, además de la convocatoria al sector privado, también se buscará articular con municipios que cuenten con terrenos urbanizados y con los gremios docentes, con el objetivo de desarrollar nuevas operatorias que permitan ampliar el acceso a la vivienda.
“Vamos a invitar a los intendentes y sobre todo a los gremios docentes a que puedan sumarse al programa y poder articular con ellos”, concluyó Daparo.
