El máximo tribunal rechazó el traslado del domicilio social a territorio bonaerense, mantuvo las facultades de fiscalización de la IGJ y resolvió que otras causas de la entidad tramiten en los tribunales porteños.
Claudio Chiqui Tapia junto a Pablo Toviggino
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una serie de resoluciones en contra de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ratificando el control del Estado nacional sobre la entidad y desestimando los intentos de la dirigencia por cambiar la jurisdicción administrativa y judicial de sus causas.
Las decisiones contaron con las firmas de los tres ministros del tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En el ámbito civil, la Corte revocó un fallo de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y dejó firme la Resolución 140/2026 de la Inspección General de Justicia (IGJ). El conflicto se inició tras la asamblea del 17 de octubre de 2024, cuando la AFA aprobó modificar su estatuto para mudar su domicilio social a la provincia de Buenos Aires.
La IGJ había denegado dicho trámite y ordenado una veeduría por 180 días hábiles tras detectar "graves irregularidades" y la inexistencia de oficinas reales de administración en la sede declarada en Pilar. Al revocar la sentencia de Cámara, el máximo tribunal aclaró que no puede existir una fiscalización concomitante entre dos organismos y determinó que la AFA permanece sujeta al control de la IGJ en tanto no complete y obtenga la cancelación registral de su domicilio de origen.
En materia penal, la Corte frenó la pretensión de unificar las investigaciones en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. Dicho juzgado pretendía intervenir al coordinar con la causa "Pantano", iniciada a partir de una denuncia de Elisa Carrió por presunto lavado de dinero en la compra de una propiedad en Pilar a través de la firma pantalla "Real Central SRL", atribuida al tesorero Pablo Toviggino.
Sin embargo, el máximo tribunal estableció que la investigación por lavado de activos constituye un delito autónomo, por lo que desestimó el pedido de acumulación y ordenó que las denuncias por administración fraudulenta continúen su curso en la jurisdicción capitalina.
De esta manera, los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires mantendrán la competencia sobre la denuncia impulsada por el empresario Guillermo Tofoni (de la firma World Eleven) contra el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y otros directivos de la entidad. La causa indaga la supuesta omisión en los balances de aproximadamente 300 millones de dólares derivados de un contrato con Tourprodenter LLC, así como el presunto desvío de dichos fondos.
Al dirimir el conflicto de competencia frente al fuero Penal Económico, la Corte determinó que la presunta falsificación de balances actúa como delito medio para cometer administración fraudulenta, motivo por el cual la causa debe continuar tramitándose ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11.
