El Gobierno presentó este martes la versión definitiva del proyecto de reforma laboral que comenzará a debatirse este miércoles al mediodía en el Senado de la Nación.
Tras meses de negociaciones lideradas por Patricia Bullrich, el oficialismo logró el apoyo de 44 senadores de la UCR y el PRO para tratar el proyecto este miércoles.
El Gobierno presentó este martes la versión definitiva del proyecto de reforma laboral que comenzará a debatirse este miércoles al mediodía en el Senado de la Nación.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció que el texto final cuenta con 28 modificaciones consensuadas con bloques de la Unión Cívica Radical, el PRO y partidos provinciales, lo que garantizaría una base de entre 42 y 44 votos para su aprobación en general.
Para asegurar este respaldo, la Casa Rosada debió resignar puntos que generaban fuertes fricciones. La modificación más significativa fue la eliminación del artículo que reducía el impuesto a las Ganancias para las sociedades en un 3%.
Esta concesión fue clave para conformar a los gobernadores provinciales, quienes temían perder una recaudación estimada en 3 billones de pesos por vía de la coparticipación. Según Bullrich, el tratamiento de este tributo se postergará hasta que se elabore un proyecto de reforma fiscal integral.
En cuanto al frente gremial, el oficialismo también realizó concesiones ante los reclamos de la CGT. El texto final mantiene el aporte patronal a las obras sociales en un 6% y establece que los denominados “aportes solidarios” seguirán siendo compulsivos por dos años, con un tope del 2%, antes de pasar a ser voluntarios. Asimismo, las cámaras empresarias lograron que sus aportes también sean obligatorios por el mismo plazo, limitados al 0,5%.
A pesar de estos cambios, Bullrich enfatizó que el núcleo de la reforma sigue siendo el combate a la "industria del juicio", un fenómeno que, según la senadora, ha provocado el cierre de numerosas empresas.
El nuevo articulado delimita qué aspectos pueden judicializarse y establece un sistema de protección para evitar que las indemnizaciones se desvirtúen por intereses excesivos. En este sentido, se fijó que los pagos derivados de la finalización de contratos laborales se ajusten por el IPC más un 3%.
La estrategia parlamentaria fue definida en una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con la presencia de figuras centrales como Karina Milei, Santiago Caputo y el ministro de Economía, Luis Caputo. El objetivo del Ejecutivo es lograr la sanción de la ley antes del inicio de las sesiones ordinarias el 1° de marzo.
Mientras el oficialismo confía en tener los votos necesarios, el clima fuera del Congreso se prevé tenso. Diferentes gremios, encabezados por la CGT, junto a movimientos sociales y partidos de oposición, han convocado a una movilización masiva para este miércoles en rechazo a la iniciativa, advirtiendo que la reforma pone en riesgo derechos laborales históricos.