Piden que se investigue una maniobra por la que se habría financiado a una bodega grande para comprar vino a una cooperativa.
Entidades rurales mendocinas advierten sobre presuntas irregularidades en el sistema de SGR
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En 2024, Bodegas Norton le compró vino a la Cooperativa San Carlos Sud. La operatoria, según afirman desde la entidad, venía armada y la modalidad de pago iba a ser a través de un crédito. Pero, en lugar de tomarlo la elaboradora, lo tomó la cooperativa, con el aval de una SGR, aunque la cuota se iba a descontar de la cuenta de la empresa.
Sin embargo, la bodega, como es de público conocimiento, entró en concurso de acreedores, por lo que l a SGR iría ahora contra los “deudores”. Como el crédito era por unos $ 400 millones, a un año, y una tasa del 45%, la entidad cooperativa debería abonar hoy, con intereses, unos $870 millones.
Además, sostuvo el vicepresidente de la cooperativa, Claudio Giusti, están en situación 3 en el Banco Central, de Riesgo medio -por atraso en pagos de más de 90 y hasta 180 días-, lo que les impide acceder a financiamiento.
La Sociedad Rural del Valle de Uco, la Confederación de Asociaciones Rurales de Mendoza y Confederaciones Rurales Argentinas emitieron un comunicado en el que expresan su preocupación por la situación y señalan que esto podría implicar que se pusieron en marcha mecanismos que se apartan de los objetivos y finalidades para los que fue concebido el sistema de SGR.
“El sistema de Sociedades de Garantía Recíproca constituye una herramienta fundamental para facilitar el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas, cooperativas y productores del interior del país. Su adecuada utilización resulta esencial para sostener la confianza en instrumentos destinados al desarrollo productivo y al fortalecimiento de las economías regionales”, resaltaron.
Guisti comentó que este tipo de práctica es bastante común. De hecho, la cooperativa ya había recibido pago por la materia prima en otras dos ocasiones -por parte de otras bodegas- a través de un crédito que ellos mismos habían tomado y sin inconvenientes. Pero esta vez, como Norton empezó a tener serios inconvenientes con sus finanzas, la situación se complicó.
El cooperativista planteó que el problema es que las SGR prestan aval a las pequeñas y medianas empresas, como la cooperativa, pero no deberían hacerlo para las grandes. Y, de hecho, comentó que un año antes habían solicitado aval para un crédito de cosecha y acarreo, por un monto de $26 millones y se los negaron por no cumplir los requisitos. Pero unos meses después, sí se los otorgaron por $455 millones, para que Norton les comprara el vino.
“Nos vinieron con el contrato ya armado y nos dijeron ‘te compro el vino de esta forma o no te lo compro’”, sostiene Guisti. “Es muy claro que financia a la bodega, porque nosotros no necesitábamos un crédito para vender”, resaltó.
Este año, cuando la cooperativa solicitó un crédito para cosecha y acarreo, para financiar a los socios, que van pagando en cuotas cuando cobran por el vino o la uva entregada, se enteraron de que estaban en una situación de mora. La entidad reúne a unos 60 productores del Valle de Uco, la mayoría de San Carlos, pero también hay algunos de Tupungato y de Tunuyán.
Desde la entidad han iniciado una denuncia penal contra Norton. Pero también quieren señalar que la SGR le brindó, de modo indirecto, financiamiento a una empresa grande y por eso presentaron también un planteo en la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de Nación, en donde señalaron que, cuando necesitaron un crédito para elaborar el producto se los rechazaron, pero sí se los aceptaron para “venderlo”.
Además, con el comunicado de la Sociedad Rural del Valle de Uco, la Confederación de Asociaciones Rurales de Mendoza y Confederaciones Rurales Argentinas esperan que otros perjudicados por esta maniobra -saben de una bodega y algunos productores- se acerquen para poder realizar un reclamo conjunto.
“Desde el ruralismo organizado reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del desarrollo productivo federal, el fortalecimiento de las cooperativas y pymes, y la promoción de mecanismos financieros transparentes que contribuyan genuinamente al crecimiento económico y social de las distintas regiones del país”, señalaron desde las entidades.
Y cerraron: “solicitamos a las autoridades nacionales y provinciales competentes que actúen con celeridad y objetividad en el análisis de esta situación, garantizando el adecuado funcionamiento de las herramientas creadas para promover el financiamiento productivo de las pequeñas y medianas empresas argentinas”.