Con el régimen actual, la cláusula de actualización define cuánto, cuándo y con qué índice aumentará el alquiler durante el contrato.
Desde la derogación de la Ley de Alquileres, los nuevos contratos en Argentina se rigen por un esquema de mayor libertad entre las partes. Por eso, los inquilinos que renuevan en junio deben mirar con especial atención la cláusula de actualización antes de firmar. Ya no existe un único índice obligatorio para todos los contratos nuevos.
El aumento puede pactarse por IPC, ICL, RIPTE, una fórmula mixta, un porcentaje fijo u otro mecanismo acordado.
La cláusula de actualización debe indicar tres datos básicos: cada cuánto aumenta, con qué índice se calcula y desde qué fecha se toma el período de referencia.
Si esa redacción es confusa, el inquilino puede encontrarse con aumentos difíciles de prever. Por ejemplo, no es lo mismo un ajuste mensual que uno trimestral, cuatrimestral o semestral.
Tampoco es lo mismo actualizar por IPC puro que por un índice combinado con salarios. Cada mecanismo puede dar resultados distintos según el momento económico.
En Argentina todavía conviven contratos firmados bajo tres esquemas: la Ley 27.551, la reforma de 2023 y los contratos posteriores al DNU 70/2023.
Los contratos viejos deben respetar las reglas vigentes al momento en que fueron firmados. En cambio, los contratos nuevos posteriores al DNU dependen mucho más de lo pactado entre propietario e inquilino.
Por eso, una renovación en junio no debería firmarse como trámite automático. Puede implicar un contrato completamente nuevo, con otras reglas de plazo, moneda, depósito y actualización.
Un alquiler inicial más bajo puede terminar siendo más caro si la actualización es muy frecuente o usa un índice más agresivo.
También puede pasar lo contrario: un precio inicial más alto con ajustes semestrales puede resultar más previsible para quien necesita ordenar sus gastos.