Un informe elaborado por la UCA revela que, en Mendoza, el porcentaje de ocupados que no alcanzan a cubrir la canasta básica fue creciendo en los últimos años.
Casi 4 de cada 10 trabajadores mendocinos eran pobres el año pasado
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Entre 2021 y 2024, por el deterioro de los ingresos, los ocupados pobres aumentaron del 28% al 29,9% (+1,9 puntos porcentuales) en todo el país. En Cuyo, pasaron del 34,3% al 37,5% (+3,2 pp) y en Mendoza, la cantidad de trabajadores que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza trepó del 36,2% al 38,7% (+2,5 pp).
Los datos surgen del informe técnico “Diagnóstico sociolaboral de las provincias de la región Cuyo 2021-2024. Estructura productiva, mercado de trabajo y pobreza”, elaborado por María Noel Fachal y Valentina Ledda.
Se trata de un documento que surge del trabajo del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina (UCA), y el Instituto de Investigaciones Contables, Económicas y Socioterritoriales, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Universidad Católica de Cuyo.
El informe señala que la mayor concentración de ocupados pobres en Cuyo se dio en el sector micro informal, con valores que oscilaron entre el 46% y el 50%. Se trata del grupo en que también creció más la cantidad de personas que trabajan, pero sus ingresos no cubren el valor de la Canasta Básica Total (CBT).
Si bien los sectores formal privado y público tienen menos proporción de trabajadores por debajo de la línea de pobreza, en el periodo analizado (2021-2024) también crecieron.
En Mendoza, los ocupados pobres alcanzaban el 36,2% en 2021, cifra que descendió a 34,7% en 2022, para volver a subir a 34,7% en 2023 y trepar al 38,7% en 2024.
Analizando lo que sucedió por sectores en la provincia, los trabajadores pobres en el sector micro informal subieron del 49,1% a 52,5% en tres años; los del sector formal privado se elevaron del 24,7% al 29,1%; y los del sector público tuvieron la menor variación, al pasar del 23,2% al 23,7% entre 2021 y 2024.
El economista y director del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza, Nicolás Aroma, indicó que el hecho de que los trabajadores ocupados pobres aumenten en la provincia -y en general en Cuyo, aunque en Mendoza un poco más- se explica por algo que vienen señalando desde el Cefim, que tiene que ver con los salarios.
“Va en línea con un deterioro generalizado de los salarios privados registrados, públicos registrados, y, algo más difícil de medir, de los salarios informales”, señaló. Añadió que hay una especie de retraso estructural del nivel salarial en Argentina, que vienen en caída desde hace 10 años.
“Desde el 2015 a esta parte, los salarios caen, salvo excepciones, como el año 2017, en el que hubo un repunte, pero después se desplomaron. Luego, intentaron estabilizarse en un cierto nivel, pero con la devaluación de diciembre 2023, el descenso se profundizó aún más”, detalló.
Acotó que, si bien hoy, intermensualmente, los sueldos van evolucionando en línea con la inflación -no ganándole-, no están recuperando la caída que tuvieron desde diciembre de 2023, lo que genera una pérdida acumulada de poder adquisitivo.
Y es lo que determina que cada vez una proporción mayor de la población necesite más de un trabajo para poder adquirir la canasta básica total, que es la que determina el umbral de pobreza.
José Vargas, titular de la consultora Evaluecon, explicó que el hecho de que Mendoza esté peor que el promedio nacional tiene que ver, sobre todo, con el hecho de que es una provincia típicamente turística y la actividad económica depende mucho de los rubros que están relacionados con eso: servicios, comercio, hotelería, gastronomía, transporte, etc.
El economista sumó que las devaluaciones de los últimos años han complicado más esta matriz productiva y explican el aumento en la desocupación y en los niveles de pobreza e indigencia.
De hecho, consideró que el impacto no hay sido mayor, por la implementación de plataformas de envíos a domicilio o de movilidad, “que han atenuado un poco el impacto de los ingresos y en la pobreza”.
La pregunta sostenida en los últimos meses es cuándo podría modificarse el panorama. “Lo que se ve hacia adelante es que esta situación no va a mejorar, porque la macroeconomía nacional está parada hoy sobre un modelo donde el salario o los ingresos son una de las anclas de la inflación ”, respondió Aroma.
De ahí que el economista considere que es probable que su evolución siga acompañando a la inflación o que, si le gana por algunos puntos porcentuales, no lleguen a dar el salto que se necesita para recuperar el terreno perdido.
Por otra parte, advirtió que los salarios están a la baja, pese a que el desempleo ha ido creciendo. Esto lleva a un replanteo de si el mercado de trabajo está en condiciones de absorber a las personas que se van incorporando.
“Me parece que ahí está el desafío. Cuando se analiza la macroeconomía, muchas veces se ve qué pasa con las variables financieras: dólar, tasa de interés y demás, que tienen mucho que ver. Pero, en realidad, son solamente la punta del iceberg de lo que pasa en la economía real. Y, por lo menos en la última década, el ingreso promedio de las familias no garantiza poder superar el umbral de pobreza”, cerró.
El informe aborda otros aspectos, como la estructura productiva, el mercado de trabajo y la pobreza en Mendoza, San Juan y San Luis. Señala que, en Cuyo, habita el 7,4% de la población del país y contribuye en un 5,6% al Valor Agregado Bruto nacional en 2023. Ese VAB es un 24% inferior al promedio nacional.
Detalla que, en términos absolutos, Mendoza tuvo en 2023 una participación en el VAB nacional mayor que San Juan y San Luis (3,3% frente al 1,3% y 1% respectivamente). Pero que disminuyó su aporte en un 0,6% entre 2021 y 2023. Lo mismo sucedió con San Luis, que tuvo una baja de 1,9%. En cambio, San Juan registró un incremento del 1,6%.
En lo que respecta al mercado de trabajo, la región tuvo, al igual que a nivel nacional, una gran participación del trabajo informal, que es el de mayor peso en la estructura del empleo. A esto se suma que, en las provincias cuyanas, más de la mitad de los ocupados tiene un empleo precario o no regulado.