Anestesistas advierten que peligran servicios en el sector privado ante la posible suspensión de sus matrículas

Imagen ilustrativa - Ignacio Blanco / Los Andes
Imagen ilustrativa - Ignacio Blanco / Los Andes

Se trata de 65 médicos que decidieron no renovar contratos con el Estado y que también trabajan en al menos 12 efectores privados.

Médicos anestesistas que se encuentran en conflicto con el Estado mendocino, advirtieron sobre el riesgo de que se vean afectados los servicios en el sector privado, si se suspenden sus matrículas. Es una de las sanciones contempladas en el marco de la Ley de Emergencia en anestesiología sancionada recientemente.

De los 68 profesionales que decidieron no renovar sus contratos con el sector público por estar en desacuerdo con las condiciones laborales, 65 trabajan también en el sector privado.

“Nos manifestamos preocupados y en estado de alerta respecto de las medidas llevadas adelante por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de nuestra provincia quienes, con el pretexto de una declaración de emergencia en el sector, buscan sumariar e inhabilitar para el ejercicio de la especialidad a los anestesiólogos autoconvocados, que recientemente dejaron de realizar prestaciones por los bajísimos honorarios que paga el Estado Provincial. Esta medida tendrá un impacto sin precedentes, ya que 65 de los 68 médicos anestesiólogos pasibles de suspensión de matrículas, desarrollan actividades profesionales en el subsector de salud privado provincial, circunstancia esta conocida y subestimada por el Ministerio que promueve las sanciones”, expresaron en un comunicado.

“Funcionarios responsables de resguardar la salud de todos los mendocinos, tanto en las instituciones públicas como las privadas. En consecuencia, a las cirugías suspendidas en los hospitales estatales, con motivo de esta situación angustiante y que no vislumbra pronta solución, se sumarán otras prestaciones en los nosocomios privados, a los que obviamente no podrán concurrir los profesionales suspendidos, de 1 mes a 5 años, y cuyos puestos de trabajo, preavisamos, no podrán ser cubiertos por los restantes profesionales, dejando un gravísimo vacío asistencial con un incalculable daño a la población que debe resguardar el mismo Estado”, agregan.

Estos profesionales también prestan servicios en el sector privado con el que no están en conflicto. Desde este sector ya habían advertido que la suspensión de matrículas podría tener impacto en sus nosocomios dado que se quedarían sin estos profesionales de los que además, hay pocos.

Posibles hospitales afectados

Los involucrados se desempeñan en el hospital Italiano, hospital Español, Clínica de Cuyo, clínica Santa Clara, clínica Santa María, clínica Santa Rosa, clínica A mano, Instituto Zaldívar, hospital Santa Isabel de Hungría, Attimo hospital de Día y el Hospital Privado además de efectores propios y privados de OSEP.

“Atento al agravamiento coyuntural que plantea la ejecución de sanciones, las que inevitablemente impactarán en desmedro de la salud pública de los mendocinos, tanto de gestión estatal como privada, exigimos a los funcionarios del Gobierno de Mendoza que antepongan a cualquier interés partidario o especulación política, el valor salud como derecho humano fundamental inherente a toda persona íntimamente vinculado con el derecho a la vida. Los que no admiten suspensión ni reservas económicas por ninguna causa, mucho menos por razones de poder de quienes lo ejercen circunstancialmente”, continúa el texto difundido.

Y concluyen: “Por todo lo dicho, les pedimos que, en un acto de coraje republicano, propongan en la mesa de negociación alternativas conciliadoras, tanto para los trabajadores de la salud como para todos los pacientes que desesperadamente aguardan un gesto altruista y de responsabilidad de quienes nos representan. Y eviten, al mismo tiempo, la expansión de una crisis que, como se señaló, impactará en el conjunto de los prestadores y beneficiarios de salud de toda Mendoza”.

Pocos avances

Esta mañana hubo un encuentro entre las partes en conflicto, luego de que los dos encuentros de la mesa de diálogo no logarran demasiados frutos. Las notificaciones del gobierno para que se rincorporen a sus puestos no ha sido existosa, pese a la amenaza de que serán sancionados. La jueza María Paz Gallardo los citó para buscar una conciliación a una crisis que ha incrementado la lista de espera a unas 6.000 cirugías. El gran avance es que según informó Diario Uno, el Ministerio de Salud aceptó discutir la propuesta salarial.

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